Un cisma de gran magnitud ha provocado en el Ejército mexicano la
repentina detención de los cuatro generales de división acusados de
nexos con el narcotráfico. La crisis interna en las fuerzas armadas,
aunque silenciosa hasta ahora, tiene que ver con la molestia y la
inconformidad que se escucha en los altos mandos militares por el
tratamiento que se ha dado a los cuatro generales que están bajo
arraigo y acusados de nexos con el cartel de los Beltrán Leyva.
“¿Cuántos civiles hay detenidos por nexos con el narco, a cuántos
políticos de alto nivel que se hayan vinculado con la delincuencia se
les está procesando?”, pegunta un militar de alto rango en una plática
con el columista en la que se habla del malestar y el rechazo que ha
desatado en el Ejército estas detenciones, para las que aún no se
muestra un expediente sólido con pruebas del involucramiento de los
generales de cuatro estrellas.
La crisis que se vive al interior del Ejército, según militares
consultados, sería similar a la que vivieron las fuerzas armadas tras el
movimiento estudiantil del 68, cuando la actuación del Batallón Olimpia
en la Plaza de Tlatelolco dividió las opiniones de las cúpulas
castrenses, por el fuerte daño a la imagen pública sobre todo cuando
se culpó al Ejército de disparar contra los estudiantes y ninguna
autoridad civil asumía el haber ordenado ese operativo militar
encubierto.
Algo similar ocurre ahora con el arraigo de los generales Tomás
Angeles Dahuare, Ricardo Escorcia, Roberto Dawe González y el teniente
coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto. El caso
despierta muchas dudas y suspicacias en las cúpulas del Ejército donde
se sospecha que detrás de las detenciones hay motivaciones políticas
avaladas por la Presidencia.
Un dato que comentan entre generales es que un día antes de
que se ordenara la detención del general Angeles Dahuare y Roberto Dawe
–ejecutada por el Ejército pero decidida en Los Pinos e instrumentada
por la PGR– el presidente Calderón tuvo una comida privada con su
secretario de Seguridad Genaro García Luna, a quien los militares ubican
como uno de los artifices de las acusaciones.
La molestia entre militares de alto rango se agudiza porque sienten
que el actual gobierno, además de haberles enviado a pelear una guerra
contra la delincuencia que le correspondía a las fuerzas civiles, no
hizo lo suficiente por regularizar la participación de las fuerzas
armadas en esa labor al no lograr que se aprobara la Ley de Seguridad
Nacional impulsada por el Ejército. Hay grupos en el Ejército que se
preguntan que pasará cuando termine el sexenio y el presidente se vaya
¿quién va a defender y justificar la actuación de los militares en
labores de seguridad cuando se someta a juicio las 60 mil muertes en
esta guerra? Se preguntan los militares.
El pasado 19 de febrero, día del Ejército, en el discurso oficial, el
secretario de la Defensa, pronunció una frase que para muchos paso
desapercibida, pero que llevaba implícito todo un menaje al recordarle
al presidente que si el Ejercito está en esta lucha contra el crimen no
es por decision propia sino por una orden suya: “Es justo y oportuno en
este día expresar gratitud a nuestro Comandante Supremo por la confianza
en que de deposita en sus soldados al asignarnos la misión de coadyuvar
en la confrontación de los antagonismos criminales.
Es en ese contexto que las acusaciones contra los cuatro generales,
especialmente contra el ex subsecretario de Defensa Tomás Angeles, han
sacudido a los sectores castrenses y provocan en estos momentos
cuestionamientos sobre la solide z del caso y las pruebas en su contra.
Felipe Calderón comenzó su sexenio convulsionando al Ejército con una
decisión que aún es motivo de polémica y dudas constitucionales al
sacar a los militares de los cuarteles y lanzarlos a combatir la
delincuencia; hoy que casi termina su gobierno, el Ejército sigue
convulsionado, golpeado en su imagen publica, desgastado y en crisis.
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