sábado, 28 de agosto de 2010

CAMBIOS FALLIDOS

Alejandra Cullen Benítez / El Universal
Ni los muertos ni los años convencerán a Felipe Calderón de repensar su “guerra”. Dialoga, hace nombramientos y anuncia cambios al presupuesto para fortalecer su visión única sobre el problema: la policial.
En sus Diálogos por la Seguridad, invitó a casi todos los actores relevantes. Del gabinete sólo asistieron los secretarios de Gobernación, Seguridad Pública y el procurador. La composición de estas mesas prueba que su entendimiento de la “guerra” se limita a la disposición de efectivos, la captura de capos y el acopio de droga y armas. La ausencia de los miembros del gabinete económico y social muestra que éstos no se perciben como componentes de la solución.
El Presidente no vincula, ni en su discurso, ni en sus acciones, la realidad socioeconómica nacional con su guerra. No relaciona el deterioro institucional en los tres órdenes de gobierno con la crisis que padecemos. No incorpora los daños generados, ni las carencias públicas. Critica a las administraciones municipales y propone la centralización de la policía. No plantea la transformación local de fondo.
En cuatro años, nadie ha presentado un diagnóstico de desarrollo económico y social de las regiones afectadas. Nadie habla del impacto de la violencia, allende el número de muertos y los problemas de imagen que causa a la nación.
No hay una oferta de opciones para atender víctimas, ni para prevenir el crecimiento de victimarios que acrecienten las filas del crimen. No hay política económica para atender las regiones en guerra. En los diálogos, varios actores exigieron políticas que complementen las balas. No hubo eco para sus demandas, sólo ofrecen policías y cañones.
La estrategia incorpora pobres mecanismos contra el lavado de dinero y carece de estrategias de atención preventiva y contención social. Ni Sedesol, ni Sagarpa, ni Economía, ni SCT han diseñado política pública alguna que complemente la “guerra” del Presidente. No hay una visión integral sobre el daño que padecen las regiones afectadas, ni acciones que contrarresten la actividad ilícita. No se abren opciones a los trabajadores, ni se cierran puertas a los criminales. Ni “Todos Somos Juárez”, supuesto plan piloto de la nueva visión de guerra, sirvió para eso. Liberaron recursos sin exigir cambios institucionales municipales. Los critican por corruptos pero no los ayudan a instrumentar política alguna. Pasadas las elecciones, el programa pasó al tintero.
El Presidente anunció que buscará reasignar recursos sociales al área de seguridad, de lo contrario, amenazó, aumentará impuestos. La estructura presupuestal refleja los verdaderos compromisos de un gobierno. Transferir recursos del área social a la de seguridad prueba que, para esta administración, el narcotráfico y la violencia son un problema en sí mismo, no la consecuencia de un mal mayor. Asumen que el crimen organizado es un conjunto de rufianes sin principios, no el producto de un país carente de alternativas para sus ciudadanos. Los tratan como “ridícula minoría”, no como los que aprovechan las crecientes debilidades institucionales y la corrupción de un sistema que trabaja al margen de la ley.
En las ciudades en guerra, entre los muertos emerge el sector servicios y, paulatinamente, se suma el resto de la economía. Se pierden los empleos. Los jóvenes no estudian ni trabajan por falta de opciones, y los critican por volverse criminales. Esta administración insiste en analizar de manera independiente los problemas sociales, económicos, políticos, institucionales y de seguridad. No integra los diagnósticos sectoriales a una solución integral.
El tráfico de drogas que empezaron algunos es, hoy, un mercado de cuotas, ejecuciones, extorsiones, levantados y demás. La economía del narcotráfico impacta todos los sectores. Afecta desde las pequeñas misceláneas que venden droga, los campesinos que la producen, hasta las boutiques de productos de lujo y las inmobiliarias. Genera empleo y complementa ingresos de funcionarios y policías en los tres órdenes de gobierno. Llega su penetración a lo más profundo de la sociedad.
La solución no puede venir desde arriba con la sola acumulación de armas y policías. Justificar la “guerra” desde una sóla perspectiva no producirá la “victoria”. Debe entenderse qué fortaleció al narcotráfico (allende el consumo de los americanos) y qué acrecentó la violencia (allende la venta de armas americanas).
El gobierno federal margina los ámbitos económico, social, político e institucional. Nunca promovió el diálogo con autoridades, ni con ciudadanos, para entender la problemática local. Impuso una visión, generó muertos pero no aportó ni tumbas para enterrarlos. Urge que estudien al narcotráfico y la violencia, como síntomas de problemas más serios como la corrupción, la impunidad, la debilidad institucional, la falta de oportunidades y de crecimiento económico. Tiene el Presidente que revisar su estrategia. Necesita mayor cooperación con los órdenes de gobierno y sus ciudadanos. Diseñar una política social y económica regional para ayudar a las zonas afectadas podría servir para empezar ese diálogo y atender de fondo las causas de la guerra.
Analista

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