Francisco Rojas / El Universal
El Congreso de la Unión iniciará su próximo periodo ordinario de sesiones en un clima social y económico enrarecido por el agravamiento de los problemas que lastiman a la sociedad y por las complicaciones y amenazas del entorno internacional.
México no puede ser espectador pasivo de los rencores y errores ajenos. Tenemos que impulsar el mercado interno para compensar la caída de exportaciones, turismo y remesas; revertir desempleo y pobreza y abrir oportunidades para los jóvenes en educación y mercado laboral. En la agenda legislativa de los diputados del PRI para el periodo ordinario de sesiones se destaca:
El presupuesto federal debe impulsar inversión pública y privada, producción y empleo. Analizaremos cambios a las fórmulas de participaciones de los estados en la Ley de Coordinación Fiscal, y canalizaremos recursos para que los estados cumplan sus obligaciones en educación, salud, infraestructura, financieras y seguridad pública.
Cumpliremos en tiempo y forma con aprobar el presupuesto 2012; el gobierno deberá aplicarlo con transparencia y sin subejercicios, dar fluidez a la dotación de recursos a los estados y programas, evitar que las reglas y lineamientos de operación sean pretextos para retenerlos y no utilizar los programas sociales para fines electorales.
Las reformas a la Ley de Seguridad Nacional serán consistentes con la Constitución, con las convenciones internacionales y con el pleno respeto a derechos humanos. El Estado debe garantizar la seguridad, otorgar certeza jurídica a los impartidores de justicia y propiciar el retorno de las Fuerzas Armadas a sus funciones habituales. Trabajaremos con el Senado para reglamentar las facultades del Ejecutivo para disponer de las Fuerzas Armadas cuando esté en riesgo la seguridad interior y daremos el marco legal adecuado para la actuación de estas últimas. El crimen organizado y los delitos del fuero común deben combatirse de modo integral; impulsaremos dictámenes sobre lavado de dinero y otros mecanismos y exhortaremos al Ejecutivo a que amplíe y opere con eficacia las políticas de rehabilitación y prevención de adicciones. Las minutas sobre la policía fronteriza, reformas en terrorismo y Ley General para la Prevención Social de la Delincuencia se hallan ya en el Senado.
Pero las soluciones de fondo están en el empleo, educación, actividad económica, justicia y equidad para mujeres y jóvenes. Por eso recogimos con entusiasmo las propuestas de la UNAM y trabajaremos con esta ella para concretar los actos a que haya lugar. Daremos prioridad al análisis de la minuta del Senado sobre reforma política y apoyaremos la consulta popular, referéndum, iniciativa ciudadana y candidaturas independientes, pero aún no logramos consensos sobre la reelección continua de legisladores y munícipes.
Para la legislación laboral consideraremos propuestas de distintos grupos sociales, pero no suprimiremos ni disminuiremos ni vulneraremos los derechos de los trabajadores ni sus conquistas.
Los programas asistencialistas no eliminan la pobreza, la perpetuan y usan con fines electorales. Por ello promoveremos el Fondo de Cohesión Social e Impulso Productivo, que dará recursos federalizados a municipios de alta y muy alta marginación y a polígonos urbanos en pobreza.
La educación media superior obligatoria no puede esperar; en tanto se aprueba, legislaremos para crear el telebachillerato aprovechando el sistema de telesecundaria. Daremos rango de ley al servicio social profesional remunerado para apoyar a los jóvenes pasantes de bajos ingresos.
Necesitamos una nueva manera de hacer política para que las diferencias propias de la pluralidad potencien lo mucho en que coincidimos y permitan que cada quien cumpla con su responsabilidad sin odios ni discordias.
Ya hemos visto lo que sucede cuando los enconos políticos polarizan a la sociedad: sabotean los acuerdos necesarios para salir adelante. Conforme a sus facultades, sin ceder un ápice de autonomía, la Cámara de Diputados trabajará en armonía con los actores políticos y sociales que sea necesario; practicaremos la política constructiva que exige la nación en la compleja situación interna e internacional que estamos viviendo.
México no puede ser espectador pasivo de los rencores y errores ajenos. Tenemos que impulsar el mercado interno para compensar la caída de exportaciones, turismo y remesas; revertir desempleo y pobreza y abrir oportunidades para los jóvenes en educación y mercado laboral. En la agenda legislativa de los diputados del PRI para el periodo ordinario de sesiones se destaca:
El presupuesto federal debe impulsar inversión pública y privada, producción y empleo. Analizaremos cambios a las fórmulas de participaciones de los estados en la Ley de Coordinación Fiscal, y canalizaremos recursos para que los estados cumplan sus obligaciones en educación, salud, infraestructura, financieras y seguridad pública.
Cumpliremos en tiempo y forma con aprobar el presupuesto 2012; el gobierno deberá aplicarlo con transparencia y sin subejercicios, dar fluidez a la dotación de recursos a los estados y programas, evitar que las reglas y lineamientos de operación sean pretextos para retenerlos y no utilizar los programas sociales para fines electorales.
Las reformas a la Ley de Seguridad Nacional serán consistentes con la Constitución, con las convenciones internacionales y con el pleno respeto a derechos humanos. El Estado debe garantizar la seguridad, otorgar certeza jurídica a los impartidores de justicia y propiciar el retorno de las Fuerzas Armadas a sus funciones habituales. Trabajaremos con el Senado para reglamentar las facultades del Ejecutivo para disponer de las Fuerzas Armadas cuando esté en riesgo la seguridad interior y daremos el marco legal adecuado para la actuación de estas últimas. El crimen organizado y los delitos del fuero común deben combatirse de modo integral; impulsaremos dictámenes sobre lavado de dinero y otros mecanismos y exhortaremos al Ejecutivo a que amplíe y opere con eficacia las políticas de rehabilitación y prevención de adicciones. Las minutas sobre la policía fronteriza, reformas en terrorismo y Ley General para la Prevención Social de la Delincuencia se hallan ya en el Senado.
Pero las soluciones de fondo están en el empleo, educación, actividad económica, justicia y equidad para mujeres y jóvenes. Por eso recogimos con entusiasmo las propuestas de la UNAM y trabajaremos con esta ella para concretar los actos a que haya lugar. Daremos prioridad al análisis de la minuta del Senado sobre reforma política y apoyaremos la consulta popular, referéndum, iniciativa ciudadana y candidaturas independientes, pero aún no logramos consensos sobre la reelección continua de legisladores y munícipes.
Para la legislación laboral consideraremos propuestas de distintos grupos sociales, pero no suprimiremos ni disminuiremos ni vulneraremos los derechos de los trabajadores ni sus conquistas.
Los programas asistencialistas no eliminan la pobreza, la perpetuan y usan con fines electorales. Por ello promoveremos el Fondo de Cohesión Social e Impulso Productivo, que dará recursos federalizados a municipios de alta y muy alta marginación y a polígonos urbanos en pobreza.
La educación media superior obligatoria no puede esperar; en tanto se aprueba, legislaremos para crear el telebachillerato aprovechando el sistema de telesecundaria. Daremos rango de ley al servicio social profesional remunerado para apoyar a los jóvenes pasantes de bajos ingresos.
Necesitamos una nueva manera de hacer política para que las diferencias propias de la pluralidad potencien lo mucho en que coincidimos y permitan que cada quien cumpla con su responsabilidad sin odios ni discordias.
Ya hemos visto lo que sucede cuando los enconos políticos polarizan a la sociedad: sabotean los acuerdos necesarios para salir adelante. Conforme a sus facultades, sin ceder un ápice de autonomía, la Cámara de Diputados trabajará en armonía con los actores políticos y sociales que sea necesario; practicaremos la política constructiva que exige la nación en la compleja situación interna e internacional que estamos viviendo.
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