José Fernández Santillán / El Universal
Con la disputa entre el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, entramos a un capítulo más de la interminable controversia entre la autoridad civil y la autoridad eclesiástica. Este pleito, con toda evidencia, no es tan sólo personal; involucra, por lo menos, a dos Poderes de la Unión: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual declaró el 5 de agosto pasado la validez constitucional del matrimonio entre personas del mismo sexo, seguida de la aprobación el 16 de agosto, para que las parejas gay puedan adoptar a menores de edad. También está metido en esta controversia el gobierno federal, en virtud de que tiene la obligación de velar por la observancia de las leyes de la República, en especial, en este caso, del artículo 130 de nuestra Carta Magna.
El contraste del comportamiento de estos dos poderes no puede ser más marcado: en tanto que los ministros de la Corte dieron un paso decisivo en defensa del Estado laico, así como de la libertad y la igualdad de los ciudadanos, independientemente de su condición social, sus preferencias sexuales y religiosas. El gobierno federal ha sido omiso para frenar este nuevo embate de la clerecía en contra de las instituciones y normas de la República.
Hizo bien Marcelo Ebrard al reaccionar en contra del infundio proferido por Sandoval acerca del supuesto soborno en el que habría incurrido él, como jefe de Gobierno capitalino, al “maicear” a los ministros de la Corte. Allí está puesta la demanda por daño moral a la que tendrá que responder el jerarca católico. No hay mejor camino para responder a esta clase de agravios que recurrir a las normas vigentes y a la cordura. Ciertamente, Marcelo actuó con prestancia hasta que, desgraciadamente, antier, en un recorrido por el World Trade Center, cayó en la misma vulgaridad de su rival al mostrar una caja de huevos con dedicatoria a Sandoval.
Peripecias aparte, el asunto es muy serio porque están en juego los cimientos de nuestra civilidad y concordia. No por casualidad uno de los padres del Estado laico, Thomas Hobbes, ubicó a la Iglesia como uno de los rivales más enconados del poder público. Por ese motivo polemizó, en el capítulo 44 del Leviatán, con aquellos pensadores que defendían “la teoría de las dos espadas”, según la cual, efectivamente uno era el poder del Papa y otro el poder del rey pero que, en una ponderación entre ambos, la espada del vicario de Cristo en la Tierra es superior a la espada del monarca. Se trata de una supremacía a la que la Iglesia católica no ha renunciado del todo y que recurrentemente reivindica. Tal es el caso de la controversia que nos ocupa.
El problema en México es que el Estado ha ido perdiendo terreno frente a los poderes económicos (los monopolios), delictivos (el narcotráfico) y espirituales (la jerarquía católica) que tienen presencia en nuestro medio. Ciertamente se trata de fuerzas que operan de manera distinta, algunas en la legalidad, otras en la ilegalidad, sin embargo, en conjunto, dejan mal parada a nuestra soberanía que debe ser entendida como el poder sobre el cual no debe haber otro poder.
Inquieta que el PAN, junto con su Presidente, esté siendo comparsa o, por lo menos, haciéndose de la vista gorda frente a este ataque a la laicidad del Estado mexicano. Para decirlo en términos hobbesianos: que no pongan por encima de la espada eclesiástica, la espada del poder civil.
Profesor de la Escuela de Humanidades del ITESM-CCM
Con la disputa entre el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, entramos a un capítulo más de la interminable controversia entre la autoridad civil y la autoridad eclesiástica. Este pleito, con toda evidencia, no es tan sólo personal; involucra, por lo menos, a dos Poderes de la Unión: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual declaró el 5 de agosto pasado la validez constitucional del matrimonio entre personas del mismo sexo, seguida de la aprobación el 16 de agosto, para que las parejas gay puedan adoptar a menores de edad. También está metido en esta controversia el gobierno federal, en virtud de que tiene la obligación de velar por la observancia de las leyes de la República, en especial, en este caso, del artículo 130 de nuestra Carta Magna.
El contraste del comportamiento de estos dos poderes no puede ser más marcado: en tanto que los ministros de la Corte dieron un paso decisivo en defensa del Estado laico, así como de la libertad y la igualdad de los ciudadanos, independientemente de su condición social, sus preferencias sexuales y religiosas. El gobierno federal ha sido omiso para frenar este nuevo embate de la clerecía en contra de las instituciones y normas de la República.
Hizo bien Marcelo Ebrard al reaccionar en contra del infundio proferido por Sandoval acerca del supuesto soborno en el que habría incurrido él, como jefe de Gobierno capitalino, al “maicear” a los ministros de la Corte. Allí está puesta la demanda por daño moral a la que tendrá que responder el jerarca católico. No hay mejor camino para responder a esta clase de agravios que recurrir a las normas vigentes y a la cordura. Ciertamente, Marcelo actuó con prestancia hasta que, desgraciadamente, antier, en un recorrido por el World Trade Center, cayó en la misma vulgaridad de su rival al mostrar una caja de huevos con dedicatoria a Sandoval.
Peripecias aparte, el asunto es muy serio porque están en juego los cimientos de nuestra civilidad y concordia. No por casualidad uno de los padres del Estado laico, Thomas Hobbes, ubicó a la Iglesia como uno de los rivales más enconados del poder público. Por ese motivo polemizó, en el capítulo 44 del Leviatán, con aquellos pensadores que defendían “la teoría de las dos espadas”, según la cual, efectivamente uno era el poder del Papa y otro el poder del rey pero que, en una ponderación entre ambos, la espada del vicario de Cristo en la Tierra es superior a la espada del monarca. Se trata de una supremacía a la que la Iglesia católica no ha renunciado del todo y que recurrentemente reivindica. Tal es el caso de la controversia que nos ocupa.
El problema en México es que el Estado ha ido perdiendo terreno frente a los poderes económicos (los monopolios), delictivos (el narcotráfico) y espirituales (la jerarquía católica) que tienen presencia en nuestro medio. Ciertamente se trata de fuerzas que operan de manera distinta, algunas en la legalidad, otras en la ilegalidad, sin embargo, en conjunto, dejan mal parada a nuestra soberanía que debe ser entendida como el poder sobre el cual no debe haber otro poder.
Inquieta que el PAN, junto con su Presidente, esté siendo comparsa o, por lo menos, haciéndose de la vista gorda frente a este ataque a la laicidad del Estado mexicano. Para decirlo en términos hobbesianos: que no pongan por encima de la espada eclesiástica, la espada del poder civil.
Profesor de la Escuela de Humanidades del ITESM-CCM
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