SUICIDIO MARINO

Raymundo Riva Palacio / Eje Central

La política de comunicación social del Gobierno federal en materia de lucha contra las drogas, tuvo finalmente su Waterloo. El protagonismo y la necesidad de incubar en la opinión pública que lo que se hace es legítimo, ha producido en cinco años una propaganda que ha violado derechos humanos y garantías individuales, estigmatizado a personas y modificado su vida. No es tema de si esta guerra era necesaria o no, sino de cómo, incluso a quienes se les probó su involucramiento en el narcotráfico, formaron parte de una doctrina donde el fin justifica los medios. 

La propaganda no tuvo el éxito esperado en este colofón del sexenio. Las encuestas revelan que el número de mexicanos que apoyan o rechazan la estrategia gubernamental, es prácticamente el mismo. Pero al ver los niveles de aprobación a la guerra y cegarse ante los negativos, las autoridades se engolosinaron. Producto de esa práctica, este jueves se suicidó la Marina, y el tiro le pegó al presidente Felipe Calderón. 

Sin ninguna necesidad de adelantar vísperas, la Marina se apresuró a informar a la opinión pública que habían detenido al hijo de Joaquín Guzmán Loaera, símbolo del narcotráfico en México. La Marina misma introdujo el elemento de duda sobre la identidad de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, cuando señaló que quien se identificó como Félix Beltrán León, era el “presunto” hijo de “El Chapo”. El “presunto” revelaba sospecha, pero la Marina ignoró la ética y la prudencia para evitar un posible daño moral contra el detenido. Peor aún, en medio del creciente escándalo sobre la identidad de Beltrán León, insistió que era el hijo de “El Chapo”.

La temeridad de la Marina se profundizó. La PGR mostró recelo, y echó a la Marina la responsabilidad de la identidad. La Marina se la devolvió a la PGR. La PGR determinó el viernes por la noche que Beltrán León no era Guzmán Salazar, y la Marina dijo que la DEA le informó de la ubicación del “presunto” hijo. La DEA replicó que Beltrán León trabajaba para Guzmán Salazar. En síntesis: la DEA informó mal y la Marina, que tiene fe ciega a la inteligencia que le da la DEA, se fue de bruces. El problema, sin embargo, no fue haber realizado el operativo, sino haber presumido la culpabilidad de quien, cuando menos de la imputación central, es inocente.

La Marina es verdugo y víctima a la vez. Desde el arranque del sexenio, la comunicación social en la guerra contra la delincuencia organizada se hizo en dos terrenos: la policial-militar y la propaganda. La primera tenía sus tiempos –investigación, acción, judicialización-, y a la segunda no le interesó el debido proceso. En televisión mostraban a presuntos responsables, que en los medios aparecían como culpables. En la primera etapa las imágenes se acompañaron con información que procedía de las averiguaciones previas, con lo cual el propio Gobierno violaba la ley que impide revelar detalles de procesos abiertos. Aunque esto fue corregido meses después, no así la presentación sistemática de presuntos delincuentes—algunos, o muchos de los cuales fueron dejados en libertad por falta de pruebas.

Las violaciones a la ley y el daño moral infringido nunca llegaron a los niveles de la Marina la semana pasada cuando habló de “presunto”. El protagonismo se volvió en pesadilla pública y quizás una tormenta dentro del gabinete. ¿O no habrá consecuencias para el secretario de la Marina, almirante Francisco Saynez, quien por procedimiento, debe haber informado al presidente Felipe Calderón de a quién habían capturado? Los Pinos estaba enterado, no hay duda. La comunicación social del Gobierno está centralizada, sobre todo cuando se trata de la guerra contra el narcotráfico. En este contexto, la Marina no sólo engañó a la opinión pública, sino también al presidente Calderón y a su gobierno.

El impacto negativo no se quedará sólo en la Marina, sino golpea al Presidente e indirectamente a la candidata presidencial Josefina Vázquez Mota. Pero la culpa y la responsabilidad es del Gobierno en su conjunto, donde no hubo voces que impidieran esa propaganda que rayaba en la ilegalidad y en cuyo frenesí desbocado, la Marina y todo el Gobierno, quedaron exhibidos.