Francisco Rojas / El Universal
El acuerdo logrado entre los líderes del Capitolio y el presidente Obama para elevar el techo de endeudamiento no satisfizo prácticamente a nadie pero evitó, por ahora, la suspensión de pagos del gobierno estadounidense y una crisis financiera internacional que dañaría a todos los países. Según el New York Times, la “extorsión” del Tea Party impuso condiciones como reducir los gastos dirigidos a las clases medias y pobres y preservar los privilegios de los grupos con mayores ingresos. Cabe recordar que dos tercios del déficit de los últimos años se deben a los gastos de defensa y a las exenciones fiscales concedidas por el gobierno de Bush.
Se persigue reducir, en los próximos 10 años, el déficit público mediante disminuciones del gasto público y el aumento de impuestos, lo que seguramente incidirá negativamente en el precario crecimiento de la economía de EU y aumentará el desempleo, que ya alcanza al 9.2% de la población. La disminución de la actividad económica afectará los ingresos de México por exportaciones a ese país, el turismo y las remesas.
Pese a todo se encontró una salida —provisional y precaria, pero cierta— al peligro de un colapso financiero global, aunque los temores de una recesión continúan. El acuerdo se logró gracias a las negociaciones directas entre los líderes de las cámaras y el presidente Obama, en uso de sus atribuciones, y sin la participación de los dirigentes de los partidos, que probablemente habría complicado más el proceso y dificultado el arreglo.
El mensaje político de este delicado episodio es la complejidad de alcanzar acuerdos con la diversidad de intereses de las sociedades modernas, pero esto es aún más difícil cuando los congresos —y las sociedades— se polarizan, y las minorías hacen prevalecer sus privilegios a costa de un país o, como en este caso, del mundo entero.
Los arreglos parlamentarios no son fáciles de alcanzar; requieren un trabajo delicado e intenso para conciliar puntos de vista e intereses diversos y a veces contrapuestos. En México, los senadores representan el pacto federal y los diputados representan a la nación, y cada uno de ellos tiene iguales derechos y obligaciones que todos los demás. Esta composición enriquece el análisis y discusión de las leyes, pero exige oficio político de todas las fracciones y todos los legisladores para que la función legislativa sea eficaz.
Hay piezas legislativas que deben ser aprobadas por las dos cámaras en forma sucesiva: la cámara de origen analiza y negocia la iniciativa, cuando logra un acuerdo lo envía a la cámara revisora; si ésta hace modificaciones o adiciones deben ser remitidas de nuevo a la primera para que las considere y vote, como lo dispone la normatividad del Congreso. Para acortar los tiempos, está permitido el trabajo conjunto.
Los legisladores tienen opiniones distintas, en especial sobre temas delicados, porque representan a estratos diferentes de una sociedad con una considerable diversidad geográfica, económica, social, cultural y política y es el Congreso de la Unión el espacio por excelencia para el debate libre y la construcción de acuerdos; poco a poco se han superado los tiempos en que bastaba una orden para manipular sus decisiones; ahora no sólo es necesaria la negociación entre las fracciones, sino dentro de ellas, la que a veces es ardua en partidos como el PRI, por el mosaico que representa su composición democrática y su carácter nacional.
Actualmente se discuten en la Cámara de Diputados minutas e iniciativas muy importantes, tales como la reforma laboral, la política y la Ley de Seguridad Nacional. Existen, entre las diversas fracciones, argumentos a favor y en contra en relación a diversos apartados de estas iniciativas, que estamos obligados a atender sin precipitaciones o presiones desmedidas que originen posteriores impugnaciones, incluso constitucionales, o movilizaciones sociales que en nada favorecen los acuerdos.
Por esa razón, mantendremos un diálogo constante, abierto y respetuoso con los diputados de nuestra fracción, de otras agrupaciones políticas, con académicos y con todos los representantes de la sociedad civil, para lograr acuerdos que beneficien a México y no contribuir a la polarización y encono que nada dejan, sino, al contrario, entorpecen la búsqueda del cambio que tanto necesita el país.
El acuerdo logrado entre los líderes del Capitolio y el presidente Obama para elevar el techo de endeudamiento no satisfizo prácticamente a nadie pero evitó, por ahora, la suspensión de pagos del gobierno estadounidense y una crisis financiera internacional que dañaría a todos los países. Según el New York Times, la “extorsión” del Tea Party impuso condiciones como reducir los gastos dirigidos a las clases medias y pobres y preservar los privilegios de los grupos con mayores ingresos. Cabe recordar que dos tercios del déficit de los últimos años se deben a los gastos de defensa y a las exenciones fiscales concedidas por el gobierno de Bush.
Se persigue reducir, en los próximos 10 años, el déficit público mediante disminuciones del gasto público y el aumento de impuestos, lo que seguramente incidirá negativamente en el precario crecimiento de la economía de EU y aumentará el desempleo, que ya alcanza al 9.2% de la población. La disminución de la actividad económica afectará los ingresos de México por exportaciones a ese país, el turismo y las remesas.
Pese a todo se encontró una salida —provisional y precaria, pero cierta— al peligro de un colapso financiero global, aunque los temores de una recesión continúan. El acuerdo se logró gracias a las negociaciones directas entre los líderes de las cámaras y el presidente Obama, en uso de sus atribuciones, y sin la participación de los dirigentes de los partidos, que probablemente habría complicado más el proceso y dificultado el arreglo.
El mensaje político de este delicado episodio es la complejidad de alcanzar acuerdos con la diversidad de intereses de las sociedades modernas, pero esto es aún más difícil cuando los congresos —y las sociedades— se polarizan, y las minorías hacen prevalecer sus privilegios a costa de un país o, como en este caso, del mundo entero.
Los arreglos parlamentarios no son fáciles de alcanzar; requieren un trabajo delicado e intenso para conciliar puntos de vista e intereses diversos y a veces contrapuestos. En México, los senadores representan el pacto federal y los diputados representan a la nación, y cada uno de ellos tiene iguales derechos y obligaciones que todos los demás. Esta composición enriquece el análisis y discusión de las leyes, pero exige oficio político de todas las fracciones y todos los legisladores para que la función legislativa sea eficaz.
Hay piezas legislativas que deben ser aprobadas por las dos cámaras en forma sucesiva: la cámara de origen analiza y negocia la iniciativa, cuando logra un acuerdo lo envía a la cámara revisora; si ésta hace modificaciones o adiciones deben ser remitidas de nuevo a la primera para que las considere y vote, como lo dispone la normatividad del Congreso. Para acortar los tiempos, está permitido el trabajo conjunto.
Los legisladores tienen opiniones distintas, en especial sobre temas delicados, porque representan a estratos diferentes de una sociedad con una considerable diversidad geográfica, económica, social, cultural y política y es el Congreso de la Unión el espacio por excelencia para el debate libre y la construcción de acuerdos; poco a poco se han superado los tiempos en que bastaba una orden para manipular sus decisiones; ahora no sólo es necesaria la negociación entre las fracciones, sino dentro de ellas, la que a veces es ardua en partidos como el PRI, por el mosaico que representa su composición democrática y su carácter nacional.
Actualmente se discuten en la Cámara de Diputados minutas e iniciativas muy importantes, tales como la reforma laboral, la política y la Ley de Seguridad Nacional. Existen, entre las diversas fracciones, argumentos a favor y en contra en relación a diversos apartados de estas iniciativas, que estamos obligados a atender sin precipitaciones o presiones desmedidas que originen posteriores impugnaciones, incluso constitucionales, o movilizaciones sociales que en nada favorecen los acuerdos.
Por esa razón, mantendremos un diálogo constante, abierto y respetuoso con los diputados de nuestra fracción, de otras agrupaciones políticas, con académicos y con todos los representantes de la sociedad civil, para lograr acuerdos que beneficien a México y no contribuir a la polarización y encono que nada dejan, sino, al contrario, entorpecen la búsqueda del cambio que tanto necesita el país.
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