Alberto Herrera Aragón / El Universal
La visita a nuestro país de los relatores sobre libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, Frank La Rue y Catalina Botero, ha puesto en la agenda pública el escándalo que significa la incapacidad del Estado para preservar la seguridad de las y los periodistas en nuestro país.
La deuda de las autoridades en la materia es enorme y de la mano de ella se presenta otra de las realidades que ha motivado múltiples señalamientos por parte de la comunidad internacional al Estado mexicano: la falta de protección de las y los defensores de los derechos humanos.
Hoy el tema es ineludible. Los ataques no provienen únicamente de las bandas del crimen organizado que escapan de los débiles mecanismos con que cuenta el Estado para prevenir y sancionar estos actos. Son funcionarios públicos también quienes en ocasiones utilizan el sistema de procuración de justicia para perseguirlos. Es decir, que quienes deberían proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos en ocasiones se convierten en sus agresores.
Raúl Hernández Abundio, defensor indígena tlapaneco perteneciente a la Organización del Pueblo Indígena Me Phaá (OPIM), lo sabe bien. Desde abril del año 2008 permanece en prisión injustamente después de haber sido acusado por la Procuraduría General de Justicia de Guerrero de haber asesinado a Alejandro Feliciano. Las pruebas presentadas en su contra son sencillamente absurdas, contradictorias e insostenibles. El verdadero motivo detrás de su detención es la intensa lucha que junto con decenas de indígenas Me Phaá Raúl ha librado por mejorar de las condiciones de vida de su comunidad en la región de La Montaña, en Guerrero.
La prolongada detención de Raúl ha preocupado a organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, pero ha sorprendido a pocos. Y es que las agresiones contra defensores y defensoras, en particular en el estado de Guerrero, se han convertido en una lamentable realidad cotidiana.
Junto con Raúl, fueron detenidos cuatro integrantes más de la OPIM, todos ellos ahora libres después del otorgamiento de un amparo justamente por la insostenibilidad de las pruebas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas provisionales pidiendo se garantice la protección de al menos 107 defensores y defensoras en la entidad. Raúl es uno de ellos.
Es difícil comprender la lógica detrás de estos abusos y actos de persecución. ¿No debería el Estado proteger la lucha de quienes a través de la defensa de sus propios derechos buscan salir de la pobreza? Quizás pasa que justamente detrás de la pobreza, o como parte fundamental de ella, se encuentra un sistema que no ha logrado hacer que las leyes funcionen para quienes la padecen o para quienes luchan por terminar con ella. La impunidad y la pobreza, entonces, tienen un común denominador que descansa en la incompetencia institucional para hacer rendir cuentas a los responsables de abusos y proteger a quienes reivindican sus derechos.
Raúl es considerado por Amnistía Internacional como un preso de conciencia y por ello son miles las cartas de activistas de todo el mundo que han llegado a las autoridades mexicanas mostrando su indignación. De igual forma, en meses pasados, Raúl recibió en el reclusorio de Ayutla de los Libres tres costales llenos de cartas de defensores y defensoras de México y otros países que le envían su solidaridad. Ha quedado claro así que la defensa de la dignidad humana en El Camalote —comunidad donde la OPIM denuncia la falta de condiciones mínimas para el acceso a una vida digna— no es aislada y no se lleva a cabo en soledad.
Ante la reprobable actuación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero de sostener una acusación sin fundamento, es ahora un juez mixto del estado el responsable de emitir una sentencia en los próximos días, que ponga fin a este emblema de la distorsión del sistema de procuración de justicia en México.
La reciente visita de representantes de las embajadas de Austria, Alemania y Finlandia, así como de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, a la audiencia de presentación de conclusiones hace evidente la atención internacional que ha atraído este caso.
Insistir en la libertad de Raúl desde nuestros espacios de acción y de incidencia es indispensable para lograr la modificación de prácticas institucionales que ponen en entredicho el compromiso del Estado en materia de derechos humanos.
Director ejecutivo de Amnistía Internacional México
La visita a nuestro país de los relatores sobre libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, Frank La Rue y Catalina Botero, ha puesto en la agenda pública el escándalo que significa la incapacidad del Estado para preservar la seguridad de las y los periodistas en nuestro país.
La deuda de las autoridades en la materia es enorme y de la mano de ella se presenta otra de las realidades que ha motivado múltiples señalamientos por parte de la comunidad internacional al Estado mexicano: la falta de protección de las y los defensores de los derechos humanos.
Hoy el tema es ineludible. Los ataques no provienen únicamente de las bandas del crimen organizado que escapan de los débiles mecanismos con que cuenta el Estado para prevenir y sancionar estos actos. Son funcionarios públicos también quienes en ocasiones utilizan el sistema de procuración de justicia para perseguirlos. Es decir, que quienes deberían proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos en ocasiones se convierten en sus agresores.
Raúl Hernández Abundio, defensor indígena tlapaneco perteneciente a la Organización del Pueblo Indígena Me Phaá (OPIM), lo sabe bien. Desde abril del año 2008 permanece en prisión injustamente después de haber sido acusado por la Procuraduría General de Justicia de Guerrero de haber asesinado a Alejandro Feliciano. Las pruebas presentadas en su contra son sencillamente absurdas, contradictorias e insostenibles. El verdadero motivo detrás de su detención es la intensa lucha que junto con decenas de indígenas Me Phaá Raúl ha librado por mejorar de las condiciones de vida de su comunidad en la región de La Montaña, en Guerrero.
La prolongada detención de Raúl ha preocupado a organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, pero ha sorprendido a pocos. Y es que las agresiones contra defensores y defensoras, en particular en el estado de Guerrero, se han convertido en una lamentable realidad cotidiana.
Junto con Raúl, fueron detenidos cuatro integrantes más de la OPIM, todos ellos ahora libres después del otorgamiento de un amparo justamente por la insostenibilidad de las pruebas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas provisionales pidiendo se garantice la protección de al menos 107 defensores y defensoras en la entidad. Raúl es uno de ellos.
Es difícil comprender la lógica detrás de estos abusos y actos de persecución. ¿No debería el Estado proteger la lucha de quienes a través de la defensa de sus propios derechos buscan salir de la pobreza? Quizás pasa que justamente detrás de la pobreza, o como parte fundamental de ella, se encuentra un sistema que no ha logrado hacer que las leyes funcionen para quienes la padecen o para quienes luchan por terminar con ella. La impunidad y la pobreza, entonces, tienen un común denominador que descansa en la incompetencia institucional para hacer rendir cuentas a los responsables de abusos y proteger a quienes reivindican sus derechos.
Raúl es considerado por Amnistía Internacional como un preso de conciencia y por ello son miles las cartas de activistas de todo el mundo que han llegado a las autoridades mexicanas mostrando su indignación. De igual forma, en meses pasados, Raúl recibió en el reclusorio de Ayutla de los Libres tres costales llenos de cartas de defensores y defensoras de México y otros países que le envían su solidaridad. Ha quedado claro así que la defensa de la dignidad humana en El Camalote —comunidad donde la OPIM denuncia la falta de condiciones mínimas para el acceso a una vida digna— no es aislada y no se lleva a cabo en soledad.
Ante la reprobable actuación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero de sostener una acusación sin fundamento, es ahora un juez mixto del estado el responsable de emitir una sentencia en los próximos días, que ponga fin a este emblema de la distorsión del sistema de procuración de justicia en México.
La reciente visita de representantes de las embajadas de Austria, Alemania y Finlandia, así como de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, a la audiencia de presentación de conclusiones hace evidente la atención internacional que ha atraído este caso.
Insistir en la libertad de Raúl desde nuestros espacios de acción y de incidencia es indispensable para lograr la modificación de prácticas institucionales que ponen en entredicho el compromiso del Estado en materia de derechos humanos.
Director ejecutivo de Amnistía Internacional México
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