RENÉ DELGADO/ REFORMA
Mientras la violencia llega al nivel de la barbarie, el asombro cae al nivel de la costumbre. Ahora, los colgados penden de los pies porque ya no traen cabeza. Los retazos de los ejecutados son reciclados como peso muerto para estirar las mantas con recado. Los migrantes pueden ser "comprados" para matarlos a golpes y pedradas. Los poetas pueden ser sujetos de sospecha.
Poco a poco, pero de mucho en mucho, la muerte ha pasado a ser cosa del día. Dato intrascendente, cifra sujeta a maquillaje. Que mueran criminales, soldados, marinos, policías, civiles y migrantes es -en la lógica oficial- morralla humana, costo de la guerra o lucha, da igual su denominación, del Gobierno desorganizado contra el crimen organizado. Sin hablar, desde luego, de quienes ni en la estadística cuentan: los lisiados, los desplazados o los deudos.
Nada asombra... pero todavía puede haber sorpresas. ¿Qué sucederá si, en el festín de sangre que enmarca la elección presidencial, asesinan a un precandidato o candidato? ¿Nada, como en el caso de Rodolfo Torre Cantú? ¿Todo, como en el caso de Luis Donaldo Colosio? ¿Se le rendirá a la víctima un funeral de Estado o será la víctima protagonista del funeral del Estado? ¿En el cálculo oficial aparece esa probabilidad?
Quizá sea políticamente incorrecto y hasta impertinente plantear el asunto pero, sufrida más de una vez la experiencia, irresponsable resulta no considerar la probabilidad.
Por lo que se advierte en Veracruz, Guerrero y Michoacán -les toca de momento el turno a ellos, la ofensiva oficial, abierta o encubierta, endurece la línea contra el crimen ya no tanto en cuanto al tráfico de droga se refiere como en lo tocante a aquellos delitos que golpean directamente a la sociedad: extorsión, secuestro, venta de "protección" y robo de vehículos. Se quiere, eso parece, crear hacia finales de año condiciones aceptables para desarrollar la campaña electoral.
El costo humano crecerá obviamente, pero qué tanto es tantito. Cómo se justificará, quién sabe. De seguro, de nuevo se echará mano del expediente de enfrentamientos entre grupos criminales, reales o supuestos. Y, por los indicios, los objetivos principales serán los Zetas y los Templarios, que, sobra decirlo, por su origen militar o por su revestimiento ideológico, constituyen un manifiesto desafío al Estado.
El punto delicado es que, como visto en Juárez, la administración federal no ha sido muy sagaz en la elaboración y el sostenimiento de estrategias y si esta vez, como en otras ocasiones, la ofensiva falla, la violencia y la barbarie encontrarán espacio en la campaña electoral para renovar la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión así como seis gubernaturas. Sin desconsiderar que, en semanas, Michoacán irá a las urnas.
Por eso, puede parecer incorrecto o impertinente pero no irresponsable plantear el peligro de exponer a los precandidatos o candidatos a la violencia, cualquiera que sea el disfraz de ésta.
Haya sido que la atmósfera violenta desató la locura de un asesino solitario o que un sicario contratado actuó de manera concertada como un loco solitario, el homicidio de Luis Donaldo Colosio puso al Estado mexicano de cabeza. Se consumieron las reservas, el miedo votó vestido de gala y aquello remató con el error de diciembre de ese año, que jura Carlos Salinas no fue suyo.
Obviamente, el presidente Carlos Salinas no se planteó los efectos directos e indirectos del magnicidio pero, en ese entonces, las instituciones y los partidos tenían mayor solidez, en el gabinete había algunos cuadros con talla de hombres de Estado, los focos criminales y violentos estaban bien ubicados, la confrontación política estaba al interior de la familia tricolor y, además, el país venía del sueño primermundista. Pese a los años que le tomó al país recuperarse, se evitó que aquel desastre se tradujera en ruptura.
Hoy, la situación es radicalmente distinta. El país no sale de la pesadilla criminal, la confrontación y la polarización desborda a los partidos, la criminalidad se desparrama en varias regiones, la violencia tiene muy diversa expresión (criminal, oficial, radical, social), no hay hombres de Estado en el gabinete, los partidos muestran menos solidez, las instituciones dan muestra de agotamiento, la economía se desacelera si no es que entra en recesión y, lo más grave, esta vez el presidente Felipe Calderón no puede desconsiderar el escenario de un magnicidio.
¿Cuál es el cálculo oficial?
La respuesta a esa interrogante toca, desde luego, darla al calderonismo, que evidentemente se inclina más por difundir propaganda tranquilizadora que información objetiva sobre el estado que guarda la nación.
Al margen de ello, hay dos entidades más que igualmente deberían tomar providencias frente a esa probabilidad y, sobre todo, en conjurarla. De un lado, los partidos y los precandidatos que deberían reconocer las condiciones extraordinarias en que van a competir y, de otro, el Instituto Federal Electoral, que hasta ahora está más interesado en el monto de lo que va a gastar que en el proceso que va arbitrar.
En cuanto a los partidos asombra cómo su foco de atención está puesto en evitar su fractura a partir de los términos de selección de su respectivo abanderado, y en cuanto a los precandidatos su atención se fija en el espejo de las encuestas donde se admiran. La circunstancia nacional -criminal, económica y social- no aparece en su radar, siendo que en ella van a caminar y aterra que, pese a la evidencia, insistan en pensar que por un carril confinado corre la elección y por otro u otros corre la violencia criminal, la desaceleración económica y la descomposición social.
En cuanto al órgano electoral resulta increíble que no se conduzca como muchísimo mayor firmeza ante el Gobierno, los partidos y los precandidatos para advertirles que, de mantenerse los índices de violencia e inestabilidad, el concurso electoral está en peligro. Sí, esa dimensión alcanza la circunstancia.
¿No tendrían que reunirse las dirigencias partidistas y el órgano electoral a reconocer lo accidentado del terreno por donde corren los precandidatos?
Casi cinco años de violencia con millares de muertos ha hecho perder asombro frente a la barbarie... pero todavía puede haber sorpresas. Es inaceptable que habiendo ya vivido la experiencia de ver caer a más de un candidato y al país en un punto de ruptura, la administración, los partidos, los precandidatos y el órgano electoral no se sienten a conjurar ese peligro.
Mientras la violencia llega al nivel de la barbarie, el asombro cae al nivel de la costumbre. Ahora, los colgados penden de los pies porque ya no traen cabeza. Los retazos de los ejecutados son reciclados como peso muerto para estirar las mantas con recado. Los migrantes pueden ser "comprados" para matarlos a golpes y pedradas. Los poetas pueden ser sujetos de sospecha.
Poco a poco, pero de mucho en mucho, la muerte ha pasado a ser cosa del día. Dato intrascendente, cifra sujeta a maquillaje. Que mueran criminales, soldados, marinos, policías, civiles y migrantes es -en la lógica oficial- morralla humana, costo de la guerra o lucha, da igual su denominación, del Gobierno desorganizado contra el crimen organizado. Sin hablar, desde luego, de quienes ni en la estadística cuentan: los lisiados, los desplazados o los deudos.
Nada asombra... pero todavía puede haber sorpresas. ¿Qué sucederá si, en el festín de sangre que enmarca la elección presidencial, asesinan a un precandidato o candidato? ¿Nada, como en el caso de Rodolfo Torre Cantú? ¿Todo, como en el caso de Luis Donaldo Colosio? ¿Se le rendirá a la víctima un funeral de Estado o será la víctima protagonista del funeral del Estado? ¿En el cálculo oficial aparece esa probabilidad?
Quizá sea políticamente incorrecto y hasta impertinente plantear el asunto pero, sufrida más de una vez la experiencia, irresponsable resulta no considerar la probabilidad.
Por lo que se advierte en Veracruz, Guerrero y Michoacán -les toca de momento el turno a ellos, la ofensiva oficial, abierta o encubierta, endurece la línea contra el crimen ya no tanto en cuanto al tráfico de droga se refiere como en lo tocante a aquellos delitos que golpean directamente a la sociedad: extorsión, secuestro, venta de "protección" y robo de vehículos. Se quiere, eso parece, crear hacia finales de año condiciones aceptables para desarrollar la campaña electoral.
El costo humano crecerá obviamente, pero qué tanto es tantito. Cómo se justificará, quién sabe. De seguro, de nuevo se echará mano del expediente de enfrentamientos entre grupos criminales, reales o supuestos. Y, por los indicios, los objetivos principales serán los Zetas y los Templarios, que, sobra decirlo, por su origen militar o por su revestimiento ideológico, constituyen un manifiesto desafío al Estado.
El punto delicado es que, como visto en Juárez, la administración federal no ha sido muy sagaz en la elaboración y el sostenimiento de estrategias y si esta vez, como en otras ocasiones, la ofensiva falla, la violencia y la barbarie encontrarán espacio en la campaña electoral para renovar la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión así como seis gubernaturas. Sin desconsiderar que, en semanas, Michoacán irá a las urnas.
Por eso, puede parecer incorrecto o impertinente pero no irresponsable plantear el peligro de exponer a los precandidatos o candidatos a la violencia, cualquiera que sea el disfraz de ésta.
Haya sido que la atmósfera violenta desató la locura de un asesino solitario o que un sicario contratado actuó de manera concertada como un loco solitario, el homicidio de Luis Donaldo Colosio puso al Estado mexicano de cabeza. Se consumieron las reservas, el miedo votó vestido de gala y aquello remató con el error de diciembre de ese año, que jura Carlos Salinas no fue suyo.
Obviamente, el presidente Carlos Salinas no se planteó los efectos directos e indirectos del magnicidio pero, en ese entonces, las instituciones y los partidos tenían mayor solidez, en el gabinete había algunos cuadros con talla de hombres de Estado, los focos criminales y violentos estaban bien ubicados, la confrontación política estaba al interior de la familia tricolor y, además, el país venía del sueño primermundista. Pese a los años que le tomó al país recuperarse, se evitó que aquel desastre se tradujera en ruptura.
Hoy, la situación es radicalmente distinta. El país no sale de la pesadilla criminal, la confrontación y la polarización desborda a los partidos, la criminalidad se desparrama en varias regiones, la violencia tiene muy diversa expresión (criminal, oficial, radical, social), no hay hombres de Estado en el gabinete, los partidos muestran menos solidez, las instituciones dan muestra de agotamiento, la economía se desacelera si no es que entra en recesión y, lo más grave, esta vez el presidente Felipe Calderón no puede desconsiderar el escenario de un magnicidio.
¿Cuál es el cálculo oficial?
La respuesta a esa interrogante toca, desde luego, darla al calderonismo, que evidentemente se inclina más por difundir propaganda tranquilizadora que información objetiva sobre el estado que guarda la nación.
Al margen de ello, hay dos entidades más que igualmente deberían tomar providencias frente a esa probabilidad y, sobre todo, en conjurarla. De un lado, los partidos y los precandidatos que deberían reconocer las condiciones extraordinarias en que van a competir y, de otro, el Instituto Federal Electoral, que hasta ahora está más interesado en el monto de lo que va a gastar que en el proceso que va arbitrar.
En cuanto a los partidos asombra cómo su foco de atención está puesto en evitar su fractura a partir de los términos de selección de su respectivo abanderado, y en cuanto a los precandidatos su atención se fija en el espejo de las encuestas donde se admiran. La circunstancia nacional -criminal, económica y social- no aparece en su radar, siendo que en ella van a caminar y aterra que, pese a la evidencia, insistan en pensar que por un carril confinado corre la elección y por otro u otros corre la violencia criminal, la desaceleración económica y la descomposición social.
En cuanto al órgano electoral resulta increíble que no se conduzca como muchísimo mayor firmeza ante el Gobierno, los partidos y los precandidatos para advertirles que, de mantenerse los índices de violencia e inestabilidad, el concurso electoral está en peligro. Sí, esa dimensión alcanza la circunstancia.
¿No tendrían que reunirse las dirigencias partidistas y el órgano electoral a reconocer lo accidentado del terreno por donde corren los precandidatos?
Casi cinco años de violencia con millares de muertos ha hecho perder asombro frente a la barbarie... pero todavía puede haber sorpresas. Es inaceptable que habiendo ya vivido la experiencia de ver caer a más de un candidato y al país en un punto de ruptura, la administración, los partidos, los precandidatos y el órgano electoral no se sienten a conjurar ese peligro.
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