ASFIXIADOS POR LAS PRÁCTICAS MONOPÓLICAS

Por Alejandro Calvillo * / EMEEQUIS

 

En forma tibia, los candidatos a la Presidencia de la República han aludido al pesado lastre que las prácticas monopólicas representan para nuestro país, como si se tratase de una plaga de origen desconocido que simplemente espera la decisión de erradicarla.

El problema de fondo es que la mayoría de los monopolios en México han crecido amparados por sus relaciones con el régimen en turno. La relación entre gobierno y monopolios es tan sólida que para la mayor parte de los políticos resulta estratégico “estar bien” con las grandes empresas, de la misma manera que los grandes empresarios buscan “estar bien” con quienes ejercen el poder o son serios aspirantes a ejercerlo.

Ese bienestar mutuo significa hacerse favores al margen –y generalmente en detrimento– del interés público.

El resultado es un país dominado por prácticas oligárquicas, monopólicas, con una economía por naturaleza injusta, sin competencia, con altos precios y mala calidad en los servicios y productos que de cualquier manera son contratados o adquiridos, porque no hay otras opciones. La economía se estanca, se agravan las desigualdades y se impide el crecimiento.

En México, los números son contundentes:

• Tres bancos dominan los servicios financieros
• Una empresa controla la red de conexión telefónica
• Dos grupos empresariales controlan la distribución de gas LP
• Tres empresas controlan el mercado del cemento
• Una empresa controla dos tercios de la producción de harina de maíz
• Tres empresas controlan la producción de pollo y huevo
• Dos empresas controlan 80 por ciento del mercado de leche
• Tres empresas dominan el mercado de carnes procesadas
• Dos empresas controlan el mercado de refrescos, jugos y agua envasados
• Una empresa controla la producción del pan industrializado
• Dos empresas controlan los canales de televisión abierta
• Dos empresas controlan la distribución de medicamentos….

Por los impactos que esto causa a los consumidores y a la competitividad nacional, e incluso a la democracia, muchos países han desarrollado herramientas para frenar las prácticas monopólicas.

La reforma a la Ley Federal de Competencia ha abierto la posibilidad de aplicar multas realmente disuasorias. De hecho, se intentó aplicar la primera multa millonaria a Telcel por reincidencia en prácticas anticompetitivas. Sin embargo, integrantes de la propia Comisión Federal de Competencia votaron en contra de esa sanción.

De esta manera, diversas corporaciones de origen mexicano como Cemex, Telmex, Televisa, Maseca, Bimbo y muchas otras, se han internacionalizado gracias a las enormes ganancias que les genera un mercado cautivo como el mexicano.

¿Y acaso los partidos políticos no se han convertido en un oligopolio, al monopolizar la actividad política? ¿Cómo se pueden lograr sistemas que obliguen a los partidos políticos a ser transparentes cuando sus propios integrantes son quienes tendrían que votar en favor de una iniciativa que les obligaría a develar sus oscuras prácticas internas?

En vez de eso han cerrado el paso a las candidaturas realmente ciudadanas (muy distintas a quienes ahora se autonombran “candidatos ciudadanos” por el sólo hecho de no militar en el partido que los avala).

En este escenario, ha sido refrescante la entrada a la escena política de los jóvenes universitarios congregados en el movimiento Yo Soy 132, señalando firmemente a Televisa y TV Azteca. Su demanda es clara: “Exigimos competencia real en el mercado de medios de comunicación, en particular a lo referente al duopolio televisivo”.

En contraste con el gobierno y la clase política que no se han atrevido a actuar ante las grandes televisoras, mostrando debilidad y temor –e incluso complicidad–, el movimiento universitario avanza, de modo vigoroso, llama a las cosas por su nombre y pone el dedo en la llaga.

México requiere más movimientos ciudadanos que señalen sin temor a los monopolios, y necesita, especialmente, políticos decididos a generar un marco institucional que impida las prácticas monopólicas.

Hasta ahora, los candidatos han aludido a estas prácticas como si se tratara de una maleza que sólo requiere voluntad personal para ser arrancada. Esa voluntad es necesaria, siempre y cuando no sea discrecional sino institucional, para crear una política pública consistente y de largo alcance que elimine el peso asfixiante de los monopolios que no sólo afectan nuestro bolsillo y calidad de vida, sino también a nuestra endeble democracia.

* Director de El Poder del Consumidor

(Con la colaboración de Gerardo Moncada)