Ernesto Villanueva / Proceso
El fortalecimiento del Canal 11 de Televisión anunciado el lunes 12 por el gobierno de Felipe Calderón no es una apuesta por un medio público o una iniciativa de orden democrático, ni nada parecido. Es más de lo mismo, pero agravado. Veamos por qué.
Primero. Este canal tiene una naturaleza jurídica ambigua porque es un organismo descentralizado del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que es desconcentrado. Es como decir que se trata de un joven adulto que depende de un bebé de brazos que, como sabemos, no tiene independencia y para vivir requiere de sus padres o tutores. Este aberrante modelo legal fue creado para que la influencia de la comunidad politécnica fuera sólo testimonial en su toma de decisiones; es decir, para dar la apariencia de que se trata de un medio con un toque educativo y cultural, pero sólo eso. El director del Canal 11 no es nombrado ni removido por el titular del IPN, sino por el secretario de Educación Pública y, de facto, por el presidente de la República. El Canal 22 es un organismo descentralizado que tiene sólidos lazos con la comunidad cultural y los comités internos de participación ciudadana. Su utilización por parte del gobierno federal como medio propagandístico le resultaría muy costosa en términos de credibilidad. El Instituto Mexicano de la Radio (Imer), a su vez, vive un proceso de transición con un organismo colegiado que opina acerca de su programación. Nada de esto existe en el Canal 11. En su momento, Julio Di Bella y Fidela Navarro crearon el sistema de autorregulación más completo del que se tenga memoria en México, pero nunca se cumplió y todo se vino abajo a su salida del canal. Por ello, el hecho de ser una televisora que carece de contrapesos internos genera el primer polo de atracción para un propósito de orden político. Peor todavía, el Canal 11 incumple sus obligaciones legales de transparencia al tener en su sitio web los datos del IPN y no los propios.
Segundo. Durante este año, el Canal 22 integró prácticamente a todo su personal al régimen constitucional en materia laboral. El Imer mantiene un sistema de plazas federales con personal complementario que cobra por honorarios. Por el contrario, Canal 11 ha implantado un esquema de contrataciones al margen de la ley: ninguno de sus trabajadores cuenta con los mínimos de seguridad social; los empleados no crean antigüedad ni tienen seguros médicos y de cesantía o vejez. Para todos los efectos hay mayor seguridad laboral en una maquiladora de Ciudad Juárez que en el Canal 11. ¿Por qué no han actuado la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de la Función Pública, el PRI o el PRD, por medio de sus legisladores, para fincar responsabilidades al director del Canal 11, quien tiene como primera obligación cumplir la ley? ¿Cómo justificar que la comunidad que trabaja en el 11 esté excluida de los derechos laborales que gozan todas las personas y que jamás tendrá jubilación alguna? ¿Cómo puede exigir la Secretaría del Trabajo a las empresas privadas que cumplan la ley si el gobierno federal no empieza por cumplirla y hacerla cumplir? Lo cierto es que esta incertidumbre laboral se convierte en una fortaleza para desarrollar un proyecto político, porque propicia la falta de un espíritu de cuerpo interno que defienda una identidad inexistente.
Tercero. El Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA), de la Secretaría de Gobernación, está creado como el cajón de sastre del gobierno de Calderón para la promoción política de su persona y de su gobierno. Lo mismo crea contenidos programáticos que administra frecuencias de radio y televisión rápidamente obtenidas para ser aprovechadas por el medio que se antoje más dúctil a la estrategia de propaganda que se despliega en el Canal 11, que no es titular de nuevas frecuencias. El oscuro proceso de creación de la OPMA y su naturaleza legal no son compatibles con ningún proceso mínimamente democrático; antes bien, reproducen las mejores artes de la simulación pues mezclan una amplia dosis de mentiras con un toque de verdad. Es ésta la visión que el calderonismo tiene de un medio público o de Estado, donde sólo la palabra presidencial basta como argumento de autoridad, sin estar sujeto a los requisitos de comprobación y sustentación de sus dichos.
Cuarto. El único medio que en los hechos tiene las características de un medio público es Radio Educación, y ello es así en virtud de que, de entrada, sus trabajadores y directivos gozan de las prestaciones constitucionales y legales en el ámbito laboral; posee un comité técnico como órgano colegiado de definición y evaluación programática, que hace las veces de custodio de su identidad pública; tiene instrumentos de autorregulación y cuenta con personal de larga carrera cuyo común denominador es su compromiso por la pluralidad y la diversidad, con una lógica de crítica propositiva. Estos factores han creado un espíritu de cuerpo y una sinergia con su audiencia que no es común observar, sobre todo porque se ha dado a pesar de su marco legal. Esta iniciativa debería ser reproducida y traducida en la ley; sin embargo, por el contrario, es objeto de un lento pero efectivo proceso de aislamiento. El director de Radio Educación es un esforzado funcionario, pero lo rebasa la estrategia de contención del gobierno federal. La señal de AM en el 1060 tiene problemas de recepción, el portal web es lamentable y no tiene información básica y la solicitud de una frecuencia de FM sigue un tortuoso camino que no sufrió la OPMA para el Canal 11. Todo es legal y técnicamente solucionable, pero el propósito claro no es resolver, sino explicar por qué no se puede hacer lo que se debe. Para los fines de ventaja política, todo el presupuesto y la voluntad; y para aquellos que sólo sirven al interés público, solamente palabras.
El fortalecimiento del Canal 11 de Televisión anunciado el lunes 12 por el gobierno de Felipe Calderón no es una apuesta por un medio público o una iniciativa de orden democrático, ni nada parecido. Es más de lo mismo, pero agravado. Veamos por qué.
Primero. Este canal tiene una naturaleza jurídica ambigua porque es un organismo descentralizado del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que es desconcentrado. Es como decir que se trata de un joven adulto que depende de un bebé de brazos que, como sabemos, no tiene independencia y para vivir requiere de sus padres o tutores. Este aberrante modelo legal fue creado para que la influencia de la comunidad politécnica fuera sólo testimonial en su toma de decisiones; es decir, para dar la apariencia de que se trata de un medio con un toque educativo y cultural, pero sólo eso. El director del Canal 11 no es nombrado ni removido por el titular del IPN, sino por el secretario de Educación Pública y, de facto, por el presidente de la República. El Canal 22 es un organismo descentralizado que tiene sólidos lazos con la comunidad cultural y los comités internos de participación ciudadana. Su utilización por parte del gobierno federal como medio propagandístico le resultaría muy costosa en términos de credibilidad. El Instituto Mexicano de la Radio (Imer), a su vez, vive un proceso de transición con un organismo colegiado que opina acerca de su programación. Nada de esto existe en el Canal 11. En su momento, Julio Di Bella y Fidela Navarro crearon el sistema de autorregulación más completo del que se tenga memoria en México, pero nunca se cumplió y todo se vino abajo a su salida del canal. Por ello, el hecho de ser una televisora que carece de contrapesos internos genera el primer polo de atracción para un propósito de orden político. Peor todavía, el Canal 11 incumple sus obligaciones legales de transparencia al tener en su sitio web los datos del IPN y no los propios.
Segundo. Durante este año, el Canal 22 integró prácticamente a todo su personal al régimen constitucional en materia laboral. El Imer mantiene un sistema de plazas federales con personal complementario que cobra por honorarios. Por el contrario, Canal 11 ha implantado un esquema de contrataciones al margen de la ley: ninguno de sus trabajadores cuenta con los mínimos de seguridad social; los empleados no crean antigüedad ni tienen seguros médicos y de cesantía o vejez. Para todos los efectos hay mayor seguridad laboral en una maquiladora de Ciudad Juárez que en el Canal 11. ¿Por qué no han actuado la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de la Función Pública, el PRI o el PRD, por medio de sus legisladores, para fincar responsabilidades al director del Canal 11, quien tiene como primera obligación cumplir la ley? ¿Cómo justificar que la comunidad que trabaja en el 11 esté excluida de los derechos laborales que gozan todas las personas y que jamás tendrá jubilación alguna? ¿Cómo puede exigir la Secretaría del Trabajo a las empresas privadas que cumplan la ley si el gobierno federal no empieza por cumplirla y hacerla cumplir? Lo cierto es que esta incertidumbre laboral se convierte en una fortaleza para desarrollar un proyecto político, porque propicia la falta de un espíritu de cuerpo interno que defienda una identidad inexistente.
Tercero. El Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA), de la Secretaría de Gobernación, está creado como el cajón de sastre del gobierno de Calderón para la promoción política de su persona y de su gobierno. Lo mismo crea contenidos programáticos que administra frecuencias de radio y televisión rápidamente obtenidas para ser aprovechadas por el medio que se antoje más dúctil a la estrategia de propaganda que se despliega en el Canal 11, que no es titular de nuevas frecuencias. El oscuro proceso de creación de la OPMA y su naturaleza legal no son compatibles con ningún proceso mínimamente democrático; antes bien, reproducen las mejores artes de la simulación pues mezclan una amplia dosis de mentiras con un toque de verdad. Es ésta la visión que el calderonismo tiene de un medio público o de Estado, donde sólo la palabra presidencial basta como argumento de autoridad, sin estar sujeto a los requisitos de comprobación y sustentación de sus dichos.
Cuarto. El único medio que en los hechos tiene las características de un medio público es Radio Educación, y ello es así en virtud de que, de entrada, sus trabajadores y directivos gozan de las prestaciones constitucionales y legales en el ámbito laboral; posee un comité técnico como órgano colegiado de definición y evaluación programática, que hace las veces de custodio de su identidad pública; tiene instrumentos de autorregulación y cuenta con personal de larga carrera cuyo común denominador es su compromiso por la pluralidad y la diversidad, con una lógica de crítica propositiva. Estos factores han creado un espíritu de cuerpo y una sinergia con su audiencia que no es común observar, sobre todo porque se ha dado a pesar de su marco legal. Esta iniciativa debería ser reproducida y traducida en la ley; sin embargo, por el contrario, es objeto de un lento pero efectivo proceso de aislamiento. El director de Radio Educación es un esforzado funcionario, pero lo rebasa la estrategia de contención del gobierno federal. La señal de AM en el 1060 tiene problemas de recepción, el portal web es lamentable y no tiene información básica y la solicitud de una frecuencia de FM sigue un tortuoso camino que no sufrió la OPMA para el Canal 11. Todo es legal y técnicamente solucionable, pero el propósito claro no es resolver, sino explicar por qué no se puede hacer lo que se debe. Para los fines de ventaja política, todo el presupuesto y la voluntad; y para aquellos que sólo sirven al interés público, solamente palabras.
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