Ocho contratos firmados entre la Sedena y una
empresa estadunidense provocan intensas auditorías de las dos instituciones
fiscalizadoras en México: la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría
Superior de la Federación, las cuales incluso trasladaron a sus titulares a las
oficinas castrenses para encabezar las revisiones. La propia Secretaría de la
Defensa Nacional inició una investigación, a través de su Inspección y
Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea. Los productos y servicios
adquiridos son para uso de las secciones Segunda y Séptima del Estado Mayor, y
se utilizarían para espiar y contener los movimientos armados y desarticular
los cárteles del narcotráfico. La disputa por la sucesión al interior de las
Fuerzas Armadas deja al descubierto las capacidades tecnológicas adquiridas por
la inteligencia militar en los últimos dos años de gobierno de Felipe Calderón.
Una nueva indagatoria ahora inicia la Policía Militar: busca descubrir quiénes filtraron
los documentos
Liga de Economistas en el Estado de Veracruz
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