La comunidad legislativa internacional sugirió a México tres aristas a cuidar en una ley antilavado de dinero en nuestro país: crear una policía especializada en investigaciones patrimoniales, con capacidad de acción internacional; revisar el secreto bancario y garantizar procesos judiciales autónomos para ubicar el origen ilícito de los bienes de la delincuencia organizada.
“La estrategia para la región no debe circunscribirse a la persecución del narcotraficante, sino también debe favorecer y destinar mayores recursos a la investigación (y extinción) patrimonial de los delincuentes, el combate a la corrupción y, sobre todo, a la prevención del delito y la rehabilitación de las víctimas”, detalla en su último reporte la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano.
Destaca que hoy los cárteles de la droga articulan y ejercen control sobre las bandas delincuenciales que operan el contrabando, el tráfico de armas, de personas, la prostitución, las pandillas juveniles, el robo de autos, la falsificación de billetes y el financiamiento de actividades en la economía informal.
El Parlamento considera necesario que se articulen las leyes para la extinción de dominio con las de lavado de dinero y que se suscriban acuerdos binacionales entre países en materia de cooperación contra el narcotráfico.
“Es indispensable que estas leyes garanticen en todos los países la realización de investigaciones patrimoniales que permitan identificar formas de enriquecimiento inexplicable que pudieran estar vinculadas con el narcotráfico.
“Ello incluiría legislación que obligue a las autoridades tributarias y financieras de todos los países a formar grupos especializados de inteligencia tributaria y financiera.
“Será necesaria la figura de la policía especializada en investigaciones patrimoniales, con capacidad para realizar investigaciones internacionales patrimoniales que abarquen a los países de la región y de otra parte del mundo, que sean de largo alcance, no limitadas a las coyunturas”.
El Parlamento llama a sus países miembros como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Uruguay, Venezuela y México, a revisar lo dispuesto en materia del secreto bancario, bajo la perspectiva de que el narcotráfico es una amenaza a la seguridad de los estados.
“Prevenir y obstaculizar el narcotráfico supone también convertir a esta actividad poco rentable y muy difícil. Para esto se debe ejercer un mayor control de los capitales y patrimonios”, precisa el documento.
Sugiere impulsar la adopción de procesos judiciales autónomos de la responsabilidad penal, tendentes a determinar el origen ilícito de los bienes de la delincuencia organizada en poder de terceros y, en consecuencia, aplicarlos al Estado para integrar fondos de apoyo a la prevención de las adicciones y tratamiento del fármaco-dependiente.
Evitan duplicidad
Es positivo que a las instituciones financieras no se les impongan nuevos procesos administrativos de entrega de información, esto para combatir el lavado de dinero, ya que evita la duplicidad de reportes para las instituciones, consideran directivos del sector bancario.
De acuerdo con el proyecto de ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, se establece que los bancos estarán exentas del cumplimiento de reportes especiales y de procedimientos de identificación de clientes y actividades que realizan, respecto de las leyes financieras que los rigen.
CREDITO:
Jorge Monroy y Edgar Huérfano / El Economista
“La estrategia para la región no debe circunscribirse a la persecución del narcotraficante, sino también debe favorecer y destinar mayores recursos a la investigación (y extinción) patrimonial de los delincuentes, el combate a la corrupción y, sobre todo, a la prevención del delito y la rehabilitación de las víctimas”, detalla en su último reporte la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano.
Destaca que hoy los cárteles de la droga articulan y ejercen control sobre las bandas delincuenciales que operan el contrabando, el tráfico de armas, de personas, la prostitución, las pandillas juveniles, el robo de autos, la falsificación de billetes y el financiamiento de actividades en la economía informal.
El Parlamento considera necesario que se articulen las leyes para la extinción de dominio con las de lavado de dinero y que se suscriban acuerdos binacionales entre países en materia de cooperación contra el narcotráfico.
“Es indispensable que estas leyes garanticen en todos los países la realización de investigaciones patrimoniales que permitan identificar formas de enriquecimiento inexplicable que pudieran estar vinculadas con el narcotráfico.
“Ello incluiría legislación que obligue a las autoridades tributarias y financieras de todos los países a formar grupos especializados de inteligencia tributaria y financiera.
“Será necesaria la figura de la policía especializada en investigaciones patrimoniales, con capacidad para realizar investigaciones internacionales patrimoniales que abarquen a los países de la región y de otra parte del mundo, que sean de largo alcance, no limitadas a las coyunturas”.
El Parlamento llama a sus países miembros como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Uruguay, Venezuela y México, a revisar lo dispuesto en materia del secreto bancario, bajo la perspectiva de que el narcotráfico es una amenaza a la seguridad de los estados.
“Prevenir y obstaculizar el narcotráfico supone también convertir a esta actividad poco rentable y muy difícil. Para esto se debe ejercer un mayor control de los capitales y patrimonios”, precisa el documento.
Sugiere impulsar la adopción de procesos judiciales autónomos de la responsabilidad penal, tendentes a determinar el origen ilícito de los bienes de la delincuencia organizada en poder de terceros y, en consecuencia, aplicarlos al Estado para integrar fondos de apoyo a la prevención de las adicciones y tratamiento del fármaco-dependiente.
Evitan duplicidad
Es positivo que a las instituciones financieras no se les impongan nuevos procesos administrativos de entrega de información, esto para combatir el lavado de dinero, ya que evita la duplicidad de reportes para las instituciones, consideran directivos del sector bancario.
De acuerdo con el proyecto de ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, se establece que los bancos estarán exentas del cumplimiento de reportes especiales y de procedimientos de identificación de clientes y actividades que realizan, respecto de las leyes financieras que los rigen.
CREDITO:
Jorge Monroy y Edgar Huérfano / El Economista
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