Emilio Rabasa Gamboa / El Universal
En tan sólo una semana, tres declaraciones públicas, respectivamente, de Calderón sobre los juicios orales, de Sandoval Íñiguez sobre los matrimonios y adopción de menores entre personas del mismo sexo, y de Castro sobre nuestras elecciones del 2006, provocaron una fuerte reacción en la opinión pública, veamos por qué.
Felipe Calderón y el ataque al nuevo sistema acusatorio-oral.
Cuando Calderón pregunta al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia: “¿Por qué si en Chihuahua es donde se presenta el mayor avance en la aplicación de la reforma penal, es actualmente la entidad con mayor violencia, y por qué hay pocos sentenciados en comparación con el número de detenidos?”, denota que:
1) Desconoce el propósito de la reforma aprobada casi por unanimidad del Constituyente Permanente, que no fue diseñada para reducir índices de criminalidad, competencia del MP y las policías, sino para brindar al ciudadano, calidad en la impartición de justicia, con transparencia, presencia del juez e igualdad de las partes en el juicio, entre otras garantías. La oralidad busca resolver un problema de calidad, no de cantidad.
2) Culpa a la reforma de los resultados de su cuestionada estrategia de seguridad pública que ha acumulado, en cuatro años, más de 24 mil muertos, sin lograr disminuir la violencia. Su aumento en Chihuahua se debe a factores criminógenos que ni los servicios de inteligencia del Estado, ni la PGR, han podido controlar, y en los que nada tienen que ver los juicios orales.
Es inexplicable que un presidente abogado, formado en la Escuela Libre de Derecho, que enfatiza el estudio y práctica del derecho procesal, no quiera entender y apoyar el alcance histórico del nuevo procedimiento penal acusatorio-oral.
Juan Sandoval Íñiguez y el ataque a la honorabilidad de la SCJN.
Cuando el cardenal de Guadalajara afirma que “los ministros de la Corte fueron maiceados por Marcelo Ebrard para avalar la adopción de menores por parte de matrimonios entre personas del mismo sexo”, y no aporta prueba alguna que apoye su acusación de soborno, causa daño moral a los ministros del Tribunal Supremo y al jefe del Gobierno del DF, en los términos del artículo 1916 del Código Civil Federal, al afectar su “decoro, honor, reputación”, y está obligado a la reparación “mediante una indemnización en dinero”, además de que deberá pagar “la publicación de un extracto de la sentencia” que lo sancione, “en los medios informativos que (el juez) considere convenientes” y “con la misma relevancia que hubiere tenido la difusión original” de su calumnia.
Lo dicho por Sandoval Íñiguez es profundamente inconsistente: condena la unión entre personas adultas del mismo sexo y su derecho de adopción, pero no las relaciones homosexuales de sacerdotes con menores en su propia institución, situación generalizada de pederastia que ahora combate el papa Benedicto XVI.
Fidel Castro y el ataque a los resultados electorales del 2006.
Cuando el octogenario estima que en las apretadas elecciones de 2006, López Obrador “ganó la mayoría de los votos frente al candidato del PAN (Felipe Calderón), mas el imperio (Estados Unidos) no le permitió asumir el mando”, no sólo ofende al casi millón de mexicanas y mexicanos que participaron en la jornada electoral del 2 de julio de ese año, en las 140 mil casillas instaladas en todo del territorio nacional (algo impensable en Cuba), que organizaron y supervisaron la elección, en adición a los observadores internacionales, sino también a un Tribunal Constitucional que confirmó el resultado final favorable a Felipe Calderón.
Las declaraciones de Castro son profundamente contradictorias con la muralla que ha sostenido el régimen cubano contra cualquier forma de intervención en sus asuntos internos, amén de que carece de la mínima autoridad moral para juzgar a una democracia, al personalizar una de las pocas dictaduras que todavía subsisten en el mundo.
La defensa de los juicios orales ante los ataques del Poder Ejecutivo federal; de la honorabilidad de los ministros de la SCJN frente a los ataques de un cardenal y del sistema electoral que nos hemos dado los mexicanos; de la embestida de un dictador, no sólo corresponde a las autoridades del país, como en su caso lo hicieron respectivamente el propio presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia; el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, y la canciller Patricia Espinosa, es también responsabilidad de nosotros, los ciudadanos, ya que están en juego valores tan profundamente sentidos como la calidad de la justicia y la democracia en México.
Investigador del IIJ de la UNAM
En tan sólo una semana, tres declaraciones públicas, respectivamente, de Calderón sobre los juicios orales, de Sandoval Íñiguez sobre los matrimonios y adopción de menores entre personas del mismo sexo, y de Castro sobre nuestras elecciones del 2006, provocaron una fuerte reacción en la opinión pública, veamos por qué.
Felipe Calderón y el ataque al nuevo sistema acusatorio-oral.
Cuando Calderón pregunta al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia: “¿Por qué si en Chihuahua es donde se presenta el mayor avance en la aplicación de la reforma penal, es actualmente la entidad con mayor violencia, y por qué hay pocos sentenciados en comparación con el número de detenidos?”, denota que:
1) Desconoce el propósito de la reforma aprobada casi por unanimidad del Constituyente Permanente, que no fue diseñada para reducir índices de criminalidad, competencia del MP y las policías, sino para brindar al ciudadano, calidad en la impartición de justicia, con transparencia, presencia del juez e igualdad de las partes en el juicio, entre otras garantías. La oralidad busca resolver un problema de calidad, no de cantidad.
2) Culpa a la reforma de los resultados de su cuestionada estrategia de seguridad pública que ha acumulado, en cuatro años, más de 24 mil muertos, sin lograr disminuir la violencia. Su aumento en Chihuahua se debe a factores criminógenos que ni los servicios de inteligencia del Estado, ni la PGR, han podido controlar, y en los que nada tienen que ver los juicios orales.
Es inexplicable que un presidente abogado, formado en la Escuela Libre de Derecho, que enfatiza el estudio y práctica del derecho procesal, no quiera entender y apoyar el alcance histórico del nuevo procedimiento penal acusatorio-oral.
Juan Sandoval Íñiguez y el ataque a la honorabilidad de la SCJN.
Cuando el cardenal de Guadalajara afirma que “los ministros de la Corte fueron maiceados por Marcelo Ebrard para avalar la adopción de menores por parte de matrimonios entre personas del mismo sexo”, y no aporta prueba alguna que apoye su acusación de soborno, causa daño moral a los ministros del Tribunal Supremo y al jefe del Gobierno del DF, en los términos del artículo 1916 del Código Civil Federal, al afectar su “decoro, honor, reputación”, y está obligado a la reparación “mediante una indemnización en dinero”, además de que deberá pagar “la publicación de un extracto de la sentencia” que lo sancione, “en los medios informativos que (el juez) considere convenientes” y “con la misma relevancia que hubiere tenido la difusión original” de su calumnia.
Lo dicho por Sandoval Íñiguez es profundamente inconsistente: condena la unión entre personas adultas del mismo sexo y su derecho de adopción, pero no las relaciones homosexuales de sacerdotes con menores en su propia institución, situación generalizada de pederastia que ahora combate el papa Benedicto XVI.
Fidel Castro y el ataque a los resultados electorales del 2006.
Cuando el octogenario estima que en las apretadas elecciones de 2006, López Obrador “ganó la mayoría de los votos frente al candidato del PAN (Felipe Calderón), mas el imperio (Estados Unidos) no le permitió asumir el mando”, no sólo ofende al casi millón de mexicanas y mexicanos que participaron en la jornada electoral del 2 de julio de ese año, en las 140 mil casillas instaladas en todo del territorio nacional (algo impensable en Cuba), que organizaron y supervisaron la elección, en adición a los observadores internacionales, sino también a un Tribunal Constitucional que confirmó el resultado final favorable a Felipe Calderón.
Las declaraciones de Castro son profundamente contradictorias con la muralla que ha sostenido el régimen cubano contra cualquier forma de intervención en sus asuntos internos, amén de que carece de la mínima autoridad moral para juzgar a una democracia, al personalizar una de las pocas dictaduras que todavía subsisten en el mundo.
La defensa de los juicios orales ante los ataques del Poder Ejecutivo federal; de la honorabilidad de los ministros de la SCJN frente a los ataques de un cardenal y del sistema electoral que nos hemos dado los mexicanos; de la embestida de un dictador, no sólo corresponde a las autoridades del país, como en su caso lo hicieron respectivamente el propio presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia; el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, y la canciller Patricia Espinosa, es también responsabilidad de nosotros, los ciudadanos, ya que están en juego valores tan profundamente sentidos como la calidad de la justicia y la democracia en México.
Investigador del IIJ de la UNAM
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