JESUSA CERVANTES / PROCESO
Podría decirse que el ataque terrorista al Casino Royale de Monterrey estaba más que anunciado. Voces de la oposición advirtieron que los casinos eran un peligro: junto a ellos, señalaron, se desarrollan estructuras tipo mafioso que explotan la trata de blancas, el narcotráfico, el lavado de dinero y la violencia. Una legisladora perredista pidió a la PGR que investigara algunas casas de apuestas regiomontanas, pero la ignoraron. Y Manuel Bartlett, exsecretario de Gobernación, afirma que el gobierno federal es responsable de la proliferación de los casinos por “quitar el dique a la prohibición del juego”, con lo que puso en peligro “la seguridad del país”.
El gobierno emanado del PAN legalizó el juego, dejó de supervisar en los estados la operación de los casinos, provocó un crecimiento desbocado de las casas de apuestas –de 122 a 550 en una década– y “se coludió con poderosas organizaciones”, con lo que puso en peligro “la seguridad” del país. Una muestra de ello fue el ataque terrorista perpetrado contra el Casino Royale de Monterrey el jueves 25, con saldo de 52 muertos.
Hace menos de dos meses, en su edición 1810, Proceso dio cuenta de cómo imperan en los casinos de Monterrey la anarquía, los abusos y ciertas actividades ligadas al narcotráfico, como el lavado de dinero. Además, operan centros de apuestas ilegales –que según algunas organizaciones empresariales son poco más del doble de los legales–, las cuales dejan de pagar al Estado por concepto de impuestos al menos 2 mil millones de pesos anuales.
Concesionarios que pidieron el anonimato afirmaron a este semanario: “Vemos con gran preocupación que los establecimientos que operan de manera ilegal son caldo de cultivo para la participación del crimen organizado; existen datos que arrojan que dichos lugares son utilizados como pantallas en la red de estrategias para el lavado de dinero producto de actividades ilícitas”.
Igualmente mencionaban la corrupción gubernamental: “Es evidente que detrás de cada uno de los 185 casinos ilegales detectados existe la participación, por acción o por omisión, de funcionarios públicos desleales. Existe la fuerte presunción de que los casinos ilegales se utilizan para blanquear dinero producto del crimen organizado” (Proceso 1810).
El 17 de septiembre de 2004 el entonces presidente Vicente Fox emitió el decreto de Reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos, promovido por el entonces secretario de Gobernación Santiago Creel y respaldado por el titular de Hacienda del sexenio foxista, Francisco Gil Díaz.
La Cámara de Diputados interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 15 de octubre de 2004 por considerar que el reglamento violaba La Ley Federal de Juegos y Sorteos; finalmente los magistrados fallaron a favor del Ejecutivo.
De 1973 a 2000 –bajo gobiernos priistas– el país tenía 16 permisos que permitían establecer 301 centros de apuestas, aunque sólo operaban 122. Al fallar la Corte en pro del gobierno federal en 2005, Creel otorgó siete permisos para que se establecieran en el país 198 establecimientos; el 17 de marzo de ese año autorizó cinco más y el 29 de abril, en un solo día, avaló 193, se indica en el reporte de la comisión especial creada por la Cámara de Diputados para revisar la entrega de los nuevos permisos y que presidió el legislador federal priista Héctor Gutiérrez de la Garza.
Según la Asociación de Permisionarios de Juegos y Sorteos, a la fecha hay 26 concesionarios autorizados que han instalado en todo el país 550 casas de apuestas, aunque tienen permiso para abrir 840. La asociación no precisa si los que están en funciones son legales o ilegales.
De acuerdo con el estudio de uno de los permisionarios más poderosos –por su número de centros y sus redes políticas y quien pidió el anonimato por temor a represalias– en 2010 había 311 casinos en el país, de los cuales sólo 126 eran legales.
Sin dique, la inseguridad
Uno de los políticos que durante 12 años verificó que no se instalaran juegos de apuestas en el país, primero como director de Gobierno y luego como secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, acusa al gobierno federal panista de “quitar el dique a la prohibición del juego”, generar “la explosión” de casas de juego y poner en peligro “la seguridad del país”.
Recuerda que desde el presidente Lázaro Cárdenas el Estado mexicano consideró la instalación de los casinos un inconveniente para la salud social “porque traen la posibilidad de muchas cosas, como prostitución, trata de blancas, etcétera.
“La explosión y las consecuencias empiezan al abrir en 2005 un reglamento. El gobierno panista rompe, quita el dique que se puso en Gobernación. ¿Y por qué el tema está en Gobernación y no en Turismo? Porque es un tema delicado, por todo lo que implica: narcotráfico, trata de blancas, lavado de dinero, y pone en peligro la seguridad nacional”, sostiene.
–¿Los casinos ponen en peligro la seguridad del país?
–Todo lo que sea promover actividades riesgosas pone en peligro la seguridad. Por eso tienes una política que te dice: “Esto no conviene para la seguridad del país”.
El exgobernador de Puebla sostiene que el gobierno panista legalizó el juego a través de un reglamento que está por encima de la Ley de Juegos y Sorteos. “Fox siempre buscó pasar por encima de las leyes con la creación de reglamentos –como lo hizo con el de energía eléctrica, para permitir la entrada de trasnacionales a la producción de energía y someterse a intereses económicos–. La actitud de Fox siempre fue ligera en materia legal, como lo es también la de Calderón.
“Se empieza a resquebrajar la línea de defensa de ‘no al juego’ al salto panista de buscar la legalización del juego a través de un reglamento; es un cambio ético, político y económico. Es un cambio, ¡es el gobierno panista!”, acusa.
El exsecretario de Gobernación considera que ante el ataque al Casino Royale, no se puede considerar que el gobierno federal cayó en omisión, y los acusa de “colusión”.
“¡En estos hechos hay colusión, no hay omisión! Porque la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación es estar gobernando todo… y todo es todo. Es el instrumento de control del país, el control para la gobernabilidad. La gobernabilidad está en Gobernación, es el pivote. Por eso está ahí el dique de cerrar el paso a los casinos.”
Y amplía: “Si existe un mecanismo para que los presidentes municipales participen en el aval de los casinos, pues Gobernación tiene que intervenir; si los jueces federales están dando amparos, pues tiene que intervenir. Gobernación tiene la obligación de hacerlo permanentemente y no puede considerar por autonomía estatal o municipal que un juez o un presidente municipal dejen pasar la instalación de casinos que no tienen permiso. Eso es falso, la autonomía tiene límites”.
Advertencia ignorada
El pasado 2 de mayo, la diputada federal perredista Lizbeth García Coronado advirtió a las autoridades de Gobernación y de la Procuraduría General de la República las irregularidades que estaban ocurriendo con varios permisionarios, demandó una investigación y, en tanto se resolviera, la suspensión de actividades en los casinos.
Entre los permisionarios denunciados está Atracciones y Emociones Vallarta, operadora del Royale de Monterrey, que cuenta con un permiso desde 1992 pero a la que el gobierno de Calderón le autorizó –el 10 de junio de 2009– la instalación de otros 41 centros de apuestas.
Según la Asociación de Permisionarios de Juegos y Sorteos, en Nuevo León hay 57 casinos. Antes del reglamento propuesto por Creel tenía cinco (cuatro en Monterrey); con el exsecretario de Gobernación se instalaron 10 (dos en Monterrey) y a partir del sexenio de Calderón empezaron a operar otros 42.
Según el estudio de uno de los permisionarios que pidió el anonimato, en esa entidad operan en la ilegalidad 24 casinos; le sigue el Distrito Federal con 24 y luego Coahuila con 16.
En Nuevo León han sido justamente las administraciones locales panistas las que les han permitido validar el permiso nacional e instalar los casinos. Por ejemplo, Adalberto Madero, alcalde de Monterrey de 2006 a 2009, autorizó la instalación de 10, entre ellos el Royale entre cuyos propietarios hay tres parientes suyos: Rodrigo Madero Covarrubias y sus dos hijos José Francisco y Agustín Madero Dávila. Otro caso es el del exedil panista de San Nicolás de los Garza, Zeferino Salgado, quien autorizó dos, y la actual presidenta municipal de Guadalupe, Ivonne Álvarez, que ya autorizó tres.
Lizbeth García Coronado, quien advirtió de la ilegalidad, documentó que el Royale permitía juegos prohibidos, como naipes, ruleta y dados. Otros tres casinos propiedad de los Madero fueron denunciados: el Jubileé, el Crystal Palace y el Paradise.
Con este último se relaciona al secretario de acuerdos del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, Esiquio Martínez Hernández, quien entregó al Paradise un amparo, el 1276/2007, contra una visita de inspección y clausura y un día después recibió en su cuenta personal 500 mil pesos, según información no desmentida difundida por el periódico Reforma.
Además “este año la PGR incluyó en su indagatoria una llamada anónima donde se dice que los dueños del Paradise lavan dinero de la organización de Los Zetas”, reportó Reforma, el 4 de junio pasado, cuando dio a conocer parte del expediente contra el secretario del juzgado.
A éste se le detectaron varios depósitos por un total de 9.5 millones de pesos; provenían de 13 entidades y 12% era de Nuevo León. Entre los depositantes está el abogado Santiago Francisco Rosario, del Bufete Becerra Pocoroba, que fundó el actual diputado federal Mario Alberto Becerra Pocoroba, quien durante años fue encargado de las finanzas del Grupo CIE, que tiene permiso para operar 130 centros de apuestas y un hipódromo.
Además denunció que están en la ilegalidad el Folliati, Viva México!, New York, Miravalle Palace, Red, Club 209, Hollywood en Degollado, y Hollywood en la carretera nacional kilómetro 271, La Isla del Tesoro, Revolución, Poker Room y Windland.
Otra de las advertencias de la legisladora y denunciadas ante PGR fue la entrega de permiso de Gobernación a Entretenimiento Chihuahua para instalar 120 centros de apuestas. La diputada considera que ese permiso es apócrifo y revela que esa razón social no está en los registros de la Asociación de Permisionarios de Juegos y Sorteos.
Finalmente dio a conocer que la Secretaría de Gobernación, el 22 de marzo pasado, revalidó el permiso a Operadora Megasport para operar 31 centros de apuestas y un hipódromo, luego de que un juzgado federal demandó su activación, que la propia secretaría había suspendido por incumplimiento de requisitos.
A tres meses de la denuncia, Gobernación no ha respondido a la legisladora y la PGR no ha dicho si dio seguimiento a las denuncias.
¿Quiénes son?
Bartlett, quien acusa al gobierno de coludirse con “organizaciones” –prefiere no aclarar si se trata de organizaciones económicas o de narcotráfico– para el establecimiento de casinos, advierte que Gobernación “rompió el dique de contención a casinos” por razones poderosas.
“Cuando rompes los diques lo haces por razones poderosas; hay poderosas organizaciones y poderosos intereses.”
–¿Son organizaciones criminales o empresariales?
–No sé… bueno, si hay colusión con autoridades y organizaciones, pues ahí ya son ilegales ¿no?
El exsecretario considera que es tiempo de saber quién y para quién se realizó “toda esta urdimbre” de autorizar casinos; “se habla de muchos dueños, de personalidades… el gobierno supo que iba a haber esta explosión de casinos, pero hay que ver quién está detrás, qué organizaciones o individuos, y hay que checar si son empresariales o criminales”.
Durante el recorrido que Proceso hizo la primera semana de julio pasado en Monterrey por diversos casinos se habló también con autoridades de la delegación de Gobernación, quienes, pidiendo el anonimato, revelaron que desde el 18 de septiembre de 2009, cuando realizaron un operativo en un restaurante llamado La Costilla al momento en que se realizaban apuestas ilegales de más de 100 mil dólares, recibieron la orden de las oficinas centrales de no realizar más inspecciones.
La Costilla era propiedad de Rogelio Garza Cantú, también dueño del casino Revolución y quien fue ejecutado el 26 de junio de 2009.
Desde entonces la delegación de Gobernación en Monterrey no verifica que en los casinos se realicen apuestas ilegales.
Bartlett dijo que esta falta de verificación sólo puede obedecer a la “colusión” del gobierno.
–Con esta apertura a los casinos, ¿usted cree que el gobierno ignoraba los riesgos a los que exponía a la población, como lo ocurrido en el Royale?
–Creo que los autorizaron con plena conciencia. El rompimiento del dique, la decisión de Estado de permitir la existencia de lugares de juego con apuestas es deliberado rompimiento, es un cambio de política radical. Y una vez que existe el camino ilegal, irregular, y el fallo de la Corte que avaló el reglamento de Creel, pues con todo respeto le digo que no habían hecho una nueva ley y la que hay prohíbe esos lugares; por lo tanto el reglamento tampoco puede ser.
El reglamento no puede ir un milímetro más allá de la ley y si lo haces es romper abiertamente el estado de derecho, dice y agrega: “Hay un juego en Gobernación con este tema en donde algunos sí tienen permiso, otros no; donde hay jueces que dan amparos, ayuntamientos que permiten la instalación y no pasa nada. Tan no pasa que ya hay más de 700 casinos en todo el país en sólo una década de panismo. Eso también es una colusión de Gobernación y ahí está un efecto (refiriéndose al Royale).
Sostiene que el gobierno no se puede decir engañado de las consecuencias que traería abrir las puertas a los casinos pues desde siempre el PRI se opuso y dio sus razones: los casinos traen muchos problemas de inseguridad, drogas, etcétera.
“Estamos viendo las consecuencias de un mal gobierno de Fox y Calderón; me preguntas si habrán previsto lo que está pasando y sostengo que sí porque esos son los efectos de la autorización.”
–Calderón habló de terrorismo, ¿no abrió él las puertas a ello con sus actos?
–Son dos temas que se juntan: su guerra contra el narcotráfico, censurada por todos, es una guerra que genera problemas. Porque es terrorismo el cobro de piso que sucede en Ciudad Juárez, los coches bomba, y ahora incendian un casino. Eso fue un acto de terrorismo, espeluznante, deshumanizado; pero eso nos lleva al otro problema que son los casinos. Las casas de juego que operan en un estado que no respeta el derecho, porque la responsabilidad de la Secretaria de Gobernación es vigilar eso, entonces sí es terrorismo y entran (gobierno) en un pantano del que ya no salen. El tema de casinos te lleva a un fenómeno que está destruyendo al país: la ausencia de un estado de derecho.
–¿Lo ocurrido en el Casino Royale era predecible?
–Siempre.
Y concluye: “Hay un estudio que dice que uno de los riesgos de un país, de su seguridad, es el mal gobierno”.
El Sistema de Administración Tributaria anunció la noche del viernes 26 que realiza 11 auditorías a casinos en Nuevo León: nueve en Monterrey (uno de ellos es el Hollywood), una en Apodaca (el Abu Dhabi) y otra en San Pedro, donde sólo opera el Alegro, propiedad de Entretenimiento Vallarta, empresa dueña del Royale.
Podría decirse que el ataque terrorista al Casino Royale de Monterrey estaba más que anunciado. Voces de la oposición advirtieron que los casinos eran un peligro: junto a ellos, señalaron, se desarrollan estructuras tipo mafioso que explotan la trata de blancas, el narcotráfico, el lavado de dinero y la violencia. Una legisladora perredista pidió a la PGR que investigara algunas casas de apuestas regiomontanas, pero la ignoraron. Y Manuel Bartlett, exsecretario de Gobernación, afirma que el gobierno federal es responsable de la proliferación de los casinos por “quitar el dique a la prohibición del juego”, con lo que puso en peligro “la seguridad del país”.
El gobierno emanado del PAN legalizó el juego, dejó de supervisar en los estados la operación de los casinos, provocó un crecimiento desbocado de las casas de apuestas –de 122 a 550 en una década– y “se coludió con poderosas organizaciones”, con lo que puso en peligro “la seguridad” del país. Una muestra de ello fue el ataque terrorista perpetrado contra el Casino Royale de Monterrey el jueves 25, con saldo de 52 muertos.
Hace menos de dos meses, en su edición 1810, Proceso dio cuenta de cómo imperan en los casinos de Monterrey la anarquía, los abusos y ciertas actividades ligadas al narcotráfico, como el lavado de dinero. Además, operan centros de apuestas ilegales –que según algunas organizaciones empresariales son poco más del doble de los legales–, las cuales dejan de pagar al Estado por concepto de impuestos al menos 2 mil millones de pesos anuales.
Concesionarios que pidieron el anonimato afirmaron a este semanario: “Vemos con gran preocupación que los establecimientos que operan de manera ilegal son caldo de cultivo para la participación del crimen organizado; existen datos que arrojan que dichos lugares son utilizados como pantallas en la red de estrategias para el lavado de dinero producto de actividades ilícitas”.
Igualmente mencionaban la corrupción gubernamental: “Es evidente que detrás de cada uno de los 185 casinos ilegales detectados existe la participación, por acción o por omisión, de funcionarios públicos desleales. Existe la fuerte presunción de que los casinos ilegales se utilizan para blanquear dinero producto del crimen organizado” (Proceso 1810).
El 17 de septiembre de 2004 el entonces presidente Vicente Fox emitió el decreto de Reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos, promovido por el entonces secretario de Gobernación Santiago Creel y respaldado por el titular de Hacienda del sexenio foxista, Francisco Gil Díaz.
La Cámara de Diputados interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 15 de octubre de 2004 por considerar que el reglamento violaba La Ley Federal de Juegos y Sorteos; finalmente los magistrados fallaron a favor del Ejecutivo.
De 1973 a 2000 –bajo gobiernos priistas– el país tenía 16 permisos que permitían establecer 301 centros de apuestas, aunque sólo operaban 122. Al fallar la Corte en pro del gobierno federal en 2005, Creel otorgó siete permisos para que se establecieran en el país 198 establecimientos; el 17 de marzo de ese año autorizó cinco más y el 29 de abril, en un solo día, avaló 193, se indica en el reporte de la comisión especial creada por la Cámara de Diputados para revisar la entrega de los nuevos permisos y que presidió el legislador federal priista Héctor Gutiérrez de la Garza.
Según la Asociación de Permisionarios de Juegos y Sorteos, a la fecha hay 26 concesionarios autorizados que han instalado en todo el país 550 casas de apuestas, aunque tienen permiso para abrir 840. La asociación no precisa si los que están en funciones son legales o ilegales.
De acuerdo con el estudio de uno de los permisionarios más poderosos –por su número de centros y sus redes políticas y quien pidió el anonimato por temor a represalias– en 2010 había 311 casinos en el país, de los cuales sólo 126 eran legales.
Sin dique, la inseguridad
Uno de los políticos que durante 12 años verificó que no se instalaran juegos de apuestas en el país, primero como director de Gobierno y luego como secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, acusa al gobierno federal panista de “quitar el dique a la prohibición del juego”, generar “la explosión” de casas de juego y poner en peligro “la seguridad del país”.
Recuerda que desde el presidente Lázaro Cárdenas el Estado mexicano consideró la instalación de los casinos un inconveniente para la salud social “porque traen la posibilidad de muchas cosas, como prostitución, trata de blancas, etcétera.
“La explosión y las consecuencias empiezan al abrir en 2005 un reglamento. El gobierno panista rompe, quita el dique que se puso en Gobernación. ¿Y por qué el tema está en Gobernación y no en Turismo? Porque es un tema delicado, por todo lo que implica: narcotráfico, trata de blancas, lavado de dinero, y pone en peligro la seguridad nacional”, sostiene.
–¿Los casinos ponen en peligro la seguridad del país?
–Todo lo que sea promover actividades riesgosas pone en peligro la seguridad. Por eso tienes una política que te dice: “Esto no conviene para la seguridad del país”.
El exgobernador de Puebla sostiene que el gobierno panista legalizó el juego a través de un reglamento que está por encima de la Ley de Juegos y Sorteos. “Fox siempre buscó pasar por encima de las leyes con la creación de reglamentos –como lo hizo con el de energía eléctrica, para permitir la entrada de trasnacionales a la producción de energía y someterse a intereses económicos–. La actitud de Fox siempre fue ligera en materia legal, como lo es también la de Calderón.
“Se empieza a resquebrajar la línea de defensa de ‘no al juego’ al salto panista de buscar la legalización del juego a través de un reglamento; es un cambio ético, político y económico. Es un cambio, ¡es el gobierno panista!”, acusa.
El exsecretario de Gobernación considera que ante el ataque al Casino Royale, no se puede considerar que el gobierno federal cayó en omisión, y los acusa de “colusión”.
“¡En estos hechos hay colusión, no hay omisión! Porque la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación es estar gobernando todo… y todo es todo. Es el instrumento de control del país, el control para la gobernabilidad. La gobernabilidad está en Gobernación, es el pivote. Por eso está ahí el dique de cerrar el paso a los casinos.”
Y amplía: “Si existe un mecanismo para que los presidentes municipales participen en el aval de los casinos, pues Gobernación tiene que intervenir; si los jueces federales están dando amparos, pues tiene que intervenir. Gobernación tiene la obligación de hacerlo permanentemente y no puede considerar por autonomía estatal o municipal que un juez o un presidente municipal dejen pasar la instalación de casinos que no tienen permiso. Eso es falso, la autonomía tiene límites”.
Advertencia ignorada
El pasado 2 de mayo, la diputada federal perredista Lizbeth García Coronado advirtió a las autoridades de Gobernación y de la Procuraduría General de la República las irregularidades que estaban ocurriendo con varios permisionarios, demandó una investigación y, en tanto se resolviera, la suspensión de actividades en los casinos.
Entre los permisionarios denunciados está Atracciones y Emociones Vallarta, operadora del Royale de Monterrey, que cuenta con un permiso desde 1992 pero a la que el gobierno de Calderón le autorizó –el 10 de junio de 2009– la instalación de otros 41 centros de apuestas.
Según la Asociación de Permisionarios de Juegos y Sorteos, en Nuevo León hay 57 casinos. Antes del reglamento propuesto por Creel tenía cinco (cuatro en Monterrey); con el exsecretario de Gobernación se instalaron 10 (dos en Monterrey) y a partir del sexenio de Calderón empezaron a operar otros 42.
Según el estudio de uno de los permisionarios que pidió el anonimato, en esa entidad operan en la ilegalidad 24 casinos; le sigue el Distrito Federal con 24 y luego Coahuila con 16.
En Nuevo León han sido justamente las administraciones locales panistas las que les han permitido validar el permiso nacional e instalar los casinos. Por ejemplo, Adalberto Madero, alcalde de Monterrey de 2006 a 2009, autorizó la instalación de 10, entre ellos el Royale entre cuyos propietarios hay tres parientes suyos: Rodrigo Madero Covarrubias y sus dos hijos José Francisco y Agustín Madero Dávila. Otro caso es el del exedil panista de San Nicolás de los Garza, Zeferino Salgado, quien autorizó dos, y la actual presidenta municipal de Guadalupe, Ivonne Álvarez, que ya autorizó tres.
Lizbeth García Coronado, quien advirtió de la ilegalidad, documentó que el Royale permitía juegos prohibidos, como naipes, ruleta y dados. Otros tres casinos propiedad de los Madero fueron denunciados: el Jubileé, el Crystal Palace y el Paradise.
Con este último se relaciona al secretario de acuerdos del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, Esiquio Martínez Hernández, quien entregó al Paradise un amparo, el 1276/2007, contra una visita de inspección y clausura y un día después recibió en su cuenta personal 500 mil pesos, según información no desmentida difundida por el periódico Reforma.
Además “este año la PGR incluyó en su indagatoria una llamada anónima donde se dice que los dueños del Paradise lavan dinero de la organización de Los Zetas”, reportó Reforma, el 4 de junio pasado, cuando dio a conocer parte del expediente contra el secretario del juzgado.
A éste se le detectaron varios depósitos por un total de 9.5 millones de pesos; provenían de 13 entidades y 12% era de Nuevo León. Entre los depositantes está el abogado Santiago Francisco Rosario, del Bufete Becerra Pocoroba, que fundó el actual diputado federal Mario Alberto Becerra Pocoroba, quien durante años fue encargado de las finanzas del Grupo CIE, que tiene permiso para operar 130 centros de apuestas y un hipódromo.
Además denunció que están en la ilegalidad el Folliati, Viva México!, New York, Miravalle Palace, Red, Club 209, Hollywood en Degollado, y Hollywood en la carretera nacional kilómetro 271, La Isla del Tesoro, Revolución, Poker Room y Windland.
Otra de las advertencias de la legisladora y denunciadas ante PGR fue la entrega de permiso de Gobernación a Entretenimiento Chihuahua para instalar 120 centros de apuestas. La diputada considera que ese permiso es apócrifo y revela que esa razón social no está en los registros de la Asociación de Permisionarios de Juegos y Sorteos.
Finalmente dio a conocer que la Secretaría de Gobernación, el 22 de marzo pasado, revalidó el permiso a Operadora Megasport para operar 31 centros de apuestas y un hipódromo, luego de que un juzgado federal demandó su activación, que la propia secretaría había suspendido por incumplimiento de requisitos.
A tres meses de la denuncia, Gobernación no ha respondido a la legisladora y la PGR no ha dicho si dio seguimiento a las denuncias.
¿Quiénes son?
Bartlett, quien acusa al gobierno de coludirse con “organizaciones” –prefiere no aclarar si se trata de organizaciones económicas o de narcotráfico– para el establecimiento de casinos, advierte que Gobernación “rompió el dique de contención a casinos” por razones poderosas.
“Cuando rompes los diques lo haces por razones poderosas; hay poderosas organizaciones y poderosos intereses.”
–¿Son organizaciones criminales o empresariales?
–No sé… bueno, si hay colusión con autoridades y organizaciones, pues ahí ya son ilegales ¿no?
El exsecretario considera que es tiempo de saber quién y para quién se realizó “toda esta urdimbre” de autorizar casinos; “se habla de muchos dueños, de personalidades… el gobierno supo que iba a haber esta explosión de casinos, pero hay que ver quién está detrás, qué organizaciones o individuos, y hay que checar si son empresariales o criminales”.
Durante el recorrido que Proceso hizo la primera semana de julio pasado en Monterrey por diversos casinos se habló también con autoridades de la delegación de Gobernación, quienes, pidiendo el anonimato, revelaron que desde el 18 de septiembre de 2009, cuando realizaron un operativo en un restaurante llamado La Costilla al momento en que se realizaban apuestas ilegales de más de 100 mil dólares, recibieron la orden de las oficinas centrales de no realizar más inspecciones.
La Costilla era propiedad de Rogelio Garza Cantú, también dueño del casino Revolución y quien fue ejecutado el 26 de junio de 2009.
Desde entonces la delegación de Gobernación en Monterrey no verifica que en los casinos se realicen apuestas ilegales.
Bartlett dijo que esta falta de verificación sólo puede obedecer a la “colusión” del gobierno.
–Con esta apertura a los casinos, ¿usted cree que el gobierno ignoraba los riesgos a los que exponía a la población, como lo ocurrido en el Royale?
–Creo que los autorizaron con plena conciencia. El rompimiento del dique, la decisión de Estado de permitir la existencia de lugares de juego con apuestas es deliberado rompimiento, es un cambio de política radical. Y una vez que existe el camino ilegal, irregular, y el fallo de la Corte que avaló el reglamento de Creel, pues con todo respeto le digo que no habían hecho una nueva ley y la que hay prohíbe esos lugares; por lo tanto el reglamento tampoco puede ser.
El reglamento no puede ir un milímetro más allá de la ley y si lo haces es romper abiertamente el estado de derecho, dice y agrega: “Hay un juego en Gobernación con este tema en donde algunos sí tienen permiso, otros no; donde hay jueces que dan amparos, ayuntamientos que permiten la instalación y no pasa nada. Tan no pasa que ya hay más de 700 casinos en todo el país en sólo una década de panismo. Eso también es una colusión de Gobernación y ahí está un efecto (refiriéndose al Royale).
Sostiene que el gobierno no se puede decir engañado de las consecuencias que traería abrir las puertas a los casinos pues desde siempre el PRI se opuso y dio sus razones: los casinos traen muchos problemas de inseguridad, drogas, etcétera.
“Estamos viendo las consecuencias de un mal gobierno de Fox y Calderón; me preguntas si habrán previsto lo que está pasando y sostengo que sí porque esos son los efectos de la autorización.”
–Calderón habló de terrorismo, ¿no abrió él las puertas a ello con sus actos?
–Son dos temas que se juntan: su guerra contra el narcotráfico, censurada por todos, es una guerra que genera problemas. Porque es terrorismo el cobro de piso que sucede en Ciudad Juárez, los coches bomba, y ahora incendian un casino. Eso fue un acto de terrorismo, espeluznante, deshumanizado; pero eso nos lleva al otro problema que son los casinos. Las casas de juego que operan en un estado que no respeta el derecho, porque la responsabilidad de la Secretaria de Gobernación es vigilar eso, entonces sí es terrorismo y entran (gobierno) en un pantano del que ya no salen. El tema de casinos te lleva a un fenómeno que está destruyendo al país: la ausencia de un estado de derecho.
–¿Lo ocurrido en el Casino Royale era predecible?
–Siempre.
Y concluye: “Hay un estudio que dice que uno de los riesgos de un país, de su seguridad, es el mal gobierno”.
El Sistema de Administración Tributaria anunció la noche del viernes 26 que realiza 11 auditorías a casinos en Nuevo León: nueve en Monterrey (uno de ellos es el Hollywood), una en Apodaca (el Abu Dhabi) y otra en San Pedro, donde sólo opera el Alegro, propiedad de Entretenimiento Vallarta, empresa dueña del Royale.
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