Jorge Chávez Presa / El Universal
La tragedia ocurrida en un casino irregular en Monterrey pone en evidencia un hecho insólito: los gobiernos federal, estatal y municipal no están coordinados. Esto representa hoy día uno de los principales problemas que aquejan al país. ¿Cómo queremos que el Estado mexicano nos brinde seguridad cuando el Ejecutivo federal, el gobernador, el presidente municipal, legisladores federales y estatales, jueces del ámbito federal, o de los órganos autónomos, no actúan conforme a derecho? Es el marco jurídico el que permite articular una coordinación ordenada a favor del interés público.
Nadie les pide a estos funcionarios, sean del Poder Ejecutivo federal, estatal o municipal, legisladores o del ámbito del Poder Judicial, que se vuelvan amigos. Lo único que se necesita es que se coordinen al pie de la letra en lo que marca la ley. Eso sí, se han esmerado por mostrarse como si fueran enemigos, o ¿cómo explicamos la dinámica de confrontación?
Los mexicanos somos los grandes afectados por esta falta de coordinación entre gobiernos y poderes. ¿Será que la lucha soterrada por alcanzar el poder público ya es tan cínica que ni siquiera simulan el afán por asegurar privilegios y depredar la Hacienda pública para volverla botín de grupos?
El común denominador en el problema de seguridad, la guardería ABC en Sonora (un servicio público subrogado) y el ataque al casino en Monterrey (autorización a un ente privado para operar esta clase de negocio), es que los distintos órdenes de gobierno e inclusive los poderes Legislativo y Judicial, están actuando cada uno por su cuenta. Todos ellos olvidan que forman parte del poder público, el cual es único. La cuenta en términos de pérdida de vidas, inversiones que no llegan y empleos que no se crean nos sale muy cara. Igual de caro nos resulta que quienes están en los cargos públicos, unos por elección popular directa, y otros por ratificación del Poder Legislativo a propuesta del titular del Ejecutivo, no entiendan su función y papel dentro del Estado.
Bajo ninguna circunstancia la división de poderes, o la organización del quehacer público en distintos órdenes o niveles de gobierno, significa que la forma de relacionarse es en términos de confrontación o de falta de comunicación, o de actitud para cerrar las vías de cooperación y diálogo. ¿Cómo nos afecta que nuestros servidores públicos no entiendan lo que son contrapesos, o que los confundan para mostrar autonomía e independencia en la toma de decisiones contrarias al interés público?
Una vez más, y con cada muerto que se suma al abultado número de víctimas de la violencia asociada al crimen organizado, el gran perdedor es el ciudadano de a pie en lo individual y la vida en comunidad en general, ambos fuente de la generación de riqueza. El federalismo existe para unir, no para dividir a los mexicanos, y menos aun para perjudicarlos.
La acción deliberada de detener la nueva legislación en materia de seguridad nacional para que las Fuerzas Armadas puedan actuar dentro del marco jurídico, y con ello se pueda hacer frente al crimen organizado que se vale de armas de alto poder, es un crimen en sí mismo. ¿Dónde están los políticos de verdad para sacarla adelante?
Es indispensable que nuestros legisladores, líderes de partido, gobernadores, líderes sociales y líderes empresariales cambien esa actitud negativa de “no dejar cachar, ni pichar, ni batear”, o de “si no es mi propuesta, no pasa ninguna”.
La obsesión por llegar al poder para hacer uso faccioso y personal del mismo es enfermiza. Ésta sólo podrá detenerse si nos organizamos, esto es sociedad civil, para exigir que quienes aspiran a llegar al poder sea para servir al país, a su región y a su comunidad en los términos de un programa claro y directo de los “qués y los cómos”. Solamente así evolucionaremos del modelo y régimen de gobierno autoritario al nuevo de un Estado de derecho democrático. De otra manera perdurará la discrecionalidad para hacer uso del poder público en beneficio de unos cuantos.
Por ello, el ciudadano tiene que aprender también a identificar quién es el responsable, para que cuando haya elecciones castigue y saque a los que no deberían estar en la política. De lo contrario, nuestra democracia se quedará estancada, en el mejor de los casos, y, en el peor, la lista de muertos seguirá aumentando.
Economista
La tragedia ocurrida en un casino irregular en Monterrey pone en evidencia un hecho insólito: los gobiernos federal, estatal y municipal no están coordinados. Esto representa hoy día uno de los principales problemas que aquejan al país. ¿Cómo queremos que el Estado mexicano nos brinde seguridad cuando el Ejecutivo federal, el gobernador, el presidente municipal, legisladores federales y estatales, jueces del ámbito federal, o de los órganos autónomos, no actúan conforme a derecho? Es el marco jurídico el que permite articular una coordinación ordenada a favor del interés público.
Nadie les pide a estos funcionarios, sean del Poder Ejecutivo federal, estatal o municipal, legisladores o del ámbito del Poder Judicial, que se vuelvan amigos. Lo único que se necesita es que se coordinen al pie de la letra en lo que marca la ley. Eso sí, se han esmerado por mostrarse como si fueran enemigos, o ¿cómo explicamos la dinámica de confrontación?
Los mexicanos somos los grandes afectados por esta falta de coordinación entre gobiernos y poderes. ¿Será que la lucha soterrada por alcanzar el poder público ya es tan cínica que ni siquiera simulan el afán por asegurar privilegios y depredar la Hacienda pública para volverla botín de grupos?
El común denominador en el problema de seguridad, la guardería ABC en Sonora (un servicio público subrogado) y el ataque al casino en Monterrey (autorización a un ente privado para operar esta clase de negocio), es que los distintos órdenes de gobierno e inclusive los poderes Legislativo y Judicial, están actuando cada uno por su cuenta. Todos ellos olvidan que forman parte del poder público, el cual es único. La cuenta en términos de pérdida de vidas, inversiones que no llegan y empleos que no se crean nos sale muy cara. Igual de caro nos resulta que quienes están en los cargos públicos, unos por elección popular directa, y otros por ratificación del Poder Legislativo a propuesta del titular del Ejecutivo, no entiendan su función y papel dentro del Estado.
Bajo ninguna circunstancia la división de poderes, o la organización del quehacer público en distintos órdenes o niveles de gobierno, significa que la forma de relacionarse es en términos de confrontación o de falta de comunicación, o de actitud para cerrar las vías de cooperación y diálogo. ¿Cómo nos afecta que nuestros servidores públicos no entiendan lo que son contrapesos, o que los confundan para mostrar autonomía e independencia en la toma de decisiones contrarias al interés público?
Una vez más, y con cada muerto que se suma al abultado número de víctimas de la violencia asociada al crimen organizado, el gran perdedor es el ciudadano de a pie en lo individual y la vida en comunidad en general, ambos fuente de la generación de riqueza. El federalismo existe para unir, no para dividir a los mexicanos, y menos aun para perjudicarlos.
La acción deliberada de detener la nueva legislación en materia de seguridad nacional para que las Fuerzas Armadas puedan actuar dentro del marco jurídico, y con ello se pueda hacer frente al crimen organizado que se vale de armas de alto poder, es un crimen en sí mismo. ¿Dónde están los políticos de verdad para sacarla adelante?
Es indispensable que nuestros legisladores, líderes de partido, gobernadores, líderes sociales y líderes empresariales cambien esa actitud negativa de “no dejar cachar, ni pichar, ni batear”, o de “si no es mi propuesta, no pasa ninguna”.
La obsesión por llegar al poder para hacer uso faccioso y personal del mismo es enfermiza. Ésta sólo podrá detenerse si nos organizamos, esto es sociedad civil, para exigir que quienes aspiran a llegar al poder sea para servir al país, a su región y a su comunidad en los términos de un programa claro y directo de los “qués y los cómos”. Solamente así evolucionaremos del modelo y régimen de gobierno autoritario al nuevo de un Estado de derecho democrático. De otra manera perdurará la discrecionalidad para hacer uso del poder público en beneficio de unos cuantos.
Por ello, el ciudadano tiene que aprender también a identificar quién es el responsable, para que cuando haya elecciones castigue y saque a los que no deberían estar en la política. De lo contrario, nuestra democracia se quedará estancada, en el mejor de los casos, y, en el peor, la lista de muertos seguirá aumentando.
Economista
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