Juan Carlos Ruiz Guadalajara* / La Jornada
La ciencia contemporánea se ha convertido en un poderoso instrumento de dominación política y económica de proporciones nunca vistas. El asombroso camino que recorrió la investigación científica en el siglo XX ha propiciado en nuestros días que muchos científicos, en diversas naciones y contextos, desarrollen prácticas muy cuestionables, supuestamente legitimadas con ambiguos y falaces argumentos, pero sobre todo con jugosos dividendos ante la mercantilización de un tipo de racionalidad científica que se ha colocado, en tiempos de globalización, al servicio del negocio y la máxima ganancia.
En México dichas prácticas se han insertado en universidades públicas, desvirtuándolas y usufructuando sus recursos. Es uno de los efectos nocivos del actual modelo de política científica, en el que influyen instancias como el Conacyt y personajes de la burocracia académica en diversos contextos regionales. La tendencia ha sido fomentar un nexo entre la investigación científica que se desarrolla en instituciones públicas y las necesidades del sector privado, ocasionando una simulada privatización de la ciencia. Ejemplo de lo anterior es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) en un área especialmente vulnerable a la relación entre ciencia y poder económico: la denominada “gestión del medio ambiente”.
Más allá de sus científicos honestos, en la UASLP se ha desarrollado un grupo que se dice especializado en el control y la mitigación de los impactos ambientales de la actividad empresarial. Su origen está en la creación de la “Agenda Ambiental” en 1998 y del Centro Universitario de Apoyo Tecnológico y Empresarial fundado en 2001. Con la llegada a la rectoría de Mario García Valdez en 2004 y la creación del Centro de Estudios, Asesorías y Servicios en Sistemas Ambientales (CEASSA) en 2006, la UASLP consolidó el triste papel de legitimador científico de lucrativos e incluso ilegales negocios.
García Valdez jamás ha destacado en disciplina académica alguna; escaló dentro de la burocracia de la UASLP utilizándola para sus relaciones y ambiciones políticas personales, principalmente con el sector político-empresarial de la capital potosina. Por ello califica a CEASSA como la primera empresa universitaria capaz de vincular ciencia, tecnología e industria a partir del capital intelectual de la UASLP, solapando el uso de recursos públicos y el tráfico de influencias en favor de la iniciativa privada, incluso trasnacional. La operación de CEASSA y sus ganancias extrauniversitarias se basa en una red formada, entre otros, por Pedro Medellín Milán (coordinador de Agenda Ambiental), su esposa Luz María Nieto Caraveo (secretaria académica de la UASLP), Joel Milán Navarro (delegado de Semarnat en SLP desde el sexenio de Fox) y Alejandro Nieto Caraveo.
CEASSA se presenta como “empresa asociada a la UASLP” y declara entre sus clientes (sic) a ocho empresas privadas, seis de ellas del sector extractivo, incluidas Minera México, Gold Corp-Minera Peñasquito, New Gold-Minera San Xavier (MSX) y Cal Química de México, todas involucradas en megaminería de tajo a cielo abierto con impactos ambientales y sociales irreversibles. Entre su variado menú de servicios “científicos” destacan la elaboración de manifestaciones de impacto ambiental, programas de ordenamiento ecológico, planeación ambiental de asentamientos humanos y restauración de sitios en programas de cierre, todo al gusto del cliente, con uso de la infraestructura universitaria y bajo un discurso falaz sobre las capacidades de la ciencia para revertir los daños que provocan negocios depredadores.
Esta empresa “universitaria” ha cobrado por avalar desastres ambientales para después volver a cobrar por proyectos de supuesta remediación. En el caso de MSX, desde 1997 científicos como Pedro Medellín y Fernando Díaz Barriga usaron a la UASLP para impulsar 100 condicionantes que le permitieron a la canadiense violar la ley. En el contexto de la autorización ilegal que MSX obtuvo en 2006, CEASSA se involucró en el diseño de la nueva NOM-155 sobre lixiviados de oro y plata, y en 2009 realizó una nueva manifestación de impacto ambiental bajo dicha NOM, en un frustrado esfuerzo por avalar la actividad delincuencial de la minera canadiense. CEASSA incluso trabajó hace poco para intentar anular el decreto estatal que declaró a Cerro de San Pedro zona de restauración y preservación de la vida silvestre, todo a cuenta de MSX.
Otro ejemplo de “científica” corrupción lo encontramos en la canadiense Cal Química de México, SA. En 2009, a unos días de concluir el gobierno de Marcelo de los Santos, el entonces titular de la Secretaría de Gestión Ambiental (Segam) de SLP, Alejandro Nieto Caraveo, autorizó por cinco años a dicha empresa la explotación intensiva a cielo abierto de un yacimiento de cal ubicado en la sierra de Álvarez, área natural protegida desde 1981. Desde 2010 Cal Química aparece como cliente de CEASSA, empresa a la que se integró como gerente Nieto Caraveo con su equipo de ex funcionarios, todo con el aval de Mario García y Joel Milán. Esto no es nuevo: baste recordar que Luis Rodolfo Rodríguez, actual representante legal de la ilegal MSX, había sido director de normatividad de la misma Segam.
La UASLP es la muestra de cómo sectores de instituciones públicas de investigación científica de nuestro país se han alejado de su función social para convertirse en consultorías de negocios privados, todo bajo la lógica del lucro y de un “desarrollismo” insostenible que necesita de un tipo específico de ciencia, la mercenaria, para justificar sus atrocidades. La idea megalómana de que la ciencia y la tecnología son capaces de solucionar todos nuestros problemas es inexacta y peligrosa. Como dijera Sartori, si nos salvamos no será con la tecnología, sino con un retorno a la inteligencia, aunque por ahora vence el homo stupidus stupidus.
* Investigador de El Colegio de San Luis, AC
La ciencia contemporánea se ha convertido en un poderoso instrumento de dominación política y económica de proporciones nunca vistas. El asombroso camino que recorrió la investigación científica en el siglo XX ha propiciado en nuestros días que muchos científicos, en diversas naciones y contextos, desarrollen prácticas muy cuestionables, supuestamente legitimadas con ambiguos y falaces argumentos, pero sobre todo con jugosos dividendos ante la mercantilización de un tipo de racionalidad científica que se ha colocado, en tiempos de globalización, al servicio del negocio y la máxima ganancia.
En México dichas prácticas se han insertado en universidades públicas, desvirtuándolas y usufructuando sus recursos. Es uno de los efectos nocivos del actual modelo de política científica, en el que influyen instancias como el Conacyt y personajes de la burocracia académica en diversos contextos regionales. La tendencia ha sido fomentar un nexo entre la investigación científica que se desarrolla en instituciones públicas y las necesidades del sector privado, ocasionando una simulada privatización de la ciencia. Ejemplo de lo anterior es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) en un área especialmente vulnerable a la relación entre ciencia y poder económico: la denominada “gestión del medio ambiente”.
Más allá de sus científicos honestos, en la UASLP se ha desarrollado un grupo que se dice especializado en el control y la mitigación de los impactos ambientales de la actividad empresarial. Su origen está en la creación de la “Agenda Ambiental” en 1998 y del Centro Universitario de Apoyo Tecnológico y Empresarial fundado en 2001. Con la llegada a la rectoría de Mario García Valdez en 2004 y la creación del Centro de Estudios, Asesorías y Servicios en Sistemas Ambientales (CEASSA) en 2006, la UASLP consolidó el triste papel de legitimador científico de lucrativos e incluso ilegales negocios.
García Valdez jamás ha destacado en disciplina académica alguna; escaló dentro de la burocracia de la UASLP utilizándola para sus relaciones y ambiciones políticas personales, principalmente con el sector político-empresarial de la capital potosina. Por ello califica a CEASSA como la primera empresa universitaria capaz de vincular ciencia, tecnología e industria a partir del capital intelectual de la UASLP, solapando el uso de recursos públicos y el tráfico de influencias en favor de la iniciativa privada, incluso trasnacional. La operación de CEASSA y sus ganancias extrauniversitarias se basa en una red formada, entre otros, por Pedro Medellín Milán (coordinador de Agenda Ambiental), su esposa Luz María Nieto Caraveo (secretaria académica de la UASLP), Joel Milán Navarro (delegado de Semarnat en SLP desde el sexenio de Fox) y Alejandro Nieto Caraveo.
CEASSA se presenta como “empresa asociada a la UASLP” y declara entre sus clientes (sic) a ocho empresas privadas, seis de ellas del sector extractivo, incluidas Minera México, Gold Corp-Minera Peñasquito, New Gold-Minera San Xavier (MSX) y Cal Química de México, todas involucradas en megaminería de tajo a cielo abierto con impactos ambientales y sociales irreversibles. Entre su variado menú de servicios “científicos” destacan la elaboración de manifestaciones de impacto ambiental, programas de ordenamiento ecológico, planeación ambiental de asentamientos humanos y restauración de sitios en programas de cierre, todo al gusto del cliente, con uso de la infraestructura universitaria y bajo un discurso falaz sobre las capacidades de la ciencia para revertir los daños que provocan negocios depredadores.
Esta empresa “universitaria” ha cobrado por avalar desastres ambientales para después volver a cobrar por proyectos de supuesta remediación. En el caso de MSX, desde 1997 científicos como Pedro Medellín y Fernando Díaz Barriga usaron a la UASLP para impulsar 100 condicionantes que le permitieron a la canadiense violar la ley. En el contexto de la autorización ilegal que MSX obtuvo en 2006, CEASSA se involucró en el diseño de la nueva NOM-155 sobre lixiviados de oro y plata, y en 2009 realizó una nueva manifestación de impacto ambiental bajo dicha NOM, en un frustrado esfuerzo por avalar la actividad delincuencial de la minera canadiense. CEASSA incluso trabajó hace poco para intentar anular el decreto estatal que declaró a Cerro de San Pedro zona de restauración y preservación de la vida silvestre, todo a cuenta de MSX.
Otro ejemplo de “científica” corrupción lo encontramos en la canadiense Cal Química de México, SA. En 2009, a unos días de concluir el gobierno de Marcelo de los Santos, el entonces titular de la Secretaría de Gestión Ambiental (Segam) de SLP, Alejandro Nieto Caraveo, autorizó por cinco años a dicha empresa la explotación intensiva a cielo abierto de un yacimiento de cal ubicado en la sierra de Álvarez, área natural protegida desde 1981. Desde 2010 Cal Química aparece como cliente de CEASSA, empresa a la que se integró como gerente Nieto Caraveo con su equipo de ex funcionarios, todo con el aval de Mario García y Joel Milán. Esto no es nuevo: baste recordar que Luis Rodolfo Rodríguez, actual representante legal de la ilegal MSX, había sido director de normatividad de la misma Segam.
La UASLP es la muestra de cómo sectores de instituciones públicas de investigación científica de nuestro país se han alejado de su función social para convertirse en consultorías de negocios privados, todo bajo la lógica del lucro y de un “desarrollismo” insostenible que necesita de un tipo específico de ciencia, la mercenaria, para justificar sus atrocidades. La idea megalómana de que la ciencia y la tecnología son capaces de solucionar todos nuestros problemas es inexacta y peligrosa. Como dijera Sartori, si nos salvamos no será con la tecnología, sino con un retorno a la inteligencia, aunque por ahora vence el homo stupidus stupidus.
* Investigador de El Colegio de San Luis, AC
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