DEMOCRACIAS INEFICACES

Jorge Montaño / El siglo de Torreón

La proliferación de mecanismos de consulta y concertación con que cuenta América Latina y el Caribe ocupa un lugar destacado por su volumen a nivel mundial. Lamentablemente, también se destaca por la ineficacia que ha estimulado el proceso reproductivo, sin mejorar su capacidad de respuesta. A pesar de que a la OEA se le reconoce como organismo cúpula, existe consenso de su ineficacia histórica y costosa burocracia, pagada por los Estados. Los países miembros nunca han emprendido un proceso serio de reforma, por la tenacidad e instinto de defensa del secretariado, que desarticula los afanes de modificación, en especial los que vulneren su statu quo. Ha faltado energía gubernamental y decisión para concluir un cambio profundo, capaz de superar resistencias de posibles afectados, incluyendo algunos Estados.

La opción fácil se ha buscado en fórmulas ad hoc e incluso subregionales con escasos resultados, salvo que se contribuye a la multiplicación de funcionarios internacionales, cargas financieras a los países y reuniones protocolares de jefes de Estado, que acaban impacientados por la esterilidad del cumbrismo. Los temas políticos, económicos, la lucha contra el crimen organizado, no han logrado convocar estrategias que aporten soluciones. En extremo, la intentona de golpe de Estado en Venezuela, o los gobiernos de facto en Honduras y Paraguay, confirman la inutilidad del órgano cúpula y de los mecanismos subregionales.

Los esfuerzos en las últimas dos décadas por consolidar las democracias en el continente, se han quedado en buenos deseos. El desencuentro del presidente Lugo con el Congreso de Paraguay se explica por su decisión de enfrentar a una oligarquía terrateniente, que no pudo impedir su elección por el voto popular. Perdieron momentáneamente el control del país, enfrentando los intentos de consolidar una reforma agraria equilibrada. La solución fue el desafuero del mandatario y ascenso de un suplente anuente a respetar el tradicional statu quo. Unasur, Mercosur y OEA no lograron concitar medidas eficaces para reponer la transgresión constitucional, que no es otra cosa que un golpe de Estado. La ineficacia de la diplomacia ha condonado la arbitrariedad, ante la ausencia de medidas y sanciones coercitivas, capaces restablecer el Estado de Derecho. La desalentadora incapacidad confirma la necesidad urgente de crear mecanismos efectivos para preservar la vigencia de la democracia.

Este vacío estimula la impunidad con que opera el crimen organizado. Los países productores y consumidores atropellan el orden en las regiones de tránsito, que en pocos años han perdido la fuerza de sus instituciones y, lo que es peor, la fuerza del Estado para enfrentar a los cárteles. El origen de la cadena se gesta en la tolerancia libertina de autoridades que se niegan a reflexionar sin prejuicios, en fórmulas alternativas para enfrentar los desafíos de nuestros días. Los reclamos de los jefes de Estado centroamericanos en Cartagena no se han recogido en las agendas de los organismos multilaterales, permitiendo que se pierda el momentum creado por la indefensión de los gobiernos. Esta es otra táctica privilegiada, por quienes objetan el cambio, prefiriendo convivir con el asedio del crimen organizado. Lo cierto es que los organismos mundiales también han aceptado el inmovilismo como fórmulade sobrevivencia.

La demanda argentina por Malvinas o el diferendo entre Nicaragua y Costa Rica se suman a los síntomas de que nuestras democracias carecen de la creatividad para enfrentar nuevos y ancestrales desafíos. Éstos no se resolverán por el paso del tiempo, sino que habrán de complicarse. Se debe romper el círculo vicioso del inmediatismo, creando mecanismos efectivos para solucionar crisis específicas. Defensa colectiva de la democracia, lucha contra la pobreza, cambio climático, medidas globales para enfrentar el crimen organizado o diferendos entre estados, deben merecer atención acorde con los tiempos que vivimos, dejando de lado la salida fácil de la simulación. Los nuevos gobiernos de Canadá y Estados Unidos deben recibir el reclamo y la invitación a participar en este esfuerzo.