Alberto Barranco / El
Universal
Empresa
A la usanza de las tiendas que
ofrecen liquidación de saldos por cierre de cortinas, el gobierno está armando
la subasta de nueve ingenios que pertenecían al Grupo Azucarero Escorpión al
cinco para las 12 del final del sexenio, en una acción que convoca al
sospechosismo.
La maniobra en la temporada en que
deben prepararse los libros blancos para la entrega de las dependencias,
pareciera desesperada dado que no hay certeza aún de que la Secretaría de
Agricultura tenga los hilos de la propiedad en las manos.
Está pendiente aún un litigio
promovido por el ex presidente de la firma expropiada al amanecer del sexenio
foxista, Enrique Molina Sobrino, que plantea la revocación del Decreto.
Más aún, está en el aire
transparentar operaciones dudosas realizadas por el gobierno vía el Fideicomiso
de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero, la instancia que administró las
unidades expropiadas.
Y si le seguimos, aún no hay certeza
de la utilidad pública de la medida, en un escenario en que de los cuatro
grupos expropiados tres lograron la reversa al comprobarse la inconsistencia de
los argumentos esgrimidos por la autoridad.
El golpe de fuerza al amanecer del
gobierno foxista, como recordará usted, involucraba, además de Escorpión, al
grupo Santos de Alberto Santos De Hoyos; al Machado de Teresita Machado y al
México de Juan Gallardo Thurlow.
En total estamos hablando de 27
ingenios que representaban a 50% de la producción de azúcar en el país.
El argumento en justificación de la
acción a la que se opuso, aunque finalmente estampó su firma, el entonces
secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, apuntaba a las deudas acumuladas
por éstos ante diversas instancias públicas, colocado el énfasis en el
Consorcio Azucarero Escorpión, conocido como Caze.
La acumulación de éstos, en paralelo
a la falta de pago a los cañeros, provocaba conflictos interminables en la fase
previa a la zafra de cada año, marchas y plantones al calce en la capital del
país de los trabajadores del machete.
La defensa de Caze resultó la más
endeble, dado la persecución contra su dueño por supuesta evasión fiscal.
El caso es que la constante en todos
los casos en que se revirtió el Decreto Expropiatorio fue el entablar nuevos
litigios por falta de claridad en las cuentas. El gobierno vendió las
existencias de azúcar en bodegas sin sumar las ganancias al saldo final.
El caso más espectacular se planteó
bajo la presunción de fraude por la Almacenadora México propiedad de Raúl Ruiz
De Velasco y Villafaña, involucrándose a 31 mil toneladas métricas.
La querella hablaba de que el
Fideicomiso de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero dispuso indebidamente
del dulce.
La firma había expedido Certificados
de Depósito con aval del azúcar en bodegas del Consorcio Azucarero Escorpión,
cuyos recursos se utilizaron para cubrir adeudos a los cañeros, lo que permitió
el inicio de la zafra 2001-2002.
El caso es que la promesa de
depositar el azúcar producida en los ingenios Impulsora de la Cuenca del
Papaloapan, Emiliano Zapata y Atencingo, nunca se cumplió.
El fideicomiso de la discordia, pues,
tomó los recursos pero no los pagó al pignorante, el cual debió entablar un
largo litigio que trascendió del sexenio foxista. Pero, como decíamos, no es el
único caso.
Al grupo Santos, tras revertirse su
expropiación, se le entregaron existencias de caja por sólo 78 millones de
pesos, apenas algo más de la vigésima parte del valor del dulce almacenado en
sus bodegas en la fase previa al acto de fuerza.
Y no le seguimos por falta de
espacio.
Se diría, pues, que la medida ideada
desde la Secretaría de Agricultura y avalada por la de Economía que encabezaba
Luis Ernesto Derbez, para cobrar a "lo chino" los adeudos de
Escorpión; para "castigar" al Grupo México por haberse subido al
último camión de la extinta Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos en agravio
del Banco Nacional de Comercio Exterior, y para decirle al Grupo Santos que
hizo mal en venderle su empresa productora de galletas Gamesa a Pepsico, en
pleno régimen Coca Cola, le dio pauta a la rapiña.
¿Cerramos el expediente vendiendo, al
margen de litigios pendientes, los nueve ingenios de Enrique Molina Sobrino?
¿Le cancelamos el paso a la justicia?
De ratificar el Senado de la
República la validez de la firma del gobierno al Acuerdo Comercial contra la
Falsificación conocido como ACTA por sus siglas en inglés, el escenario
reclamaría al menos la modificación de una docena de leyes.
De entrada, estaríamos hablando de la
Ley Federal de Telecomunicaciones para clarificar el ámbito
"digital"; de la legislación penal para justificar la supervisión a
las redes sociales sin que se considere injerencias indebidas de las
comunicaciones privadas; de la Ley Federal del Derecho de Autor…
Más allá, se reclamaría modificar el
Código Federal de Procedimientos Civiles y la legislación aduanera. Estamos
hablando, pues, de una revolución.
Como usted sabe, el gobierno se saltó
al Senado para firmar el documento en Japón, país fedatario del esquema.
SE ACHICA MODELO
Dueño durante varios años de la
mayoría de las acciones del negocio de cervecería del Grupo Modelo, finalmente
el grupo Diblo fue fusionado por la Dirección de Fábricas, en afán de
simplificar la tenencia accionaria en la fase previa a su venta a la firma
belga Anheuser-Busch InBev.
La operación, una de las exigencias
de la compradora, fue autorizada por mayoría en una asamblea general de socios.
En ésta se aceptó un megarrecorte de
personal, que según ello llegaría a 30%.
La mayoría aceptó la ratificación
como presidente honorario vitalicio de la empresa de Antonino Fernández.
Al cierre de la operación en el piso
de remates de la Bolsa Mexicana de Valores, Carlos Fernández le dejará la
presidencia del Consejo de Administración a Carlos Alves Brito, actual director
general de la firma compradora.
La vicepresidencia la ocupará Claus
Werner von Wobeser.
CIERRA CRISTALGLASS
En la fase previa a su cierre
definitivo, la filial en España del grupo Vitro, Cristalglass, acaba de recibir
el visto bueno de un juez para iniciar un concurso mercantil.
La idea es ubicar las vías para una
liquidación ordenada de la compañía que desde el 2009 enfrenta pérdidas ante la
debilidad del mercado europeo.
Las ventas de la firma representan el
4% del total del corporativo con sede en Monterrey. Se espera que aún con la
liquidación la subsidiaria le reditúe a Vitro una recuperación de entre 16 y 17
millones de dólares.
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