Guillermo Knochenhauer / El Financiero
Juan Sandoval Íñiguez, el arzobispo de Guadalajara, es boquiflojo pero ante todo, es un conservador enemigo del estado laico. El Episcopado lo apoya, no por su lenguaje de bajo nivel, más expresivo de odio que de razones, sino por los dardos que lanza contra la tolerancia liberal que todavía garantiza la Constitución.
Sandoval ha reconocido que no tiene pruebas de que el jefe de gobierno del DF haya sobornado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que validaran la constitucionalidad de la adopción por parte de parejas homosexuales. Al día siguiente –el 17 de agosto- su vocero, Antonio Gutiérrez Montaño, lo desmintió y el episcopado defendió su dicho del “maiceo” a los magistrados como “libertad de expresión”, pues vieron la oportunidad de avivar la causa de la jerarquía eclesiástica contra el Estado laico.
La oportunidad que Sandoval le ofrece a la iglesia católica más conservadora, es la de haber involucrado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que dijo causa daño moral al gobierno perredista del DF y a uno de sus posibles candidatos presidenciales, pero al acusar de corrupta a la institución que tiene la fundamental tarea de resolver controversias interpretando las normas constitutivas de la nación, pretende el desprestigio de ese recurso para atenernos al orden constitucional en controversias como las que la iglesia ha planteado desde el siglo XIX, y que lleva décadas tratando de reeditar.
La lucha contra la participación política de la institución eclesiástica y a favor de la libertad religiosa, llevó a la confrontación entre liberales y conservadores por la que el país aún paga un precio muy alto. Uno y otro bando coincidían en los principios del liberalismo económico y en la necesidad de un estado fuerte. Fue la condena de la iglesia a la Constitución de 1857 por no haber prohibido expresamente la tolerancia religiosa, y la decisión de excomulgar a todo aquel que la obedeciera, lo condujo a la guerra civil.
En medio de esa guerra civil las posiciones liberales se radicalizaron. Pasaron de la secularización a la nacionalización de los bienes del clero, a la separación Estado e Iglesia y a la libertad de cultos. En julio de 1859, en lo más intenso de la guerra, se promulgaron las leyes de reforma.
El ataque del arzobispo de Guadalajara va contra todos esos preceptos, ratificados enteramente por la Constitución de 1917, que le dan al Estado mexicano su carácter laico.
El laicismo no es anticlericalismo ni el “espíritu maligno" que según los jerarcas católicos se ha apoderado de México. Es la libertad de cultos, la libertad de opiniones y en primera y última instancia, la libertad de conciencia. En el ideario liberal, las libertades democráticas derivan de la libertad de conciencia.
La jerarquía de la iglesia católica no ha dejado de oponerse al laicismo del Estado desde el siglo XIX, ni ha dejado de pugnar contra su observancia en la educación que se imparte en las escuelas públicas, supuestamente fundamentado en la racionalidad, la cientificidad y sobre todo, en la tolerancia.
La institución eclesiástica ha aprovechado la reforma a los artículos 3ro y 27 de la Constitución que le concedió Carlos Salinas de Gortari para recrudecer sus ataques e inmiscuirse en asuntos de Estado. Hoy, el PAN, permite la activa participación de la institución eclesiástica en los asuntos de un Estado cada vez más debilitado, que ha perdido rumbo y a juicio de muchos observadores, está muy disminuida su capacidad para administrar los conflictos de la sociedad sin violencia.
Lo que menos necesita México ahora, es una escisión de la sociedad por las provocaciones del arzobispo de Guadalajara y del episcopado al gobierno del DF. Sin embargo, es posible. La disculpa pública del prelado es la única satisfacción jurídica que reclama el jefe del gobierno de la ciudad de México en su demanda civil ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. La única excusa legal de Sandoval Íñiguez para no retractarse públicamente de sus acusaciones, es que presentara pruebas jurídicamente válidas que él lo sabe, lo ha dicho, no las tiene.
Cada día que pase sin que ocurra la pública retracción del arzobispo, es un desafío al orden legal de la República.
Juan Sandoval Íñiguez, el arzobispo de Guadalajara, es boquiflojo pero ante todo, es un conservador enemigo del estado laico. El Episcopado lo apoya, no por su lenguaje de bajo nivel, más expresivo de odio que de razones, sino por los dardos que lanza contra la tolerancia liberal que todavía garantiza la Constitución.
Sandoval ha reconocido que no tiene pruebas de que el jefe de gobierno del DF haya sobornado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que validaran la constitucionalidad de la adopción por parte de parejas homosexuales. Al día siguiente –el 17 de agosto- su vocero, Antonio Gutiérrez Montaño, lo desmintió y el episcopado defendió su dicho del “maiceo” a los magistrados como “libertad de expresión”, pues vieron la oportunidad de avivar la causa de la jerarquía eclesiástica contra el Estado laico.
La oportunidad que Sandoval le ofrece a la iglesia católica más conservadora, es la de haber involucrado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que dijo causa daño moral al gobierno perredista del DF y a uno de sus posibles candidatos presidenciales, pero al acusar de corrupta a la institución que tiene la fundamental tarea de resolver controversias interpretando las normas constitutivas de la nación, pretende el desprestigio de ese recurso para atenernos al orden constitucional en controversias como las que la iglesia ha planteado desde el siglo XIX, y que lleva décadas tratando de reeditar.
La lucha contra la participación política de la institución eclesiástica y a favor de la libertad religiosa, llevó a la confrontación entre liberales y conservadores por la que el país aún paga un precio muy alto. Uno y otro bando coincidían en los principios del liberalismo económico y en la necesidad de un estado fuerte. Fue la condena de la iglesia a la Constitución de 1857 por no haber prohibido expresamente la tolerancia religiosa, y la decisión de excomulgar a todo aquel que la obedeciera, lo condujo a la guerra civil.
En medio de esa guerra civil las posiciones liberales se radicalizaron. Pasaron de la secularización a la nacionalización de los bienes del clero, a la separación Estado e Iglesia y a la libertad de cultos. En julio de 1859, en lo más intenso de la guerra, se promulgaron las leyes de reforma.
El ataque del arzobispo de Guadalajara va contra todos esos preceptos, ratificados enteramente por la Constitución de 1917, que le dan al Estado mexicano su carácter laico.
El laicismo no es anticlericalismo ni el “espíritu maligno" que según los jerarcas católicos se ha apoderado de México. Es la libertad de cultos, la libertad de opiniones y en primera y última instancia, la libertad de conciencia. En el ideario liberal, las libertades democráticas derivan de la libertad de conciencia.
La jerarquía de la iglesia católica no ha dejado de oponerse al laicismo del Estado desde el siglo XIX, ni ha dejado de pugnar contra su observancia en la educación que se imparte en las escuelas públicas, supuestamente fundamentado en la racionalidad, la cientificidad y sobre todo, en la tolerancia.
La institución eclesiástica ha aprovechado la reforma a los artículos 3ro y 27 de la Constitución que le concedió Carlos Salinas de Gortari para recrudecer sus ataques e inmiscuirse en asuntos de Estado. Hoy, el PAN, permite la activa participación de la institución eclesiástica en los asuntos de un Estado cada vez más debilitado, que ha perdido rumbo y a juicio de muchos observadores, está muy disminuida su capacidad para administrar los conflictos de la sociedad sin violencia.
Lo que menos necesita México ahora, es una escisión de la sociedad por las provocaciones del arzobispo de Guadalajara y del episcopado al gobierno del DF. Sin embargo, es posible. La disculpa pública del prelado es la única satisfacción jurídica que reclama el jefe del gobierno de la ciudad de México en su demanda civil ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. La única excusa legal de Sandoval Íñiguez para no retractarse públicamente de sus acusaciones, es que presentara pruebas jurídicamente válidas que él lo sabe, lo ha dicho, no las tiene.
Cada día que pase sin que ocurra la pública retracción del arzobispo, es un desafío al orden legal de la República.
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