RENÉ DELGADO / REFORMA
SOBREAVISO
La insensibilidad del Gobierno Federal es incorregible, su responsabilidad ineludible.
Cuatro horas después del atentado criminal cometido en un casino de Monterrey, el presidente de la República encaró el problema con su twitter -órgano fundamental de Gobierno- y, por la misma vía, cinco minutos después envió un segundo mensaje. Ambos recados exhiben la forma en que el mandatario entiende el problema provocado, indudable e imperdonablemente, por el crimen... pero avivado por su estrategia.
En el primero, consternado, se solidariza con Nuevo León y califica el hecho como "un acto de terror". En el segundo, desconsiderado -todavía ni siquiera se acaban de rescatar los muertos-, reitera su estrategia: "Estos repudiables actos nos obligan a todos a perseverar en la lucha contra esas bandas de criminales sin escrúpulos. Todo el apoyo a NL". Asunto arreglado.
Si efectivamente el nivel de la violencia criminal es ya el del terror es menester conocer la estrategia oficial correspondiente. El terrorismo no se combate con condolencias y perseverancia, exige mucho más: medidas extraordinarias que, por su gravedad, es requisito llamarlas por su nombre. Si, como establece el discurso presidencial de ayer por la mañana, fueron "verdaderos terroristas" los autores de la felonía, es hora de reformular la estrategia.
El combate al crimen exigía una estrategia distinta a la emprendida; el combate al terror exige otra.
Agosto cierra un ciclo en los días negros del país.
En el ámbito social, la población civil pasó a ser objetivo directo o indirecto del crimen: el casino de Monterrey, el estadio de Torreón, la escuela primaria de Ciudad Juárez hablan de eso. Y, en respuesta a esa realidad, distintos grupos de la sociedad comenzaron a reaccionar ante la impunidad criminal y la negligencia política: el paro de comercios y gasolineras en Acapulco, la infructuosa convocatoria vía twitter a marchar en Torreón, la confrontación de grupos ciudadanos frente a la Ley de Seguridad, así como la circulación de amenazantes correos contra quienes piden paz y cuestionan el uso de la fuerza hablan de una polarización en ciernes.
En el ámbito ciudadano y académico, el mes fue generoso, abundaron estudios, encuestas, mediciones y propuestas en materia de seguridad, elaborados con ciencia y conciencia. En distintos foros, especialistas, intelectuales y activistas se reunieron para formular y presentar propuestas. Se ha estudiado y dicho lo necesario. Dialogar es bueno, dialogar de más es postergar decisiones y posponer acciones.
En el ámbito político, el Gobierno Federal y su partido pusieron en práctica el reparto de las culpas y los muertos con los gobiernos estatales y municipales, buscando sacar raja electoral de la sangría nacional. El dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, comenzó a darle filiación partidista a los cadáveres. Politizado por naturaleza el tema, sobrepolitizarlo profundizará todavía más la desconfianza entre los actores políticos, ensanchará la oportunidad al crimen y alejará la unidad a la que se convoca.
El asunto se está complicando: de un problema de seguridad pública, se pasó a uno de seguridad interna y, de ahí, se va a un problema de seguridad nacional, con derrames dentro y fuera del país. Agosto no fue un mes más, fue distinto.
Desde el inicio de su gestión, el Ejecutivo federal lanzó una ofensiva contra el crimen organizado sin consultar a los otros poderes de la Unión ni a los otros gobiernos estatales y federales. No hizo las consultas del caso y tampoco calculó su propia infraestructura, condición, capacidad, organización, fuerza y coordinación. Ignorada la política interior correspondiente a una ofensiva de ese calibre, menos se consideró la política exterior a sabiendas del carácter transnacional del tráfico de drogas.
Así se fue a la guerra. Así se comenzaron a descabezar cárteles sin desmantelarlos y, entonces, algunas de esas organizaciones criminales derivaron en múltiples bandas de bárbaros que, sin jefes ni estrategas, diversificaron su actividad e intensificaron su violencia, derramándola sobre la sociedad. Ése es el resultado de esa ofensiva federal-unilateral, fincada en la falta de organización y de coordinación de la administración calderonista así como en la desconfianza hacia a los otros poderes de la Unión y los gobiernos estatales.
Por eso, hoy, el reclamo presidencial a los otros poderes así como a los gobiernos estatales y municipales, incluido hasta el de Estados Unidos, suena desesperado. ¿Cómo exigir a los demás hacer su parte si nunca se compartió con ellos el todo de lo que se iba a hacer? ¿Cómo reclamar unidad si nunca se consultó la estrategia y el objetivo?
¿Cómo exigir "déjenos hacer nuestro trabajo" si el trabajo hecho hasta ahora ha sido un desastre con un saldo mortal terrible?
Si la conclusión presidencial de lo ocurrido en Monterrey es, en verdad, que el Estado encara a grupos criminales terroristas, no puede presentar como fórmula de solución: mayor contundencia, mayor información e inteligencia, mayor fuerza y eficacia.
No, no puede ser. La facilidad con que la administración calderonista está empleando la palabra "terror" exige no hacer más de lo mismo, supone una estrategia distinta por completo que, quizá, incluya suspender las garantías individuales en algunas plazas y regiones de la República. Si de eso está hablando el mandatario, no es con exhortos a gobernadores, jueces, legisladores, munícipes como conseguirá acotar la actividad terrorista y tampoco lo va a lograr diciéndole a los drogadictos de Estados Unidos que busquen otro corredor para llevar su droga.
Si ése es el nuevo diagnóstico presidencial, es menester convocar a una verdadera reunión ampliada del Consejo Nacional de Seguridad Pública para plantear con toda seriedad el asunto y consultar las medidas a tomar. Y es preciso acordar acciones con Estados Unidos, dejando de lado el lucidor e inútil discurso plagado de reproche y amargura.
Se puede ser insensible frente a lo que está ocurriendo, pero no se puede ya evadir la responsabilidad a partir del reparto de culpas y la exigencia de que cada quien haga su parte, cuando quien lo pide no ha hecho la suya.
Hablar de terrorismo es cosa grave, ojalá se conozca el significado de esa palabra.
SOBREAVISO
La insensibilidad del Gobierno Federal es incorregible, su responsabilidad ineludible.
Cuatro horas después del atentado criminal cometido en un casino de Monterrey, el presidente de la República encaró el problema con su twitter -órgano fundamental de Gobierno- y, por la misma vía, cinco minutos después envió un segundo mensaje. Ambos recados exhiben la forma en que el mandatario entiende el problema provocado, indudable e imperdonablemente, por el crimen... pero avivado por su estrategia.
En el primero, consternado, se solidariza con Nuevo León y califica el hecho como "un acto de terror". En el segundo, desconsiderado -todavía ni siquiera se acaban de rescatar los muertos-, reitera su estrategia: "Estos repudiables actos nos obligan a todos a perseverar en la lucha contra esas bandas de criminales sin escrúpulos. Todo el apoyo a NL". Asunto arreglado.
Si efectivamente el nivel de la violencia criminal es ya el del terror es menester conocer la estrategia oficial correspondiente. El terrorismo no se combate con condolencias y perseverancia, exige mucho más: medidas extraordinarias que, por su gravedad, es requisito llamarlas por su nombre. Si, como establece el discurso presidencial de ayer por la mañana, fueron "verdaderos terroristas" los autores de la felonía, es hora de reformular la estrategia.
El combate al crimen exigía una estrategia distinta a la emprendida; el combate al terror exige otra.
Agosto cierra un ciclo en los días negros del país.
En el ámbito social, la población civil pasó a ser objetivo directo o indirecto del crimen: el casino de Monterrey, el estadio de Torreón, la escuela primaria de Ciudad Juárez hablan de eso. Y, en respuesta a esa realidad, distintos grupos de la sociedad comenzaron a reaccionar ante la impunidad criminal y la negligencia política: el paro de comercios y gasolineras en Acapulco, la infructuosa convocatoria vía twitter a marchar en Torreón, la confrontación de grupos ciudadanos frente a la Ley de Seguridad, así como la circulación de amenazantes correos contra quienes piden paz y cuestionan el uso de la fuerza hablan de una polarización en ciernes.
En el ámbito ciudadano y académico, el mes fue generoso, abundaron estudios, encuestas, mediciones y propuestas en materia de seguridad, elaborados con ciencia y conciencia. En distintos foros, especialistas, intelectuales y activistas se reunieron para formular y presentar propuestas. Se ha estudiado y dicho lo necesario. Dialogar es bueno, dialogar de más es postergar decisiones y posponer acciones.
En el ámbito político, el Gobierno Federal y su partido pusieron en práctica el reparto de las culpas y los muertos con los gobiernos estatales y municipales, buscando sacar raja electoral de la sangría nacional. El dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, comenzó a darle filiación partidista a los cadáveres. Politizado por naturaleza el tema, sobrepolitizarlo profundizará todavía más la desconfianza entre los actores políticos, ensanchará la oportunidad al crimen y alejará la unidad a la que se convoca.
El asunto se está complicando: de un problema de seguridad pública, se pasó a uno de seguridad interna y, de ahí, se va a un problema de seguridad nacional, con derrames dentro y fuera del país. Agosto no fue un mes más, fue distinto.
Desde el inicio de su gestión, el Ejecutivo federal lanzó una ofensiva contra el crimen organizado sin consultar a los otros poderes de la Unión ni a los otros gobiernos estatales y federales. No hizo las consultas del caso y tampoco calculó su propia infraestructura, condición, capacidad, organización, fuerza y coordinación. Ignorada la política interior correspondiente a una ofensiva de ese calibre, menos se consideró la política exterior a sabiendas del carácter transnacional del tráfico de drogas.
Así se fue a la guerra. Así se comenzaron a descabezar cárteles sin desmantelarlos y, entonces, algunas de esas organizaciones criminales derivaron en múltiples bandas de bárbaros que, sin jefes ni estrategas, diversificaron su actividad e intensificaron su violencia, derramándola sobre la sociedad. Ése es el resultado de esa ofensiva federal-unilateral, fincada en la falta de organización y de coordinación de la administración calderonista así como en la desconfianza hacia a los otros poderes de la Unión y los gobiernos estatales.
Por eso, hoy, el reclamo presidencial a los otros poderes así como a los gobiernos estatales y municipales, incluido hasta el de Estados Unidos, suena desesperado. ¿Cómo exigir a los demás hacer su parte si nunca se compartió con ellos el todo de lo que se iba a hacer? ¿Cómo reclamar unidad si nunca se consultó la estrategia y el objetivo?
¿Cómo exigir "déjenos hacer nuestro trabajo" si el trabajo hecho hasta ahora ha sido un desastre con un saldo mortal terrible?
Si la conclusión presidencial de lo ocurrido en Monterrey es, en verdad, que el Estado encara a grupos criminales terroristas, no puede presentar como fórmula de solución: mayor contundencia, mayor información e inteligencia, mayor fuerza y eficacia.
No, no puede ser. La facilidad con que la administración calderonista está empleando la palabra "terror" exige no hacer más de lo mismo, supone una estrategia distinta por completo que, quizá, incluya suspender las garantías individuales en algunas plazas y regiones de la República. Si de eso está hablando el mandatario, no es con exhortos a gobernadores, jueces, legisladores, munícipes como conseguirá acotar la actividad terrorista y tampoco lo va a lograr diciéndole a los drogadictos de Estados Unidos que busquen otro corredor para llevar su droga.
Si ése es el nuevo diagnóstico presidencial, es menester convocar a una verdadera reunión ampliada del Consejo Nacional de Seguridad Pública para plantear con toda seriedad el asunto y consultar las medidas a tomar. Y es preciso acordar acciones con Estados Unidos, dejando de lado el lucidor e inútil discurso plagado de reproche y amargura.
Se puede ser insensible frente a lo que está ocurriendo, pero no se puede ya evadir la responsabilidad a partir del reparto de culpas y la exigencia de que cada quien haga su parte, cuando quien lo pide no ha hecho la suya.
Hablar de terrorismo es cosa grave, ojalá se conozca el significado de esa palabra.
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