En su
discurso durante la presentación del estudio de la OCDE sobre políticas y
regulación de telecomunicaciones el pasado 30 de enero -que más que por su
contenido será recordado por el enfado público que provocó en el empresario Carlos
Slim- el secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez
Jácome, se refirió a diez acciones a poner en marcha durante el primer
semestre del año.
Una de
ellas, la quinta, decía a la letra “impulsar adecuaciones al marco legal en la
materia que generen mayores condiciones de competencia, detonen inversiones y
brinden mayor certeza jurídica a los participantes. Para ello, continuaremos
trabajando con el Congreso de la Unión a partir de iniciativas que ya están
siendo analizadas, en temas como la apertura al 100 por ciento en inversión
extranjera en telecomunicaciones, elevar el monto de sanciones para inhibir
acciones contrarias a la ley y dotar de mayor fuerza al órgano regulador,
entre otros. De ser necesario, presentaremos las iniciativas correspondientes”.
Acciones
como éstas deben subrayarse con carácter de urgente tanto en la agenda de los
funcionarios públicos involucrados como en la de los legisladores que tienen
que revisar, discutir y aprobar las propuestas que, como dijo el secretario,
tendrían que ser resueltas en este mismo semestre.
Pero hay
un asunto que debe ser enfatizado de forma particular y que francamente no sé
si está comprendido en aquella frase de Pérez Jácome de “dotar de mayor fuerza
al órgano regulador”. Y me refiero concretamente a hacer de la Comisión Federal
de Telecomunicaciones –y de paso del otro órgano regulador inmiscuido en estos
asuntos, la Comisión Federal de Competencia- un órgano colegiado.
A la luz
de la historia reciente se requiere no solo que el pleno de estos organismos
reguladores tenga la suficiente distancia de injerencias externas –incluidas
las del gobierno- que contaminan o corrompan sus resoluciones de carácter
técnico, sino también que cada uno de los comisionados de estos organismos
asuman tareas y responsabilidades asignadas al interior del Pleno a fin de
evitar concentraciones excesivas de atribuciones en el presidente-comisionado
de estos organismos, que pone en riesgo la reputación de los organismos.
Colegiar
a estas comisiones le daría mayor fuerza a los órganos reguladores alejándolos
del protagonismo personal y de las tentaciones naturales que acarrea la
concentración del poder, en un ámbito crucial para el futuro inmediato del
país.
SÍGALE LA PISTA…
Un buen
amigo y estupendo economista, quien prefiere no ser citado, me dice respecto al
asunto que ayer abordé aquí sobre el inusual incremento en la población
económicamente activa durante 2011 y que vale la pena citar: “Creo que también
hay un problema de calidad de la información ya que a partir del año pasado el
INEGI comenzó a usar los datos del censo de 2010 en lugar de las del conteo de
2005 y la diferencia entre ambos es de alrededor de 1.5 millones de
personas más”. El apunte es relevante por su importancia y sus
implicaciones por lo que sería pertinente que Eduardo Sojo y su equipo
de expertos en INEGI ofrezcan una explicación pormenorizada al respecto.
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