Samuel
García / 24 Horas El Diario sin Límites
De
confirmar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los
resultados electorales que dio a conocer el IFE y, por lo tanto, la victoria de
Enrique Peña Nieto, el nuevo gobierno priista se enfrentará a su primer
gran desafío económico con las finanzas públicas del país.
Me
explico: Ha quedado ampliamente demostrada la fragilidad de los ingresos
fiscales y su sustentabilidad en el mediano plazo, cuestión agravada por una
coyuntura externa volátil y con una fuerte tendencia al estancamiento de las
economías.
Con este
marco de ingresos fiscales será prácticamente imposible que el nuevo gobierno
impulse cualquier cambio sustancial al régimen fiscal y de inversión energética
o, menos aún, que intente financiar un nuevo modelo de protección social como
lo planteó Peña Nieto durante la campaña electoral.
El nuevo
gobierno requerirá de una gran cantidad de recursos fiscales adicionales para
impulsar estos y otros proyectos de reformas estructurales y de inversiones
sectoriales a los que se comprometió y que, hoy por hoy, no están contemplados
en los borradores del Presupuesto de Egresos para 2013 que elabora la
Secretaría de Hacienda.
Claro que
en todo esto hay que decir que los ingresos tributarios tienen graves
deficiencias a corregir que, por ejemplo, se traduce en que México se encuentra
en el último lugar de las economías de la OCDE en ingresos tributarios respecto
del PIB y en el continente sólo supera a Haití.
Por ello
es casi inevitable que el nuevo gobierno proponga incrementos al IVA junto con la
cancelación de las reducciones anuales a las tasas de ISR aprobadas en la
legislatura pasada. Pero de esos temas nos ocuparemos después.
La otra
vertiente para obtener recursos, aunque con fuertes restricciones económicas y
políticas, es la del gasto público. Ayer el Consejo Coordinador Empresarial,
vía el boletín semanal del CEESP, sugirió una “reingeniería del gasto” para
“revisar todos aquellos programas con alto grado de regresividad y la
cancelación de otros que no tienen rentabilidad social probada”.
Es
evidente que hay muchos recursos fiscales “por recuperar” en el presupuesto
público que se dilapidan en ineficiencias, incompetencias o simple corrupción.
Un estudio elaborado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias menciona,
entre otros aspectos, “la tendencia creciente en algunos rubros del gasto
corriente que podrían provocar una crisis fiscal”.
Pero
podríamos agregar otros más como los recursos fiscales que se destinan a
proyectos sin una adecuada planeación y presupuestación, o los millonarios
recursos que van a subsidios generalizados como a los energéticos; o las
transferencias de recursos federales a los estados -como el FAEB- cuya opacidad
en su manejo -entre gobernadores y gremio sindical- ha sido públicamente
denunciada.
Sin
embargo, como el propio CEESP lo apunta: “El trabajo será difícil para el
equipo de transición”. Y seguramente que no lo será por las sumas y restas
pendientes para llevar a cabo la “reingeniería del gasto”, sino porque hacerlo
implicará, inevitablemente, afectar poderosos intereses de sindicatos y gremios
empresariales aliados, de grupos de interés al interior del PRI, y de partidos
políticos que requiere para transitar el Congreso.
Por eso
la “reingeniería del gasto” aún es una quimera.
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