Jorge Zepeda Patterson / El Universal
Lo que sucedió en un casino de Monterrey y en las calles de Polanco en los últimos días revela, por distintas vías, el estado calamitoso en que se encuentra el quebranto de la ley en nuestro país.
Lo del Casino Royale es una ruptura de la noción de “hasta dónde hemos llegado”. Creíamos que con la muerte de 72 migrantes en Tamaulipas o 20 degollados en Michoacán habíamos tocado fondo. Pero lo de Monterrey es una nueva mojonera en el camino al infierno que estamos transitando. Primero, porque el hecho de que se extorsione a dueños de casinos revela el poder y el nivel de impunidad del crimen organizado. No se trata de propietarios mancos ni moneditas de oro. Los casinos son negocios que bordean la ilegitimidad y sus dueños son hombres de poder, ampliamente relacionados con el dinero y la política.
Segundo, porque a diferencia de las zonas rurales de Tamaulipas o Michoacán, estamos hablando de Monterrey, uno de los centros de poder en el país. Tercero, porque las víctimas pertenecen a las clases medias; un sector social que normalmente ve las tragedias desde sus televisores. Ciertamente los sectores medios han sido flagelados por las extorsiones y los secuestros exprés, pero las masacres sucedían en otras zonas y a otros segmentos de la población.
Me detengo en este punto. Los periodistas sabemos que el impacto de una noticia en la opinión pública es inversamente proporcional a la distancia geográfica (130 muertos en un descarrilamiento en India afectan menos que ocho personas asfixiadas en una casa de Guadalajara, por ejemplo), y directamente proporcional al grado en que las víctimas se acerquen al nicho demográfico de la población que forma opinión pública (una ejecutiva joven asesinada luego de subir a un taxi impacta más que una familia campesina desaparecida). No es casual que habiendo 5 mil víctimas “civiles” de la guerra civil sean los casos de los hijos de Martí, Wallace y Sicilia los que han galvanizado a la opinión pública vía los medios de comunicación. No debería ser así, pero no ganamos nada con negar las lógicas de comunicación que operan aquí, en Nueva York o en Londres. El asesinato colectivo de la clientela del casino regiomontano por la delincuencia organizada es también un first sociodemográfico en esta guerra. ¿Por qué esta tragedia sí ameritó invocar duelo nacional de parte de Calderón y no así la guardería de Hermosillo?
El caso del video de las damas de Polanco parecería un asunto absolutamente frívolo, comparado con lo de Monterrey, pero no lo es. Lo que medio país vio fue la constatación de la lógica que se ha instalado entre los que se sienten por encima de la ley.
Supongo que usted y yo nos indignaríamos frente a la autoridad si fuésemos detenidos injustamente, por alguna infracción o delito que no cometimos. Pero no era el caso de estas mujeres. No clamaban su inocencia. Simplemente estaban en el paroxismo de la indignación porque habían sido detenidas. En sus muy particulares códigos, las leyes o las policías existen para los “jodidos”, no para los que traen buenas camionetas, viven en Polanco y tienen dinero o influencias. En el insulto “pinche asalariado de mierda” hay un componente de clase social preñado de desprecio. Por desgracia, operó en los dos sentidos. Los policías no iban a actuar contra unas señoras que en su mundo real o “civil” son patronas. Estaban en Polanco, para todos los efectos “territorio Apache”, donde la renta de un departamento es 10 veces su ingreso mensual. Policías de a pie o de patrulla que han aprendido, de la peor manera, que meterse con un poderoso es peligroso. No es hipotético: si cualquiera de ellas hubiese resultado conocida o pariente de algún influyente, el policía sabe que sobrevendría la pérdida de su trabajo o algo peor. El video y su exposición en internet fueron la excepción en ese caso.
La tragedia de Monterrey y el bochornoso video de Polanco son caras distintas de la misma moneda: revelan la de impunidad y la abismal desconfianza no exenta de desprecio hacia las leyes y los cuerpos policiacos. Los asesinos del casino no se disfrazaron ni perpetraron su amenaza en la madrugada y no desactivaron las cámaras de seguridad. Lo hicieron a plena luz del día en una de las ciudades más patrulladas del país. El desprecio por la policía hermana estos sucesos. ¿Qué sigue?
Economista y sociólogo
Lo que sucedió en un casino de Monterrey y en las calles de Polanco en los últimos días revela, por distintas vías, el estado calamitoso en que se encuentra el quebranto de la ley en nuestro país.
Lo del Casino Royale es una ruptura de la noción de “hasta dónde hemos llegado”. Creíamos que con la muerte de 72 migrantes en Tamaulipas o 20 degollados en Michoacán habíamos tocado fondo. Pero lo de Monterrey es una nueva mojonera en el camino al infierno que estamos transitando. Primero, porque el hecho de que se extorsione a dueños de casinos revela el poder y el nivel de impunidad del crimen organizado. No se trata de propietarios mancos ni moneditas de oro. Los casinos son negocios que bordean la ilegitimidad y sus dueños son hombres de poder, ampliamente relacionados con el dinero y la política.
Segundo, porque a diferencia de las zonas rurales de Tamaulipas o Michoacán, estamos hablando de Monterrey, uno de los centros de poder en el país. Tercero, porque las víctimas pertenecen a las clases medias; un sector social que normalmente ve las tragedias desde sus televisores. Ciertamente los sectores medios han sido flagelados por las extorsiones y los secuestros exprés, pero las masacres sucedían en otras zonas y a otros segmentos de la población.
Me detengo en este punto. Los periodistas sabemos que el impacto de una noticia en la opinión pública es inversamente proporcional a la distancia geográfica (130 muertos en un descarrilamiento en India afectan menos que ocho personas asfixiadas en una casa de Guadalajara, por ejemplo), y directamente proporcional al grado en que las víctimas se acerquen al nicho demográfico de la población que forma opinión pública (una ejecutiva joven asesinada luego de subir a un taxi impacta más que una familia campesina desaparecida). No es casual que habiendo 5 mil víctimas “civiles” de la guerra civil sean los casos de los hijos de Martí, Wallace y Sicilia los que han galvanizado a la opinión pública vía los medios de comunicación. No debería ser así, pero no ganamos nada con negar las lógicas de comunicación que operan aquí, en Nueva York o en Londres. El asesinato colectivo de la clientela del casino regiomontano por la delincuencia organizada es también un first sociodemográfico en esta guerra. ¿Por qué esta tragedia sí ameritó invocar duelo nacional de parte de Calderón y no así la guardería de Hermosillo?
El caso del video de las damas de Polanco parecería un asunto absolutamente frívolo, comparado con lo de Monterrey, pero no lo es. Lo que medio país vio fue la constatación de la lógica que se ha instalado entre los que se sienten por encima de la ley.
Supongo que usted y yo nos indignaríamos frente a la autoridad si fuésemos detenidos injustamente, por alguna infracción o delito que no cometimos. Pero no era el caso de estas mujeres. No clamaban su inocencia. Simplemente estaban en el paroxismo de la indignación porque habían sido detenidas. En sus muy particulares códigos, las leyes o las policías existen para los “jodidos”, no para los que traen buenas camionetas, viven en Polanco y tienen dinero o influencias. En el insulto “pinche asalariado de mierda” hay un componente de clase social preñado de desprecio. Por desgracia, operó en los dos sentidos. Los policías no iban a actuar contra unas señoras que en su mundo real o “civil” son patronas. Estaban en Polanco, para todos los efectos “territorio Apache”, donde la renta de un departamento es 10 veces su ingreso mensual. Policías de a pie o de patrulla que han aprendido, de la peor manera, que meterse con un poderoso es peligroso. No es hipotético: si cualquiera de ellas hubiese resultado conocida o pariente de algún influyente, el policía sabe que sobrevendría la pérdida de su trabajo o algo peor. El video y su exposición en internet fueron la excepción en ese caso.
La tragedia de Monterrey y el bochornoso video de Polanco son caras distintas de la misma moneda: revelan la de impunidad y la abismal desconfianza no exenta de desprecio hacia las leyes y los cuerpos policiacos. Los asesinos del casino no se disfrazaron ni perpetraron su amenaza en la madrugada y no desactivaron las cámaras de seguridad. Lo hicieron a plena luz del día en una de las ciudades más patrulladas del país. El desprecio por la policía hermana estos sucesos. ¿Qué sigue?
Economista y sociólogo
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