Francisco Rojas / El Universal
La construcción de la democracia mexicana ha sido una respuesta
civilizada a una sucesión de conflictos y demandas sociales, entre
ellas, las provenientes de los movimientos estudiantiles, obreros y
campesinos y de las fuerzas políticas desde la segunda mitad del siglo
XX. Ante ello, el PRI impulsó un proceso gradual pero profundo de
reforma política que, en 1977, posibilitó la apertura de cauces
institucionales a grupos y partidos que actuaban en el clandestinaje o
ni siquiera se habían organizado, e inauguró la pluralidad con el
sistema mixto que comprende distritos uninominales y circunscripciones
plurinominales. El registro de siete candidatos presidenciales en 1982
fue un claro reflejo de la diversidad política de la sociedad.
Los partidos se fortalecieron, la oposición ganó espacios y fuerza
política en la Cámara de Diputados y demandó reformas adicionales. Las
instituciones fueron receptivas a esos reclamos y aceleraron la reforma
política. En 1989, el PAN gana su primera gubernatura y en 1990 se crea
el Instituto Federal Electoral (IFE) para organizar las elecciones.
La reforma de 1996 fue precedida por la violencia política de 1994
(insurrección en Chiapas, asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu), la
crisis financiera y la recesión económica. Se dio plena autonomía al IFE
y se creó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) como sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde
entonces hasta nuestros días, los ciudadanos organizan las elecciones:
la movilización cívica de miles y miles de mexicanos que actúan como
autoridades electorales y cuentan los votos ha sido reconocida en el
mundo entero.
En 1997 el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y el PRD ganó
la jefatura del Gobierno del Distrito Federal; en 2000, el candidato
del PAN, Vicente Fox, ganó la Presidencia de la República y en 2006
triunfó otro panista, Felipe Calderón, con una ventaja menor a 1%. Aún
están en la memoria las protestas del candidato perdedor y los problemas
políticos que les siguieron.
Este domingo, los ciudadanos decidiremos quién nos gobernará. Esa noche,
el presidente del IFE informará el resultado del conteo rápido,
cualquiera que éste sea. Después que se hayan contado los votos y se
desahoguen las impugnaciones, el Tribunal Electoral anunciará el
resultado final e inapelable.
La democracia exige aceptar la voluntad de la mayoría, por pequeña que
sea la diferencia de votos; por ello, la semana pasada se firmó un
acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso confiando en que todos
los partidos acepten los resultados electorales.
Más de un millón de vecinos nuestros organizarán y vigilarán las
elecciones y existen múltiples pruebas de que es imposible un fraude
concertado. Por eso no hay lugar a las acusaciones prematuras de un
supuesto fraude. Los ciudadanos que valoramos la democracia debemos
defender las instituciones y el voto. Llevamos más de 35 años
perfeccionando la democracia representativa y no la vamos a echar por la
borda.
El domingo por la noche habrán concluido las elecciones y todos
deberemos ver hacia adelante. Los problemas internos y externos son
muchos y de gran calado, y los mexicanos no nos debemos desgastar en
conflictos innecesarios y sin sustento. El nuevo presidente lo será de
todos y deberá convocar al país entero, los que lo apoyaron y los que
no, a sumar esfuerzos por un objetivo supremo y común: el bien de
México.
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