De acuerdo con el último reporte disponible de la Procuraduría General de la República, de septiembre del 2008 a julio del 2009 sólo se decomisaron 2.9 millones de dólares y 4 millones de pesos mediante procesos judiciales en el país; mientras que en países como Italia, las autoridades han despojado al crimen organizado de cerca de 10,000 millones de dólares y de 12,000 bienes en el último año y medio.
Ante ello, para Silvano Aureoles, vicecoordinador del PRD en el Senado, “el gobierno ha fallado en el combate al lavado de dinero proveniente del crimen organizado”.
Precisamente, Aureoles promueve una iniciativa de reforma para fortalecer los esquemas para que el dinero de la delincuencia organizada no se involucre en empresas que son proveedoras de bienes y servicios del gobierno.
Mediante una reforma a la Ley Orgánica de la PGR, plantea otorgarle a esa instancia facultades de practicar diligencias conducentes para la expedición del Certificado de Transparencia a proveedores y contratistas del Estado, con el fin de garantizar que son negocios libres de recursos ilícitos.
Aureoles considera que la autoridad, mediante sus sistemas de inteligencia y unidades especializadas, podrá realizar una revisión a priori de los capitales que integran la empresa y, a la confirmación del origen de su licitud, se podrá verificar que los socios de las empresas no están vinculados o en proceso de investigación con las redes de la delincuencia organizada.
Desde la raíz
El senador René Arce, quien junto con la legisladora Minerva Hernández (PRD) promueve una ley antilavado, alertó que en México existen “fortunas” y emporios que ha creado el crimen organizado “de la noche a la mañana”, como grandes hoteles y desarrollos turísticos, por lo que es necesario que el gobierno federal realice una investigación de grandes inversiones en los últimos 20 años.
“Como ejemplo, la Catedral de Tijuana. Se hizo una catedral que el propio sacerdote de allá reconoció que era financiada por el narco. Ejemplo son los políticos asesinados hace no mucho”, dijo Arce.
El legislador refiere que existen reportes de la DEA de Estados Unidos en los que evidencia los negocios que están vinculados al narcotráfico, por lo que el gobierno federal debe hacer una investigación, en paralelo a la iniciativa que propondrá el presidente Felipe Calderón, para combatir el lavado de dinero.
Un debate añejo
Desde tiempos de Agustín Carstens al frente de la Secretaría de Hacienda, el Senado ha discutido sin éxito una reforma para combatir el lavado de dinero. Entre el 2009 y el 2010, la iniciativa de Minerva Hernández y René Arce –que es similar a la que propondrá Calderón- fue frenada por el PRI. “Hubo un gran obstáculo para que se concretara la suscripción del dictamen por la mayor parte de integrantes del PRI”, dijo la Senadora.
Frente a ello, el camino legislativo de la iniciativa de Calderón no será sencillo; el PRI y el PRD advierten que la analizarán a fondo, para que el gobierno no afecte a la población en general.
Desde multas, hasta cárcel
La iniciativa de ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita contiene multas hasta por 100,000 días de salario mínimo a quienes incumplan con la identificación y conocimiento de los clientes y usuarios, pero también hay sanciones penales que son más severas para el caso de servidores públicos.
Se sancionará con prisión de tres a 12 años y con multa de 1,000 a 5,000 días, conforme al Código Penal Federal (CPF), a quien dé fe pública de operaciones por encima de 100,000 pesos. Cuando el monto del acto u operación sea superior a 1 millón de pesos, la sanción se duplicará.
Se sancionará con prisión de tres a 12 años y con multa de 1,000 a 5,000 días de multa conforme al CPF a quienes realicen operaciones iguales o mayores a 300,000 pesos.
Se sancionará con prisión de 5 a 15 años y de 1,000 a 5,000 días multa conforme al CPF, a quien de manera dolosa: proporcione información, documentación, datos o imágenes que sean falsos.
Se inhabilitará para desempeñarse en cualquier entidad financiera a quien incurra en cualquiera de estos delitos.
Se sancionará con prisión de dos a ocho años y multa de 500 a 2,000 días multa conforme al CPF a servidores públicos que indebidamente utilicen la información; la misma sanción aplica para los sujetos obligados que informen a los involucrados que son objeto de investigación.
Ante ello, para Silvano Aureoles, vicecoordinador del PRD en el Senado, “el gobierno ha fallado en el combate al lavado de dinero proveniente del crimen organizado”.
Precisamente, Aureoles promueve una iniciativa de reforma para fortalecer los esquemas para que el dinero de la delincuencia organizada no se involucre en empresas que son proveedoras de bienes y servicios del gobierno.
Mediante una reforma a la Ley Orgánica de la PGR, plantea otorgarle a esa instancia facultades de practicar diligencias conducentes para la expedición del Certificado de Transparencia a proveedores y contratistas del Estado, con el fin de garantizar que son negocios libres de recursos ilícitos.
Aureoles considera que la autoridad, mediante sus sistemas de inteligencia y unidades especializadas, podrá realizar una revisión a priori de los capitales que integran la empresa y, a la confirmación del origen de su licitud, se podrá verificar que los socios de las empresas no están vinculados o en proceso de investigación con las redes de la delincuencia organizada.
Desde la raíz
El senador René Arce, quien junto con la legisladora Minerva Hernández (PRD) promueve una ley antilavado, alertó que en México existen “fortunas” y emporios que ha creado el crimen organizado “de la noche a la mañana”, como grandes hoteles y desarrollos turísticos, por lo que es necesario que el gobierno federal realice una investigación de grandes inversiones en los últimos 20 años.
“Como ejemplo, la Catedral de Tijuana. Se hizo una catedral que el propio sacerdote de allá reconoció que era financiada por el narco. Ejemplo son los políticos asesinados hace no mucho”, dijo Arce.
El legislador refiere que existen reportes de la DEA de Estados Unidos en los que evidencia los negocios que están vinculados al narcotráfico, por lo que el gobierno federal debe hacer una investigación, en paralelo a la iniciativa que propondrá el presidente Felipe Calderón, para combatir el lavado de dinero.
Un debate añejo
Desde tiempos de Agustín Carstens al frente de la Secretaría de Hacienda, el Senado ha discutido sin éxito una reforma para combatir el lavado de dinero. Entre el 2009 y el 2010, la iniciativa de Minerva Hernández y René Arce –que es similar a la que propondrá Calderón- fue frenada por el PRI. “Hubo un gran obstáculo para que se concretara la suscripción del dictamen por la mayor parte de integrantes del PRI”, dijo la Senadora.
Frente a ello, el camino legislativo de la iniciativa de Calderón no será sencillo; el PRI y el PRD advierten que la analizarán a fondo, para que el gobierno no afecte a la población en general.
Desde multas, hasta cárcel
La iniciativa de ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita contiene multas hasta por 100,000 días de salario mínimo a quienes incumplan con la identificación y conocimiento de los clientes y usuarios, pero también hay sanciones penales que son más severas para el caso de servidores públicos.
Se sancionará con prisión de tres a 12 años y con multa de 1,000 a 5,000 días, conforme al Código Penal Federal (CPF), a quien dé fe pública de operaciones por encima de 100,000 pesos. Cuando el monto del acto u operación sea superior a 1 millón de pesos, la sanción se duplicará.
Se sancionará con prisión de tres a 12 años y con multa de 1,000 a 5,000 días de multa conforme al CPF a quienes realicen operaciones iguales o mayores a 300,000 pesos.
Se sancionará con prisión de 5 a 15 años y de 1,000 a 5,000 días multa conforme al CPF, a quien de manera dolosa: proporcione información, documentación, datos o imágenes que sean falsos.
Se inhabilitará para desempeñarse en cualquier entidad financiera a quien incurra en cualquiera de estos delitos.
Se sancionará con prisión de dos a ocho años y multa de 500 a 2,000 días multa conforme al CPF a servidores públicos que indebidamente utilicen la información; la misma sanción aplica para los sujetos obligados que informen a los involucrados que son objeto de investigación.
CREDITO:
Jorge Monroy / El Economista
Jorge Monroy / El Economista
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