Salvador
García Soto / 24 Horas
El Diario sin Límites
La propuesta de un
interinato en la Presidencia, que inopinadamente lanzó Andrés Manuel López
Obrador, es más una medida de presión del tabasqueño que eleva así el tono de
su estrategia política y mediática, que un tema que realmente flote en el
ambiente o en los escenarios posibles del fallo del Tribunal Electoral que
calificará las elecciones del 1 de julio.
Aunque el tema no
es nuevo en la rumorología política mexicana y ya no causa el mismo impacto que
en el pasado reciente, cuando hablar de una sustitución presidencial o de un
interinato era casi invocar un tabú, porque ni la Constitución ni las leyes
establecían claramente qué pasaba en caso de ausencia permanente del presidente
o de que éste tuviera que ser sustituido por causa mayor, de cualquier modo
hablar de un “presidente interino” sigue incomodando a muchos y desata condenas
como “la ruptura del orden institucional”.
En realidad,
Andrés Manuel no tiene aún los elementos para plantear un interinato, porque no
hay aún un fallo de los magistrados del Tribunal a sus juicios de
inconformidad, y por más que sus denuncias de un presunto lavado de dinero
hayan permeado en la opinión pública y que varias investigaciones periodísticas
confirmen que sí hubo una sospechosa triangulación de recursos de origen
incierto en la campaña del PRI, eso no configura aún un delito probado y mucho
menos juzgado y menos una causal de nulidad confirmada por las instancias
judiciales correspondientes.
Se trata más bien
de meter ruido, estridencia al debate postelectoral que sube de tono y que
vuelve a exhibir la existencia de dinero de dudosa procedencia y en cantidades
ofensivas e ilegales en la elección presidencial. AMLO sabe que la palabra “interinato”
saca de quicio a los institucionales priistas y trata de provocarlos al
invocarla.
Muy distinto
ocurrió la última vez que se había hablado de un presidente interino para el
país, a inicios de agosto del 2006 cuando, en pleno conflicto postelectoral por
los comicios de aquel año, un grupo de empresarios de alto nivel, encabezados
por el millonario Carlos Slim, trazó un plan político para designar a un
mandatario interino y acabar así con el polarizado conflicto que había llenado
de encono a la sociedad por la disputa entre López Obrador y Felipe Calderón.
Slim avanzó tanto
su plan que hasta tenía el nombre de quien debía ocupar la Presidencia mientras
se convocaba a nuevas elecciones: el rector de la UNAM, Juan Ramón de la
Fuente, que llegó a ser enterado del plan que finalmente se frustró para
cancelar la presidencia de Calderón y acabar con las protestas de López
Obrador.
Hoy, aunque la
estrategia pudiera ser parecida, las condiciones son distintas. En principio no
hay una diferencia tan apretada como aquel 0.56% de la votación -250 mil votos-
que aunado a la negativa de recontar todos los votos y abrir los paquetes
electorales había alimentado las denuncias y sospechas de un fraude. La
diferencia esta vez supera los tres millones de votos y los votos fueron todos
recontados.
Las denuncias
ahora contra el PRI y Peña Nieto tienen que ver con el uso y origen del dinero
y la compra de votos que acusa López Obrador, pero por más que se estén
reuniendo evidencias y pruebas de una triangulación de recursos, del uso de
dinero sin un origen claro para pagar a votantes, no hay aún certeza de que
esas vayan a ser consideradas como causales de nulidad o invalidez por parte
del Tribunal Electoral. Así que el interinato parece en este momento más un
fantasma para espantar que una probabilidad real.
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