Arturo Alcalde Justiniani / La Jornada
De un día para otro, la empresa Calzado Sandak despidió a sus más de 300 trabajadores de la planta Calpulalpan, Tlaxcala. No hubo aviso previo ni justificación alguna, existe materia de trabajo y han ampliado su mercado. Al despedirlos, les informaba que ahora podrían laborar en sus domicilios o establecer una maquila; para ello les proporcionaría maquinaria y materia prima; eso sí, no tendrían salario fijo, pues ganarían según la producción; tampoco seguridad social, prestaciones ni sindicato. La conducta de esta empresa es representativa de la impunidad con la que se conducen las trasnacionales en nuestro país. Ignoran que, conforme a la ley, un cierre de esta naturaleza debe ser justificado ante la autoridad laboral a través de un conflicto colectivo de naturaleza económica; sin embargo, confían en que esta autoridad se convierta en su cómplice para abaratar el costo y las condiciones de trabajo, al crear una cadena productiva a domicilio, que consiste en encargar a ex empleados o a maquilas caseras distintas etapas del proceso, como costura y corte, recoger la producción, obteniendo así el producto terminado. Una auténtica cadena de explotación supuestamente superada por nuestra legislación social. Todo es una simulación: en realidad estamos regresando al pasado.
Sandak pertenece a la trasnacional Bata Internacional, cuyo origen se remonta a 1894 en Checoslovaquia. A principios de los años 40, traslada su centro de operaciones a Canadá. Actualmente se ostenta como la más grande productora de calzado del mundo, con operaciones en 70 países, en los cuales establece una planta matriz y centros de trabajo que califica de "satélites". Cuenta con 5 mil tiendas de distribución. En México inicia operaciones en julio de 1958, estableciendo distintas plantas y una amplia red de maquila a domicilio. Con el cierre en Calpulalpan pretende concentrar operaciones en una planta en Iztapalapa, Distrito Federal, y otra ubicada en Chalco, estado de México, con la denominación Coscorsa SA de CV; con esta razón social tiene registrada la maquinaria y el equipo para protegerse de cualquier conflicto laboral.
La estrategia productiva de Sandak está sustentada en la diversificación de centros de trabajo con sindicatos y contratos colectivos distintos, las prestaciones también son diferentes y las utilidades las fija en una sola unidad productiva; para el periodo 2009-2010 declaró que tenía mil 800 trabajadores.
El impulso para canalizar su producción por la vía de la maquila domiciliaria fue acelerada en los últimos cinco años con motivo de la llegada a México de un nuevo director general, Carlos Casanelo, quien desde un inicio manifestó que su misión era reducir el costo salarial al máximo; para ello diseño una política tendiente a destruir al combativo sindicato independiente en Calpulalpan. Poco a poco fue sustrayendo áreas productivas de la planta fomentando el establecimiento de maquilas y trabajo a domicilio, donde los trabajadores se ven obligados a laborar jornadas extenuantes, a integrar a la familia, incluyendo los menores, para lograr las cuotas productivas y un ingreso de sobrevivencia; al no tener seguro social, la atención médica y accidentes corren a su cargo. Los centros de trabajo están plenamente identificados: basta ir a las comunidades de Francisco Villa y San Felipe, Hidalgo, ambos en Tlaxcala, donde encontraremos las maquilas Olrafe, Angiemant, Candy, Sinaí, además de diversos domicilios particulares convertidos en pequeños talleres. A pesar de las denuncias, las autoridades federales y locales se han hecho de la vista gorda. La inspección laboral está siempre ausente.
Para limpiar su imagen, Bata Internacional presume un código de ética, su pertenencia a campañas en favor de la responsabilidad social empresarial, incluso cuenta con una fundación denominada Bata Children’s Program, que en nuestro país se reduce a distribuir algunas piezas de calzado en la delegación Iztapalapa y dar contribuciones al jardín de niños Cuauhtlahuac.
La política de desplazamiento a la maquila domiciliaria se agudizó la madrugada del 6 de diciembre de 2010, cuando la empresa redujo su planta de Calpulalpan a la mitad. El pasado 18 de julio dio el golpe final intentando sustraer toda la maquinaria de la empresa. El sindicato, con el apoyo de la comunidad en Calpulalpan, se lo impidieron. Hoy, los trabajadores se encuentran en plantón en las afueras de las instalaciones y crece el apoyo nacional e internacional a su reclamo de que sea reabierta por ser una importante fuente de empleo en esa zona.
Las autoridades de trabajo han hecho causa común con la empresa para desesperar a los trabajadores y forzarlos a aceptar las reducidas liquidaciones que les ofrecen mediante volantes y comunicados en la zona. La parcialidad de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tlaxcala y de su presidenta, Karina Edith Torres Vázquez, ha quedado evidenciada al rechazar en repetidas ocasiones todas las gestiones legales de los trabajadores. El primer emplazamiento de huelga con motivo de la suspensión laboral lo rechazó con el argumento de que no aparecían las firmas del comité en todas las hojas del documento; cuando éstas fueron recabadas, su explicación fue distinta, ahora relacionada con la toma de nota que a la propia junta le corresponde expedir. Indica que el comité ejecutivo no está debidamente integrado y que primero deben subsanar diversos aspectos estatutarios antes de dar trámite alguno a la gestión; eso sí, se ofrece como intermediaria para lograr la inmediata liquidación de los obreros.
Ante la complicidad de las autoridades locales de Tlaxcala, los trabajadores buscan solidaridad y exigen al gobernador Mariano González Zarur que intervenga, no para buscar liquidaciones, como pretenden Sandak y la presidenta de la junta, sino para preservar la fuente de trabajo y evitar que se amplíe la cadena de esta nueva forma de esclavitud que constituye la maquila a domicilio.
De un día para otro, la empresa Calzado Sandak despidió a sus más de 300 trabajadores de la planta Calpulalpan, Tlaxcala. No hubo aviso previo ni justificación alguna, existe materia de trabajo y han ampliado su mercado. Al despedirlos, les informaba que ahora podrían laborar en sus domicilios o establecer una maquila; para ello les proporcionaría maquinaria y materia prima; eso sí, no tendrían salario fijo, pues ganarían según la producción; tampoco seguridad social, prestaciones ni sindicato. La conducta de esta empresa es representativa de la impunidad con la que se conducen las trasnacionales en nuestro país. Ignoran que, conforme a la ley, un cierre de esta naturaleza debe ser justificado ante la autoridad laboral a través de un conflicto colectivo de naturaleza económica; sin embargo, confían en que esta autoridad se convierta en su cómplice para abaratar el costo y las condiciones de trabajo, al crear una cadena productiva a domicilio, que consiste en encargar a ex empleados o a maquilas caseras distintas etapas del proceso, como costura y corte, recoger la producción, obteniendo así el producto terminado. Una auténtica cadena de explotación supuestamente superada por nuestra legislación social. Todo es una simulación: en realidad estamos regresando al pasado.
Sandak pertenece a la trasnacional Bata Internacional, cuyo origen se remonta a 1894 en Checoslovaquia. A principios de los años 40, traslada su centro de operaciones a Canadá. Actualmente se ostenta como la más grande productora de calzado del mundo, con operaciones en 70 países, en los cuales establece una planta matriz y centros de trabajo que califica de "satélites". Cuenta con 5 mil tiendas de distribución. En México inicia operaciones en julio de 1958, estableciendo distintas plantas y una amplia red de maquila a domicilio. Con el cierre en Calpulalpan pretende concentrar operaciones en una planta en Iztapalapa, Distrito Federal, y otra ubicada en Chalco, estado de México, con la denominación Coscorsa SA de CV; con esta razón social tiene registrada la maquinaria y el equipo para protegerse de cualquier conflicto laboral.
La estrategia productiva de Sandak está sustentada en la diversificación de centros de trabajo con sindicatos y contratos colectivos distintos, las prestaciones también son diferentes y las utilidades las fija en una sola unidad productiva; para el periodo 2009-2010 declaró que tenía mil 800 trabajadores.
El impulso para canalizar su producción por la vía de la maquila domiciliaria fue acelerada en los últimos cinco años con motivo de la llegada a México de un nuevo director general, Carlos Casanelo, quien desde un inicio manifestó que su misión era reducir el costo salarial al máximo; para ello diseño una política tendiente a destruir al combativo sindicato independiente en Calpulalpan. Poco a poco fue sustrayendo áreas productivas de la planta fomentando el establecimiento de maquilas y trabajo a domicilio, donde los trabajadores se ven obligados a laborar jornadas extenuantes, a integrar a la familia, incluyendo los menores, para lograr las cuotas productivas y un ingreso de sobrevivencia; al no tener seguro social, la atención médica y accidentes corren a su cargo. Los centros de trabajo están plenamente identificados: basta ir a las comunidades de Francisco Villa y San Felipe, Hidalgo, ambos en Tlaxcala, donde encontraremos las maquilas Olrafe, Angiemant, Candy, Sinaí, además de diversos domicilios particulares convertidos en pequeños talleres. A pesar de las denuncias, las autoridades federales y locales se han hecho de la vista gorda. La inspección laboral está siempre ausente.
Para limpiar su imagen, Bata Internacional presume un código de ética, su pertenencia a campañas en favor de la responsabilidad social empresarial, incluso cuenta con una fundación denominada Bata Children’s Program, que en nuestro país se reduce a distribuir algunas piezas de calzado en la delegación Iztapalapa y dar contribuciones al jardín de niños Cuauhtlahuac.
La política de desplazamiento a la maquila domiciliaria se agudizó la madrugada del 6 de diciembre de 2010, cuando la empresa redujo su planta de Calpulalpan a la mitad. El pasado 18 de julio dio el golpe final intentando sustraer toda la maquinaria de la empresa. El sindicato, con el apoyo de la comunidad en Calpulalpan, se lo impidieron. Hoy, los trabajadores se encuentran en plantón en las afueras de las instalaciones y crece el apoyo nacional e internacional a su reclamo de que sea reabierta por ser una importante fuente de empleo en esa zona.
Las autoridades de trabajo han hecho causa común con la empresa para desesperar a los trabajadores y forzarlos a aceptar las reducidas liquidaciones que les ofrecen mediante volantes y comunicados en la zona. La parcialidad de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tlaxcala y de su presidenta, Karina Edith Torres Vázquez, ha quedado evidenciada al rechazar en repetidas ocasiones todas las gestiones legales de los trabajadores. El primer emplazamiento de huelga con motivo de la suspensión laboral lo rechazó con el argumento de que no aparecían las firmas del comité en todas las hojas del documento; cuando éstas fueron recabadas, su explicación fue distinta, ahora relacionada con la toma de nota que a la propia junta le corresponde expedir. Indica que el comité ejecutivo no está debidamente integrado y que primero deben subsanar diversos aspectos estatutarios antes de dar trámite alguno a la gestión; eso sí, se ofrece como intermediaria para lograr la inmediata liquidación de los obreros.
Ante la complicidad de las autoridades locales de Tlaxcala, los trabajadores buscan solidaridad y exigen al gobernador Mariano González Zarur que intervenga, no para buscar liquidaciones, como pretenden Sandak y la presidenta de la junta, sino para preservar la fuente de trabajo y evitar que se amplíe la cadena de esta nueva forma de esclavitud que constituye la maquila a domicilio.
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