Jorge A. Chávez Presa / El Universal
El 1 de septiembre ha perdido valor y peso en la política del país. Desde que el Presidente no acude personalmente a rendir su Informe de Gobierno al Palacio Legislativo de San Lázaro, se minimizó esa fecha a un día más en el quehacer político del país.
Recordemos que antes no era así, y la presencia física del presidente de la República en el Congreso de la Unión era obligatoria para presentar “un informe escrito, en el que se manifieste el estado general que guarda la administración pública del país”. Esta redacción la tenía el artículo 69 de nuestra Constitución. Sin embargo, el momento de crispación del tejido político exigió una reforma constitucional en el 2008. Se promovió para ahorrar al presidente Calderón, y al país en general, las descortesías del ala radical de una oposición conformada por legisladores de los grupos parlamentarios, enojados y dispuestos a llegar a la violencia, inconformes con los resultados electorales de la contienda presidencial de 2006 que ratificó el Tribunal Federal Electoral.
Es cierto que la ceremonia se había deteriorado ya desde la administración de Miguel de la Madrid, con la famosa interpelación de Porfirio Muñoz Ledo en el Sexto Informe de Gobierno. También es cierto que ese día era “el día del presidente”, pues todos los reflectores mediáticos se concentraban en la figura presidencial. En consecuencia, todos los incentivos se alineaban para que la oposición en turno recurriera a la estridencia para adquirir notoriedad. Con ello se cumple la máxima: si la fuerza dominante no le da espacio al contrincante, este último la arrebata. Por lo tanto, esto va a suceder independientemente de qué partido esté en el gobierno y qué partido en la oposición. También era una ocasión muy propicia para que un diputado captara sus 15 segundos de fama, al levantarse con una pancarta o con dar la espalda a la tribuna. Naturaleza humana del político diría el filósofo.
Ahora bien, la reforma constitucional no fue gratuita. Para guardar formas y conservar contrapesos a cambio de eliminar el requisito de asistir al recinto legislativo, se introdujeron dos cambios en la Constitución. El primero corresponde a la introducción de la pregunta por escrito, conocida mejor como pregunta parlamentaria, con la cual las cámaras de Diputados y de Senadores pueden formularlas al primer mandatario. En la redacción de la reforma sólo se hizo explícita la obligación a contestar estas preguntas por escrito cuando se dirigen a los titulares de dependencias y entidades paraestatales en un plazo no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción. La otra modificación constitucional corresponde a la facultad para que cualquiera de las cámaras cite a cualquier integrante del gabinete legal o ampliado para que comparezca bajo protesta de decir verdad (artículos 69 y 93 de la Constitución Política).
Estos nuevos instrumentos son para promover transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, poca difusión se ha hecho al uso de esta nueva facultad, la cual se ha ejercido de manera muy discreta. La Cámara de Diputados envió hasta el 4 de noviembre de 2008 sus preguntas escritas sobre el segundo Informe de Gobierno (véase www.diputados.gob.mx/cedia/sia/re/RE-ISS-03-09.pdf que corresponde a un documento hecho público en el 2009), y esta cámara publicó las respuestas recibidas el 27 de noviembre de 2008 en la Gaceta Parlamentaria. Las preguntas y respuestas correspondientes al tercer Informe de Gobierno las hizo el Senado el 13 de octubre de 2009.
Desafortunadamente, los mexicanos no tenemos cultura parlamentaria; los medios informativos escritos y electrónicos tampoco, y sólo destacan excepciones como la de nuestro gran amigo Fidel Samaniego (qepd) quien con sus crónicas nos daba otro ángulo de la realidad parlamentaria. La saña para ridiculizar de manera especial y sistemática a los diputados, no fortalece nuestra vida democrática, mucho menos la división de poderes. Hay excesos de diputados en lo individual que distraen la atención del fondo de los asuntos, pero predomina el trabajo serio y responsable que no luce en los medios electrónicos.
¿Ejercerá este año el Congreso de la Unión su derecho a preguntar sobre el cuarto Informe, y lo sabremos los ciudadanos? ¿Qué vamos a hacer como ciudadanos si no hay un acceso fácil a las preguntas parlamentarias y sus respuestas respectivas? ¿Cuándo evaluaremos la calidad de esas preguntas y respuestas? ¿Estamos o no interesados en la rendición de cuentas, especialmente cuando la nación requiere claridad de lo que está sucediendo en la administración? ¿Ahora sí recibirán las preguntas y respuestas cobertura de los medios informativos? Son sólo preguntas ciudadanas.
Economista
El 1 de septiembre ha perdido valor y peso en la política del país. Desde que el Presidente no acude personalmente a rendir su Informe de Gobierno al Palacio Legislativo de San Lázaro, se minimizó esa fecha a un día más en el quehacer político del país.
Recordemos que antes no era así, y la presencia física del presidente de la República en el Congreso de la Unión era obligatoria para presentar “un informe escrito, en el que se manifieste el estado general que guarda la administración pública del país”. Esta redacción la tenía el artículo 69 de nuestra Constitución. Sin embargo, el momento de crispación del tejido político exigió una reforma constitucional en el 2008. Se promovió para ahorrar al presidente Calderón, y al país en general, las descortesías del ala radical de una oposición conformada por legisladores de los grupos parlamentarios, enojados y dispuestos a llegar a la violencia, inconformes con los resultados electorales de la contienda presidencial de 2006 que ratificó el Tribunal Federal Electoral.
Es cierto que la ceremonia se había deteriorado ya desde la administración de Miguel de la Madrid, con la famosa interpelación de Porfirio Muñoz Ledo en el Sexto Informe de Gobierno. También es cierto que ese día era “el día del presidente”, pues todos los reflectores mediáticos se concentraban en la figura presidencial. En consecuencia, todos los incentivos se alineaban para que la oposición en turno recurriera a la estridencia para adquirir notoriedad. Con ello se cumple la máxima: si la fuerza dominante no le da espacio al contrincante, este último la arrebata. Por lo tanto, esto va a suceder independientemente de qué partido esté en el gobierno y qué partido en la oposición. También era una ocasión muy propicia para que un diputado captara sus 15 segundos de fama, al levantarse con una pancarta o con dar la espalda a la tribuna. Naturaleza humana del político diría el filósofo.
Ahora bien, la reforma constitucional no fue gratuita. Para guardar formas y conservar contrapesos a cambio de eliminar el requisito de asistir al recinto legislativo, se introdujeron dos cambios en la Constitución. El primero corresponde a la introducción de la pregunta por escrito, conocida mejor como pregunta parlamentaria, con la cual las cámaras de Diputados y de Senadores pueden formularlas al primer mandatario. En la redacción de la reforma sólo se hizo explícita la obligación a contestar estas preguntas por escrito cuando se dirigen a los titulares de dependencias y entidades paraestatales en un plazo no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción. La otra modificación constitucional corresponde a la facultad para que cualquiera de las cámaras cite a cualquier integrante del gabinete legal o ampliado para que comparezca bajo protesta de decir verdad (artículos 69 y 93 de la Constitución Política).
Estos nuevos instrumentos son para promover transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, poca difusión se ha hecho al uso de esta nueva facultad, la cual se ha ejercido de manera muy discreta. La Cámara de Diputados envió hasta el 4 de noviembre de 2008 sus preguntas escritas sobre el segundo Informe de Gobierno (véase www.diputados.gob.mx/cedia/sia/re/RE-ISS-03-09.pdf que corresponde a un documento hecho público en el 2009), y esta cámara publicó las respuestas recibidas el 27 de noviembre de 2008 en la Gaceta Parlamentaria. Las preguntas y respuestas correspondientes al tercer Informe de Gobierno las hizo el Senado el 13 de octubre de 2009.
Desafortunadamente, los mexicanos no tenemos cultura parlamentaria; los medios informativos escritos y electrónicos tampoco, y sólo destacan excepciones como la de nuestro gran amigo Fidel Samaniego (qepd) quien con sus crónicas nos daba otro ángulo de la realidad parlamentaria. La saña para ridiculizar de manera especial y sistemática a los diputados, no fortalece nuestra vida democrática, mucho menos la división de poderes. Hay excesos de diputados en lo individual que distraen la atención del fondo de los asuntos, pero predomina el trabajo serio y responsable que no luce en los medios electrónicos.
¿Ejercerá este año el Congreso de la Unión su derecho a preguntar sobre el cuarto Informe, y lo sabremos los ciudadanos? ¿Qué vamos a hacer como ciudadanos si no hay un acceso fácil a las preguntas parlamentarias y sus respuestas respectivas? ¿Cuándo evaluaremos la calidad de esas preguntas y respuestas? ¿Estamos o no interesados en la rendición de cuentas, especialmente cuando la nación requiere claridad de lo que está sucediendo en la administración? ¿Ahora sí recibirán las preguntas y respuestas cobertura de los medios informativos? Son sólo preguntas ciudadanas.
Economista
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