MÉXICO, D.F. (apro).- A partir del 2020, la demanda de los servicios de salud y seguridad social se verá presionada por el aumento de la población en edad de trabajar y la cantidad de personas de la tercera edad, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Al dar a
conocer las estadísticas a propósito del Día Mundial de la Población,
el Instituto señaló que según las proyecciones de población, el punto de
inflexión entre la segunda y la tercera fase del llamado “bono
demográfico” se dará en 2020 cuando la relación de dependencia cambie su
tendencia y empiece a subir debido al aumento proporcional de las
personas mayores.
“En esta fase a las demandas de servicios de la
población en edad de trabajar se le sumarán aquellas que tienen que ver
con la de los adultos mayores, los cuales tendrán un peso importante en
la población total”, precisó el Inegi.
Según el organismo
presidido por Eduardo Sojo, el “bono demográfico” es el periodo durante
la transición demográfica en que la relación de dependencia disminuye,
es decir, que aumenta el peso de las personas en edades potencialmente
productivas respecto de aquellas que no lo son.
El bono
demográfico tiene tres fases. En la primera (bono 1) la relación de
dependencia disminuye, pero todavía se mantiene relativamente alta, por
encima de dos personas dependientes por cada tres en edades activas. En
la segunda fase (bono 2) alcanza niveles más favorables, por debajo de
dos personas dependientes para cada tres en edades activas, y sigue
bajando.
Según el organismo de estadística, a partir de 1970 la
razón de dependencia empieza a descender hasta colocarse en 62 personas
dependientes por cada 100 en edades activas en 2010, con lo que la
población mexicana se ubica en la segunda fase del bono demográfico.
Mientras
que en la tercera (bono 3), la relación de dependencia empieza a subir,
debido al aumento proporcional de las personas mayores, pero todavía se
mantiene en niveles favorables, por debajo de dos personas dependientes
por cada tres en edades activas.
En menos de 10 años, el país
estará en estas condiciones poblacionales. Sin embargo, el contexto no
es tan alentador ante la carente educación entre los jóvenes y el alto
desempleo en este sector de la población mexicana.
En este sentido, muchos de los jóvenes que residen en el país no asisten a la escuela:
Datos
del Censo 2010 señalan que 42.7% de los adolescentes de 15 a 19 años y
77.1% de los jóvenes de 20 a 24 años no van a la escuela, en tanto que
el nivel educativo de los jóvenes (15 a 29 años) muestra que 1.7% no
tienen escolaridad, 15.8% cuenta con al menos un grado aprobado de
primaria y 36.5% tiene al menos un año cursado de secundaria.
Sólo
28.5% cuenta con estudios a nivel medio superior y entre los jóvenes de
25 a 29 años, uno de cada cuatro (24.5%) cuenta con estudios a nivel
superior.
En términos de empleo, la situación no es muy prometedora.
Según
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), durante el segundo
trimestre de 2011 la tasa de participación económica de los jóvenes (15 a
29 años) fue de 54.1%, de éstos, 91.3% están ocupados.
En
contraste, 8.7% busca empleo y no lo encuentra. Esa tasa de desocupación
juvenil es casi el doble de la tasa de desempleo nacional equivalente
al 4.8%. “Entre los jóvenes que no encuentran empleo uno de cada ocho
declaró no tener experiencia laboral, lo que podría deberse a la falta
de oportunidades para adquirir esa experiencia combinada con la falta de
información adecuada sobre el mercado de trabajo”, precisó el Inegi.
Subrayó
que si el “bono demográfico” transita en condiciones económicas
desfavorables, sin crecimiento ni ahorro previos, la carga de la
población dependiente sobre el grupo productivo exigirá grandes
transferencias de recursos de las personas activas a las personas
mayores dependientes.
“Esto dará origen a una situación que puede
provocar no sólo conflictos intergeneracionales, sino también problemas
de solvencia que podrían poner en riesgo el financiamiento de sistemas
clave como los de salud y seguridad social”.
En otras palabras, si
no mejoran las condiciones laborales (tanto en cantidad como en
calidad), la precarización tendrá consecuencias sobre los sistemas de
seguridad social.
De hecho, el mismo Programa Nacional de
Población advierte que “los desafíos no sólo se restringen únicamente a
la cantidad de puestos de trabajo que requieren ser creados en los
próximos años, sino también aluden a la calidad de los mismos, lo que
implica el reto de generar un número cada vez mayor de empleos
productivos y satisfactoriamente remunerados; esto presupone, entre
otros aspectos, mejorar el grado de calificación y productividad del
capital humano”.
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