Mauricio Jalife / El Financiero
El
primer punto que se debe subrayar es la condición impostergable del
empleo de los recursos de la propiedad intelectual como generador de
crecimiento económico y desarrollo. Casos como los de Alemania, Estados
Unidos, Japón, Corea y China así lo demuestran. En el caso de México,
una adecuada definición de políticas públicas y la reforma legal
esperada, soportadas por fondos públicos y una decidida participación
del sector empresarial, podrían colaborar a dar el salto de calidad que
nuestro país ha estado buscando por varias décadas.
De
cuantas situaciones requieren definiciones, desde mi punto de vista, dos
ya no admiten demora, y por su importancia destacan de las restantes.
La primera es la creación de un esquema real de lucha contra la
piratería, que conjunte modificaciones en los tres niveles. Por parte
del Legislativo se demandan cambios urgentes y de fondo, que constituyan
una verdadera reingeniería de todo el aparato represor. En este tema es
necesario reinventar el sistema, porque lo existente es una suma de
reformas improvisadas e inacabadas, que han deformado el de suyo
ineficiente esquema para convertirlo en una intrincada madeja de
lagunas, con evidentes contradicciones internas.
Por parte
del Poder Judicial la menor aspiración que se puede tener es que sus
criterios en la materia sean consistentes y arrojen luz a través de
sentencias que toquen el fondo de los asuntos. De parte del Ejecutivo la
labor no es, ni con mucho, menos relevante. En este renglón se requiere
lograr un objetivo aparentemente inalcanzable en este país, que es la
coordinación entre los diferentes órganos de gobierno que se vinculan
con el fenómeno de la economía informal, y que los niveles de piratería,
por vía de acciones concretas preventivas y de aplicación de la ley,
disminuyan sensible y rápidamente.
La razón de ubicar la
lucha contra la piratería como prioridad número uno obedece a la simple
tesis de que, más allá de aspectos técnicos, en pocas áreas la
regulación de la propiedad intelectual está tan asociada con el futuro
del país. No hace falta insistir en todas las implicaciones que este
fenómeno propicia en la enfermedad económica y cultural de las
sociedades contemporáneas.
El segundo gran rubro se
orienta a la creación de la verdadera cadena de valor en materia de
innovación, no sólo facilitando y apoyando la vinculación de centros de
investigación, industria y gobierno, sino a través de la creación de los
indispensables centros, en todo el país, para orientar a las empresas y
los investigadores en qué inventar, como y para qué. La mayor parte de
los empresarios desconoce los beneficios de la innovación, y desde luego
las vías para acceder a innovación económicamente valiosa.
Los
demás temas incrustados en la agenda cada vez cobran mayor notoriedad.
Entre otros, las ya necesarias reformas a las leyes de Propiedad
Industrial y Derechos de Autor, la conformación de una iniciativa para
leyes tan necesarias como la de competencia desleal, protección de
indicaciones geográficas, expresiones del folclor y conocimiento
tradicional.
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