Francisco Rueda Sagaseta / elEconomista.es
El
Gobierno ha adoptado un paquete de medidas dirigidas a controlar el déficit en
65.000 millones de euros. Entre ellas, la primera reforma en casi veinte años
del sistema de protección por desempleo, si exceptuamos el programa Prepara,
que prorrogaba seis meses el subsidio de 426 euros. Ahora, para los nuevos
parados a partir del sexto mes, la prestación no se calculará sobre el 60% de
la base reguladora, sino sobre el 50%. No ha sorprendido demasiado una
reducción en las prestaciones; se había hablado de un recorte en el periodo
máximo de cobertura, de un endurecimiento en las condiciones de acceso e
incluso de bajar la cuantía de la prestación inicial. Estas medidas hubieran
tenido un impacto social y político probablemente mucho más grave y, al menos algunas
de ellas, puede que no hubieran generado ahorros relevantes. Pero lo que sí ha
llamado la atención ha sido la justificación del presidente, al aludir al
efecto desincentivador de prestaciones demasiado generosas y al estímulo que
para la búsqueda de empleo supone esta bajada.
Según la
última EPA, en España hay 3,4 millones de parados que han perdido su empleo y
llevan seis meses o más buscando uno nuevo; de ellos casi la mitad (1,2
millones) son mayores de 45 años y, lo que es peor, más de 2 millones no tienen
siquiera la educación secundaria obligatoria. Así que este recorte se
concentrará en parados mayores y en personas con muy baja cualificación;
muchos, además, procedentes de sectores que han colapsado, como el de la
construcción, que se ha llevado por delante más de millón y medio de empleos
durante la crisis. Con una tasa de paro del 24,4% y una economía en recesión,
que ha destruido más de setecientos mil empleos sólo en los últimos seis meses,
conseguir un puesto de trabajo hoy en España no es una tarea fácil, y mucho
menos para estas personas. Sobre todo si al mismo tiempo las comunidades
autónomas reducen las políticas activas de empleo casi un 60%, si se va a
despedir a 3.000 orientadores y promotores de las oficinas de empleo y si,
según el propio presidente, se va a eliminar buena parte de las bonificaciones
a la contratación.
Si de
verdad queremos activar a los desempleados, no basta reducir la protección a
los más débiles, hay que ayudarles a encontrar un empleo. Porque si reducimos
prestaciones y a la vez las políticas activas de empleo puede que lo único que
logremos sea cebar la máquina de la economía sumergida. Hay que poner en marcha
una gran iniciativa de apoyo y acompañamiento a miles de desempleados para que
puedan encontrar un empleo, lo mejor posible, lo antes posible.
Para eso
el Gobierno cuenta con un recurso muy poderoso, el sector privado, que puede
aportar tecnología, metodología y redes muy extensas de trabajo con las
empresas. Estoy convencido de que todas o casi todas las agencias de colocación
de España darían un paso al frente para ponerse a disposición de los
desempleados y del Gobierno, que no debe verlas como un gasto más que ahora no
puede afrontar, sino como colaboradores que le pueden ayudar a revertir la
situación. La apertura de un mercado competitivo de colocación cambiará de raíz
la dinámica del desempleo en España, transformaría la lógica de empresas,
desempleados y servicios públicos. Y además -aunque esto sea secundario no es
despreciable- alumbraría y consolidaría un sector empresarial nuevo, dinámico,
capaz de crear empleo por sí mismo, de cumplir una urgente función social en
España y de competir eficazmente en el exterior.
Francisco
Rueda Sagaseta, director de Formación para el Empleo de Élogos
No hay comentarios:
Publicar un comentario