viernes, 29 de junio de 2012

UN NUEVO CONTRATO PARA "RESOCIALIZAR" EUROPA


El resultado de tanta desregulación y austeridad es la desesperación social
No está nada claro que la Cumbre europea suponga el fin de unas políticas tan injustas como fracasadas
La Unión Europea solo saldrá de la espiral de crisis en la que está sumida tomando importantes decisiones políticas. Entre estas hay algunas que afectan directamente al destino común que une a los ciudadanos europeos. Europa solo saldrá victoriosa de la crisis mediante el fortalecimiento de la cohesión y la solidaridad.
Esta es la tarea a la que se está dedicando la Confederación Europea de Sindicatos (CES). Reunidos los días 5 y 6 de junio pasados, los líderes sindicales europeos votaron por unanimidad a favor de un nuevo contrato social para Europa. Dicho contrato, que deberá ser debatido a todos los niveles, debe basarse en tres pilares: la democracia social —incluyendo especialmente el respeto a la negociación colectiva—, la gobernanza económica al servicio de un crecimiento sostenible y empleos de calidad, y por último, la justicia económica y social (a través de las políticas de redistribución y protección social).
Hoy en día, Europa se encuentra atrapada por el fracaso de las políticas de austeridad. Los recortes presupuestarios acentúan la recesión, la cual agrava el déficit. El deterioro de las finanzas públicas lleva a los Gobiernos, bajo presión europea, a reforzar las políticas de austeridad. El círculo está cerrado, la trampa se cierra. En esta espiral desesperada, la mayoría de los Gobiernos ataca los sistemas de protección social, los salarios, los derechos laborales e incluso los derechos fundamentales.
El resultado de casi tres años de políticas de austeridad, desregulación y privatización: la explosión del desempleo, la asfixia de la economía, la creciente desigualdad, la aparición de una “nueva precariedad” y, en última instancia, la desesperación social. La CES está en posición de evaluar todos los riesgos que comporta este cóctel explosivo. Incluso más allá de la cuestión social, es la propia democracia la que está en peligro, al tiempo que se refuerzan las derechas nacionalistas en Europa, un poco por todas partes. La historia nos demuestra que cuando la democracia vacila corren riesgo los derechos fundamentales.
Europa debe cambiar radicalmente de rumbo. Salir victoriosos de la crisis significa sin duda reforzar la gobernanza económica, pero sin imponer devaluaciones internas o un amplio programa de recortes presupuestarios, sociales y laborales. Al contrario: esta nueva gobernanza debe establecerse con el fin de afrontar los retos de una prosperidad sostenible. En otras palabras, debe apoyar la cooperación y la coordinación de las políticas económicas y de las inversiones para lograr una economía baja en carbono. Debe inscribirse en un marco político e institucional claro, que refleje este destino común, en particular por la vía de la creación de eurobonos, el reforzamiento del papel del Banco Central Europeo en la gestión de la crisis, una convergencia y una armonización de las políticas fiscales (bases imponibles de las empresas tanto como los tipos), la implementación rápida del impuesto a las transacciones financieras y una lucha mucho más decidida contra los paraísos fiscales.
Para permanecer fiel al objetivo de “mejorar las condiciones de vida y de trabajo y conseguir su equiparación por la vía del progreso”, consagrado en los Tratados, esta nueva gobernanza también debe garantizar empleos de calidad, salarios justos, igualdad de trato y una protección social adecuada.
La Unión Europea no puede permanecer por más tiempo sin garantizar la sostenibilidad de la deuda pública de todos sus Estados y sin hacer nada para salir de la recesión; es decir, sin adoptar medidas que promuevan el crecimiento económico y el empleo. La cumbre del Consejo Europeo, prevista para los días 28 y 29 de junio, tiene que adoptar medidas contundentes que puedan ser implementadas sin demora. Hasta la creación de los eurobonos, el BCE tiene que comprar deuda de los Estados que lo necesiten, con carácter ilimitado, o actuar como garante de las compras que efectúen los fondos —FEEF o MEDE—. La Unión Europea tiene que prohibir las operaciones especulativas bajistas.
La CES lleva cuatro años demandando la aplicación de un urgente programa europeo de inversiones. Los líderes de los Gobiernos de Alemania, Francia, Italia y España han anunciado, tras su reciente reunión, que propondrán a la cumbre del Consejo la aprobación de un plan de inversiones por un importe equivalente al 1% del PIB europeo. Lo celebramos, pero, ante la ausencia de cualquier otra explicación adicional, llamamos la atención sobre la necesidad de que sea inversión nueva, que puede ser financiada a través del BEI y de la emisión de euroobligaciones y no una simple reordenación de las partidas de los fondos estructurales ya aprobados. Además, nos parece necesario que se aprueben programas de ayuda al crecimiento para Grecia y los demás países rescatados.
Sin embargo, por las declaraciones de varios líderes europeos, no está nada claro que la cumbre del Consejo suponga el fin de unas políticas tan injustas como fracasadas, las de austeridad y reformas estructurales. Las emprendidas en los mercados de trabajo ni promueven el crecimiento ni una prosperidad sostenible.
La UE tampoco tiene futuro sin un modelo social justo. Por ello, la CES llama a todos los actores de la escena europea (Comisión, Consejo, Parlamento Europeo, también a los Gobiernos nacionales, las organizaciones patronales, etcétera) a un gran debate por un nuevo contrato social para Europa.
Bernadette Segol es secretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos e Ignacio Fernández Toxo es presidente de la Confederación Europea de Sindicatos

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