Francisco Valdéz Ugalde / El Universal
Cerrar filas no implica cerrar el sistema político. La distribución del poder a que ha dado lugar la democratización y el pluralismo no se ha correspondido con un sistema constitucional de ejercicio democrático del poder político. El cinismo del que hacen gala algunos gobernadores y seguidores para endeudar a sus estados hasta lo insostenible y su regodeo en las contribuciones a la federación habla por sí solo: en materia fiscal el Estado nacional está seriamente quebrantado, y los intereses partidistas lo mantienen secuestrado.
La distribución democrática del poder no es la causa de su dispersión. Ésta radica en el sistema de ejercicio de poder diseñado para el gobierno de un solo partido, cuyo cambio ha sido impedido por los equilibrios políticos de la última década con la consecuencia de detener y poner en riesgo de involución al sistema político en su conjunto.
En vez de apurar el paso para construir un Estado democrático, hemos desperdiciado tiempo y oportunidades. La razón fundamental: colocar encima del interés nacional los intereses de partido, de grupo, de región y de personas. La ausencia del “ogro filantrópico” no dio por resultado un nuevo acuerdo de distribución equilibrada de las responsabilidades. Para ello hacían falta voluntad y concierto y éstas han brillado por su ausencia.
Aunque nunca será tarde para retomar el curso adecuado, las circunstancias presentes se han agravado alarmantemente. Las recientes revelaciones sobre el grado y forma de endeudamiento de varias entidades, la responsabilidad que en ello pueden tener gobernadores, incluido el actual dirigente nacional del PRI, la respuesta de autodefensa contra toda asunción de responsabilidades y el atentado terrorista que se produjo el jueves pasado en Monterrey no hacen sino agravar la situación.
Más que nunca, la unidad política debe darse en torno a los intereses prioritarios del país, que no son otros que los de la gente común y corriente que paga las consecuencias de todo lo anterior.
Ante circunstancias tan adversas, la tentación de cerrar el sistema político como sinónimo de cerrar filas rondará por las cabezas de los dirigentes nacionales. Máxime que el atentado terrorista se ha presentado teniendo en puerta el inicio del proceso electoral de 2012. Seguramente, se buscará blindar las elecciones del próximo año, pero es impensable realizarlas sin libertad de movimiento y reunión, en medio de la inhibición del ánimo popular.
Independientemente del juicio que se haga sobre la estrategia de combate al crimen organizado, no habrá marcha atrás en arrostrar sus consecuencias, y ninguna reconsideración puede partir de lo indecible: pactar con los criminales, aceptar el chantaje y “resolver” el secuestro abandonando al secuestrado en sus manos.
La apertura política es indispensable, pero para que ésta sea mayor se requiere de consenso político para tomar las medidas adecuadas. No podrá basarse en el oportunismo de la defensa de los cotos de poder. No podrá tener base en el empecinamiento de salir al paso del pluralismo con la imposición de reglas para crear mayorías artificiales. No podrá fincarse en la irresponsabilidad de regatear el consenso a cambio de prebendas.
El Poder Legislativo, que la próxima semana iniciará su periodo de sesiones, tiene una responsabilidad mayor. Si el poder político quiere el apoyo de la ciudadanía tendrá que levantar sus miras del miserable plato de lentejas en que las tiene puestas. Y la pelota está en la cancha del Legislativo, de la Cámara de Diputados en particular, donde reposa el proyecto de decreto de reforma política que aprobó el Senado de la República y que mantiene detenido. No puede aceptarse que del reposo lo manden a la morgue.
El arreglo político vigente, que ha dominado el periodo democrático desde que en 1997 el partido hegemónico perdió la mayoría en la Cámara Baja, está agotado. Es menester un cambio en la forma de gobernar y en la forma de gobierno.
En primer término, es indispensable un cambio de actitud entre los principales dirigentes políticos del país; un cambio en la forma de encarar la tarea de gobernar. De cada uno de los Poderes de la Unión, de los gobiernos de los estados y de las principales organizaciones políticas para impulsar una transformación de la forma de gobierno.
Es mayoritario pero no explícito entre ellos el reconocimiento de que el arreglo imperante ha caducado. De hecho, la principal confrontación no es entre el mantenimiento de lo que hay y lo que se busca cambiar, sino entre dos concepciones de cómo sacar al sistema político del atasco. Pero las diferencias sobre el proyecto a seguir mantienen el estancamiento.
No obstante, hay una mayoría evidente en la propuesta del cambio que se basa en preservar el pluralismo político a través de fórmulas de coalición y mecanismos participativos. Detenerlo es suicida, la cuenta regresiva ya comenzó.
Director de la Facultad Latinoamericanade Ciencias Sociales (Flacso) sede México
Cerrar filas no implica cerrar el sistema político. La distribución del poder a que ha dado lugar la democratización y el pluralismo no se ha correspondido con un sistema constitucional de ejercicio democrático del poder político. El cinismo del que hacen gala algunos gobernadores y seguidores para endeudar a sus estados hasta lo insostenible y su regodeo en las contribuciones a la federación habla por sí solo: en materia fiscal el Estado nacional está seriamente quebrantado, y los intereses partidistas lo mantienen secuestrado.
La distribución democrática del poder no es la causa de su dispersión. Ésta radica en el sistema de ejercicio de poder diseñado para el gobierno de un solo partido, cuyo cambio ha sido impedido por los equilibrios políticos de la última década con la consecuencia de detener y poner en riesgo de involución al sistema político en su conjunto.
En vez de apurar el paso para construir un Estado democrático, hemos desperdiciado tiempo y oportunidades. La razón fundamental: colocar encima del interés nacional los intereses de partido, de grupo, de región y de personas. La ausencia del “ogro filantrópico” no dio por resultado un nuevo acuerdo de distribución equilibrada de las responsabilidades. Para ello hacían falta voluntad y concierto y éstas han brillado por su ausencia.
Aunque nunca será tarde para retomar el curso adecuado, las circunstancias presentes se han agravado alarmantemente. Las recientes revelaciones sobre el grado y forma de endeudamiento de varias entidades, la responsabilidad que en ello pueden tener gobernadores, incluido el actual dirigente nacional del PRI, la respuesta de autodefensa contra toda asunción de responsabilidades y el atentado terrorista que se produjo el jueves pasado en Monterrey no hacen sino agravar la situación.
Más que nunca, la unidad política debe darse en torno a los intereses prioritarios del país, que no son otros que los de la gente común y corriente que paga las consecuencias de todo lo anterior.
Ante circunstancias tan adversas, la tentación de cerrar el sistema político como sinónimo de cerrar filas rondará por las cabezas de los dirigentes nacionales. Máxime que el atentado terrorista se ha presentado teniendo en puerta el inicio del proceso electoral de 2012. Seguramente, se buscará blindar las elecciones del próximo año, pero es impensable realizarlas sin libertad de movimiento y reunión, en medio de la inhibición del ánimo popular.
Independientemente del juicio que se haga sobre la estrategia de combate al crimen organizado, no habrá marcha atrás en arrostrar sus consecuencias, y ninguna reconsideración puede partir de lo indecible: pactar con los criminales, aceptar el chantaje y “resolver” el secuestro abandonando al secuestrado en sus manos.
La apertura política es indispensable, pero para que ésta sea mayor se requiere de consenso político para tomar las medidas adecuadas. No podrá basarse en el oportunismo de la defensa de los cotos de poder. No podrá tener base en el empecinamiento de salir al paso del pluralismo con la imposición de reglas para crear mayorías artificiales. No podrá fincarse en la irresponsabilidad de regatear el consenso a cambio de prebendas.
El Poder Legislativo, que la próxima semana iniciará su periodo de sesiones, tiene una responsabilidad mayor. Si el poder político quiere el apoyo de la ciudadanía tendrá que levantar sus miras del miserable plato de lentejas en que las tiene puestas. Y la pelota está en la cancha del Legislativo, de la Cámara de Diputados en particular, donde reposa el proyecto de decreto de reforma política que aprobó el Senado de la República y que mantiene detenido. No puede aceptarse que del reposo lo manden a la morgue.
El arreglo político vigente, que ha dominado el periodo democrático desde que en 1997 el partido hegemónico perdió la mayoría en la Cámara Baja, está agotado. Es menester un cambio en la forma de gobernar y en la forma de gobierno.
En primer término, es indispensable un cambio de actitud entre los principales dirigentes políticos del país; un cambio en la forma de encarar la tarea de gobernar. De cada uno de los Poderes de la Unión, de los gobiernos de los estados y de las principales organizaciones políticas para impulsar una transformación de la forma de gobierno.
Es mayoritario pero no explícito entre ellos el reconocimiento de que el arreglo imperante ha caducado. De hecho, la principal confrontación no es entre el mantenimiento de lo que hay y lo que se busca cambiar, sino entre dos concepciones de cómo sacar al sistema político del atasco. Pero las diferencias sobre el proyecto a seguir mantienen el estancamiento.
No obstante, hay una mayoría evidente en la propuesta del cambio que se basa en preservar el pluralismo político a través de fórmulas de coalición y mecanismos participativos. Detenerlo es suicida, la cuenta regresiva ya comenzó.
Director de la Facultad Latinoamericanade Ciencias Sociales (Flacso) sede México
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