¿Por qué se debe guardar el secreto de devolución de créditos a las empresas y los particulares si todos cumplen con la ley?
Enrique Del Val Blanco / Excelsior
Una de las principales causas de la
irritación social que está ocurriendo en nuestro país, además de los
resultados electorales, es la terrible desigualdad que día con día crece
y poco se hace desde el Estado mexicano en su conjunto para reducirla.
Entre los temas más sensibles y que causan mayor enojo, se encuentran los famosos créditos fiscales que el gobierno hace a las personas físicas y morales, anulando y permitiéndoles recuperar, en muchos casos, dinero en cantidades multimillonarias a unos cuantos. El caso ha sido llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a raíz de una queja para que se hicieran públicos los nombres de los beneficiados con estos créditos hace cinco años y que llegaron a la cifra de más de 73 mil millones de pesos, a lo cual se oponía la Secretaría de Hacienda a través del Sistema de Administración Tributaria (SAT), aduciendo el secreto de información de contribuyentes.
La SCJN ha declarado constitucional el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación que ordena al SAT a no revelar los nombres. Han sido ocho ministros contra dos los que lo han avalado, uno se pregunta: ¿Por qué se debe guardar el secreto de devolución de créditos a las empresas y los particulares si todos cumplen con la ley? ¿Cuál es el daño en el caso de las empresas en que se afecta su privacidad si son entes jurídicos la mayoría sociedades anónimas y no personas?
La razón de fondo, creemos muchos, es que dichos recursos se concentran en unas cuantas manos haciendo que la desigualdad del ingreso se incremente y, por lo tanto, dar a conocer los nombres de las empresas o personas haría quedar muy mal parado al gobierno que lo permite.
Otro caso de enojo es la anunciada venta de la totalidad de las acciones que tenían los mexicanos en el Grupo Modelo, fundado en 1922, a la empresa belga Anheuser-Busch inBev. Con esta venta queda en manos de extranjeros casi la totalidad de las cervezas que se producen en el país; tan sólo quedan algunas cervezas regionales. Por esta venta recibirán los actuales dueños del grupo modelo la asombrosa cifra de 20 mil 100 millones de dólares, y como dicha adquisición se hará en el piso de remates de la bolsa mexicana de valores, estará exenta del impuesto sobre la renta cuya tasa oscilaría entre 28 y 30 por ciento. Es decir, el gobierno y sus arcas dejarán de percibir alrededor de 70 mil millones de pesos. Así de sencillo.
Esta venta recuerda a las que se hicieron con la privatización de los bancos, donde, en el caso de Banamex y Bancomer, las operaciones en conjunto fueron por casi 17 mil millones de dólares y tampoco causaron ningún impuesto, sólo causaron unos cuantos multimillonarios más.
¿Por qué no se hace nada en este tipo de operaciones donde es muy claro que los beneficios se concentran en unas cuantas manos que de por sí ya son millonarias?
¿Por qué el gobierno o los diputados no promueven alguna disposición legal para que también estas operaciones paguen impuestos como lo hacen el resto de empresas y ciudadanos en el país?
Todavía se está a tiempo de poder obtener algo de ésta, que sin duda es la mayor privatización por su monto en México, ya que según se ha informado se va a formalizar en el mes de marzo del próximo año, y es tal la cantidad de dinero que van a recibir, que sería muy poco lo que se les quitaría para beneficio de millones de mexicanos, que no entienden cómo se puede acumular tal tamaño de riquezas en un país donde la mitad de la población es pobre y la clase media cada día se proletariza más.
Las anteriores son también causas de irritación, como decíamos al principio, y está en manos de los que gobiernan en los tres poderes hacer algo para que el encono por la riqueza obtenida por unos cientos se canalice por las vías legales antes de que sea demasiado tarde.
Como si fuera nota chusca, se ha conocido por los medios que el señor Valentín Diez Morodo, uno de los principales socios, ha terminado un libro que pronto se pondrá en circulación con el nombre de Corona, la cerveza mexicana que conquistó al mundo.
Entre los temas más sensibles y que causan mayor enojo, se encuentran los famosos créditos fiscales que el gobierno hace a las personas físicas y morales, anulando y permitiéndoles recuperar, en muchos casos, dinero en cantidades multimillonarias a unos cuantos. El caso ha sido llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a raíz de una queja para que se hicieran públicos los nombres de los beneficiados con estos créditos hace cinco años y que llegaron a la cifra de más de 73 mil millones de pesos, a lo cual se oponía la Secretaría de Hacienda a través del Sistema de Administración Tributaria (SAT), aduciendo el secreto de información de contribuyentes.
La SCJN ha declarado constitucional el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación que ordena al SAT a no revelar los nombres. Han sido ocho ministros contra dos los que lo han avalado, uno se pregunta: ¿Por qué se debe guardar el secreto de devolución de créditos a las empresas y los particulares si todos cumplen con la ley? ¿Cuál es el daño en el caso de las empresas en que se afecta su privacidad si son entes jurídicos la mayoría sociedades anónimas y no personas?
La razón de fondo, creemos muchos, es que dichos recursos se concentran en unas cuantas manos haciendo que la desigualdad del ingreso se incremente y, por lo tanto, dar a conocer los nombres de las empresas o personas haría quedar muy mal parado al gobierno que lo permite.
Otro caso de enojo es la anunciada venta de la totalidad de las acciones que tenían los mexicanos en el Grupo Modelo, fundado en 1922, a la empresa belga Anheuser-Busch inBev. Con esta venta queda en manos de extranjeros casi la totalidad de las cervezas que se producen en el país; tan sólo quedan algunas cervezas regionales. Por esta venta recibirán los actuales dueños del grupo modelo la asombrosa cifra de 20 mil 100 millones de dólares, y como dicha adquisición se hará en el piso de remates de la bolsa mexicana de valores, estará exenta del impuesto sobre la renta cuya tasa oscilaría entre 28 y 30 por ciento. Es decir, el gobierno y sus arcas dejarán de percibir alrededor de 70 mil millones de pesos. Así de sencillo.
Esta venta recuerda a las que se hicieron con la privatización de los bancos, donde, en el caso de Banamex y Bancomer, las operaciones en conjunto fueron por casi 17 mil millones de dólares y tampoco causaron ningún impuesto, sólo causaron unos cuantos multimillonarios más.
¿Por qué no se hace nada en este tipo de operaciones donde es muy claro que los beneficios se concentran en unas cuantas manos que de por sí ya son millonarias?
¿Por qué el gobierno o los diputados no promueven alguna disposición legal para que también estas operaciones paguen impuestos como lo hacen el resto de empresas y ciudadanos en el país?
Todavía se está a tiempo de poder obtener algo de ésta, que sin duda es la mayor privatización por su monto en México, ya que según se ha informado se va a formalizar en el mes de marzo del próximo año, y es tal la cantidad de dinero que van a recibir, que sería muy poco lo que se les quitaría para beneficio de millones de mexicanos, que no entienden cómo se puede acumular tal tamaño de riquezas en un país donde la mitad de la población es pobre y la clase media cada día se proletariza más.
Las anteriores son también causas de irritación, como decíamos al principio, y está en manos de los que gobiernan en los tres poderes hacer algo para que el encono por la riqueza obtenida por unos cientos se canalice por las vías legales antes de que sea demasiado tarde.
Como si fuera nota chusca, se ha conocido por los medios que el señor Valentín Diez Morodo, uno de los principales socios, ha terminado un libro que pronto se pondrá en circulación con el nombre de Corona, la cerveza mexicana que conquistó al mundo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario