LAS REFORMAS QUE VIENEN

Arturo Alcalde Justiniani /I  - La Jornada

 

Josefina Vázquez Mota, de manera atrabancada, sin haber siquiera reflexionado sobre las causas del declive electoral de su partido, buscando convertirse en interlocutora, le exige al PRI aprobar de inmediato, en periodo extraordinario, la reforma laboral. Lo dijo el pasado 6 de julio: “Si el candidato del PRI de veras quiere realizar la reforma laboral, reitero lo que ofrecimos en el Congreso hace más de un año: acordemos una reforma que posibilite desde ya los contratos por hora…” (Reforma, 6 de julio). El tema fue repetido durante toda la campaña con un mensaje sustentado en verdades a medias, reclamando con razón un cambio de reglas en el mundo laboral, pero introduciendo diversas propuestas que nos llevarían a un escenario peor que el vigente. La propuesta de Josefina de aprobar esta reforma en las próximas semanas es, en primer lugar, tramposa, porque busca aprovechar una composición en el Congreso a punto de culminar el último día de agosto a sabiendas que no es ya representativa, sobre todo porque su fracción ocupa a partir del primero de septiembre una tercera posición; en segundo lugar, es provocadora porque en el contexto actual convocaría a una gran movilización en su contra al ser percibida como una maniobra, una especie de trabajo sucio de última hora. En tercer lugar parece ser ingenua por creer que el PRI necesita de sus votos, cuando todo indica que con sus aliados contará con los suficientes para lograrlo, incluso con mayor consenso; durante la campaña los propios priístas reconocieron que su iniciativa de ley laboral de marzo de 2011, formulada bajo la presión del Consejo Coordinador Empresarial y diametralmente distinta a la propuesta tres meses atrás, generó protestas aun en el seno de las vetustas e inmóviles organizaciones gremiales de su partido. Hay suficientes elementos para afirmar que una de las causas del fracaso panista en la pasada elección se deriva de sus posiciones en contra de los derechos laborales, lo cual no es cosa menor si tomamos en cuenta que la mayor parte de los votantes son trabajadores o trabajadoras. Sería valioso para los panistas estudiar la imagen que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tuvo durante su desempeño, su posición frente a las demandas obreras, la defensa del duro tope salarial, la parcialidad en la administración de la justicia o de las maniobras patronales, los golpes a grupos específicos y su alianza con grupos empresariales, y en el tema legislativo sus iniciativas de reforma laboral, con elementos más duros que la conocida propuesta Abascal,presentada en el sexenio anterior. Para muchos trabajadores quedó claro que la nueva iniciativa buscaba destruir el carácter social y protector de la ley, así como la estabilidad en el empleo, con aspectos como la subcontratación indiscriminada y la contratación por horas, o la ocurrencia de topar los salarios caídos a seis meses en los juicios laborales, que duran cinco años promedio, en lugar de plantear que los juicios sean expeditos, sobre todo cuando la tardanza es responsabilidad de la administración pública. Lo peor del asunto es que esta iniciativa ni siquiera proviene de los legisladores panistas ni de su comité nacional. No existe diagnóstico que la fundamente, sino que se argumenta con base en generalidades, limitándose a afirmar que es necesaria para mejorar la competitividad y generar un salto automático en los índices internacionales. Los especialistas en la materia, en múltiples foros a los que evitan asistir los legisladores panistas, se preguntan: ¿de dónde sacan esas conclusiones? ¿Dónde están los estudios que fundamentarían cualquier iniciativa de ley? Cuando se ha solicitado a los legisladores del PAN justificar sus propuestas se pasan la bolita unos a otros, señalando que no son especialistas en el tema, y al final reconocen que tuvo su origen en una propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y, profundizando en el caso, se aclara que los verdaderos autores fueron un grupo de abogados de la Coparmex, que tuvieron el tino de esconder la mano embaucando al PAN en esta aventura; por cierto los mismos abogados que quisieron también embarcar al PRI, en marzo de 2011. Si entramos en detalle, las cosas se aclaran: basta imaginarnos que se aceptara la propuesta panista y se integrara en la ley la contratación por horas, considerando los salarios mínimos que rigen en nuestro país, donde la mayoría de la población se ubica con menos de tres. Partiendo, por ejemplo, de un salario de $150.00 diarios, la hora se pagaría a $18.75. Imagínese estar sometido al capricho del patrón: mañana trabajas tres horas, te pago 56.25 pesos, pasado mañana 10 horas, te pago 187.50 pesos, y al día siguiente no necesito de tus servicios. Cuando se ha exigido a los panistas una explicación de la propuesta manifiestan muy orgullosos que así opera en los países desarrollados; suelen poner de ejemplo a la Volkswagen de Alemania (donde el salario es 20 veces mayor), como si ese referente fuese aplicable a la pequeñas y la medianas empresas mexicanas, lugares en los cuales se instrumentaría con mayor crueldad esta regla y donde se encuentran la mayoría de los trabajadores. Josefina, insistente promotora de la contratación por horas, debería saber que la actual ley laboral ya establece el pago por hora, basta leer el artículo 87 que señala que el salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera. ¿Qué se pretende entonces con la contratación por horas, si ya existe la posibilidad de realizar el pago de esta manera? La diferencia radica en que con la propuesta panista no se le pagaría a los trabajadores las partes proporcionales de sus prestaciones, tales como séptimos días, vacaciones o aguinaldo, y que la estabilidad laboral desaparecería, ya no existirían trabajadores por tiempo indeterminado, sino tan sólo contratos limitados a las horas convenidas. También se ha acreditado en múltiples espacios que en la práctica diversos sectores de trabajadores ya son remunerados bajo un sistema de horas trabajadas, tal es el caso de la industria aeronáutica y cinematográfica, entre otras; se trata de centros de trabajo con sindicatos reales que convienen con la empresa la distribución de la jornada de trabajo por las características de sus actividades. El problema es que Josefina no escucha, no entiende y no admite debatir el tema porque carece de fundamentos razonables. Esperemos que esta propuesta no avance y que se genere un mínimo debate público al respecto. En la próxima entrega analizaremos el tema de la seguridad social universal.