José Antonio Reyes / El Semanario sin Límites
Los comentaristas y los políticos mexicanos han hecho reiteradamente
referencia al “pacto de la Moncloa” como un ejemplo de los acuerdos
políticos que son posibles de alcanzar para enfrentar una transición o
crisis nacional. Tal referencia se ha hecho evidente especialmente a
partir de que el PRI, como partido dominante mexicano, perdió su mayoría
parlamentaria en la Cámara de Diputados en 1997. Sin duda, a partir de
la pérdida hegemónica del PRI sobre la vida política nacional se
justificó la necesidad de establecer un pacto político que
correspondiera a una nueva realidad política del país.
Pero los llamados oficiosamente en España “Pactos de la Moncloa”
surgieron en virtud de una crisis económica que se vivía dentro de la
transición política del país ibérico. Dicho de otra manera, sin dejar
de ser importante el tema político, fueron las atingentes dificultades
económicas las que impelieron la urgencia de llegar a un acuerdo
político para su rápida y adecuada atención. Aún más, la propia
transición política Española convenida, inicialmente de manera general,
fue la que permitió establecer las políticas para atender los problemas
económicos y establecer un marco de acuerdos políticos más profundos y
extensivos.
Por ello, es posible decir que los Pactos de la Moncloa han sido en
México inadecuadamente contextualizados y equívocamente explicados, al
privilegiar sus razones y objetivos en el ámbito casi exclusivamente
político, desestimando su causa y origen. Tales hechos, oficialmente
documentados en España, deberían servir a México para considerar que la
relación de la economía hacia la política puede ser muchas veces causal
de los pactos y acuerdos, por los efectos perniciosos que una crisis
económica y financiera puede tener sobre el bienestar y las condiciones
de ingreso y empleo de la población.
De esta manera, a guisa de ejemplo nacional, es provechoso recordar que
la pérdida hegemónica del PRI se dio en un contexto netamente económico
adverso para la ciudadanía como lo fue la devaluación de 1994 y la
crisis financiera de 1995. Sólo en este último año, la contracción
económica nacional alcanzó casi 7%, superior a la caída de la producción
experimentada en 2009, que se vivió dentro de la crisis económica
internacional más profunda y larga después del crack de 1929. Así, en
México desde 1997 parecieran haberse obviado las razones económicas que
deben ser atendidas como parte de una transición política y que se
disfrazan, cada vez más, con la profundización de medidas de política
económica que han agudizado las condiciones económicas y sociales
menguantes que sufre la mayoría de la población.
“Los Pactos de la Moncloa [fueron] un acuerdo entre todas las fuerzas
políticas parlamentarias para arreglar la alarmante situación
económica”, que constituía en 1977 el punto más débil de la transición
política española a la extinción del régimen franquista (CNT,http://www.vespito.net/historia/transi/pactos.html).
Los Pactos fueron los acuerdos firmados en el Palacio de la Moncloa
“el 25 de octubre de 1977 entre el Gobierno de España […], presidido por
Adolfo Suárez, los principales partidos políticos con representación
parlamentaria en el Congreso de los Diputados, con el apoyo de las
asociaciones empresariales y el sindicato Comisiones Obreras […con…] el
rechazo [inicial] de la Unión General de Trabajadores y de la CNT (http://es.wikipedia.org/wiki/Pactos_de_la_Moncloa).
Los acuerdos aprobados comprendieron medidas urgentes contra la
inflación y el desequilibrio exterior y reformas necesarias a medio
plazo para repartir los costes de la crisis económica. De igual forma,
se integraron medidas que reforzaron la transición política en marcha.
Los Pactos, denominados así por su contenido, abarcaron amplios ámbitos y
acuerdos iniciados desde el 8 de octubre de 1977 culminando el 27 de
ese mismo mes.
Los Pactos fueron identificados formalmente como los Acuerdos de cortes
sobre el Programa de Saneamiento y Reforma de la Economía y sobre el
Programa de Actuación Jurídica. De esta manera, los Pactos se
integraron por dos grandes paquetes: el económico-social y el político,
para cuya aplicación se consideró su adaptación por parte de las
regiones autonómicas del Estado español. El primer paquete, de gran
amplitud por ser la causa primaria y urgente de los Pactos, estuvo
referido a acuerdos netamente económicos y financieros, así como
relativos al presupuesto público, la política fiscal e impositiva, el
sistema financiero y la política monetaria. También incluyó compromisos
en materia de seguridad social y políticas sectoriales, como educación,
salud, vivienda, pensiones, agricultura, pesca, comercialización, entre
otros.
El segundo paquete, anclado en lo político, estuvo denominado como
Programa de Actuación Jurídica y Política y (Octubre de 1977, http://madrid.cnt.es/historia/los-pactos-de-la-moncloa/).
Los compromisos establecidos versaron temáticamente desde la libertad
de expresión y medios de comunicación social, derechos de reunión y de
asociación política, hasta en materia del código y derecho penal,
justicia militar, el orden público y las fuerzas y cuerpos para
garantizarlo.
De acuerdo a su razón y su contenido, los Pactos buscaron como adoptar
una política económica que contuviera la galopante inflación que
alcanzaba 47%, el alto desempleo, se atendiera el desequilibrio con el
exterior y la dependencia energética, entre otros problemas urgentes que
enfrentaba la economía española. Los acuerdos, además, permitieron
procurar la estabilización del proceso de transición política hacia un
sistema democrático.
Los Pactos de la Moncloa han terminado por ser el referente permanente,
casi a nivel mundial, de una vía de concertación y acuerdo político. El
éxito de su recurso fue reclamado ampliamente a raíz de la caída del
Muro de Berlín, para los países que entraban en un nuevo régimen
político, caracterizado por la democracia y el sistema de mercado. Pero
tal vía de acuerdo y concertación históricamente se justificó para
atender una situación de crisis económica con grandes afectaciones
sociales, que sólo podría ser atendida con la voluntad y el acuerdo de
todos los actores y fuerzas políticas de un nuevo régimen democrático.
Una vez más, ante la crisis económica y financiera en la que se debate
España se han comenzado a levantar voces que reclaman y proponen
acuerdos políticos que desembocan en Pactos, a la usanza de los
suscritos en la Moncloa hace casi 35 años. La situación de crisis de la
zona euro ha terminado, en los hechos, por socavar el régimen
democrático de Italia y Grecia; países en los que la urgencia económica y
financiera obligó a imponer nuevos jefes de gobierno sin viso alguno de
un proceso democrático, al no haber sido electos por la ciudadanía y
ser designados por el parlamento. Muchas veces, la economía y las
finanzas terminan por imponer los regímenes políticos más acordes a sus
emergencias.
La lección de España con los Pactos de la Moncloa fue que graves y
profundos problemas económicos con desfavorables consecuencias sociales
sólo podrían ser atendidos por la voluntad política y con acuerdos que
fortalecieran el marco de libertades y justicia para estabilizar el
régimen democrático, aún en ciernes. En un sino circular, siempre queda
el dilema si primero es la política o la economía. Pero lo cierto es
que no hay una sin la otra y parecen no poder esperar cuando una
sociedad decide cambiar.
En la campaña presidencial electoral mexicana se votó mayoritariamente
por un cambio, más allá de partidos y banderas. El voto, para bien o
para mal, se inclinó hacia un cambio responsable y un cambio verdadero.
Por ello el candidato presidencial ganador, Enrique Peña Nieto, está
comprometido a emprender el cambio ofrecido y demandado por sus
electores. Sin embargo, ya como próximo presidente puede obviar lo
comprometido, puede cumplir a su manera lo ofrecido o les puede cumplir a
sus simpatizantes.
El no cumplirle a la ciudadanía sólo podría llevar al próximo presidente
a enfrentar un ambiente políticamente más tenso y de repudio ciudadano
como el que ahora enfrenta Calderón. A lo que se agregaría que el más
cercano opositor a Peña Nieto ofreció también el cambio, y porque la
tercera fuerza política al señalar el incumplimiento presidencial se
fortalecería. En el caso de tratar de cumplir el cambio prometido, ello
significaría mudar de la actual política económica y social, lo que
sólo podría lograrse con la fuerza política que ofreció el cambio
verdadero. Pero si el afán de cambio presidencial va en sentido opuesto
a lo ofrecido y profundiza las políticas vigentes, sólo podría ello ser
logrado con el apoyo de la fuerza política minoritaria.
Enrique Peña Nieto puede seguir profundizando las políticas que no han
funcionado, puede reclamar reformas a modo y pactar por la continuidad,
pero tal acción podría llevar a una mayor desestabilización del país, en
una situación de insurgencia criminal, alto desempleo, contracción de
los salarios y una crisis económica y financiera internacional que cada
vez se profundiza más.
De acuerdo con lo anterior, difícilmente Peña Nieto puede con su propia
fuerza política cumplir el cambio responsable prometido. Por ello, sólo
negociando con otra fuerza política podrá iniciar cambios económicos y
sociales que no dejarían de generar tensiones políticas que trasminarían
a la sociedad. De esta manera, si se desea realmente el cambio
responsable lo más lógico es transitar hacia un cambio pactado
colectivamente, tal como aconteció en España con los Pactos de la
Moncloa, y fortalecer el endeble sistema democrático mexicano, que hoy
una vez más es repudiado por al menos un tercio de la ciudadanía.
México puede enfrentar en el muy corto plazo el agravamiento de sus
condiciones económicas y sociales, dentro del cuestionamiento de la
equidad en sus prácticas electorales. Por ello es indispensable
considerar que los Pactos de la Moncloa permitieron atender adversas
condiciones económicas y sociales y estabilizar una democracia
incipiente. Un pacto político general puede servir para atender las
urgencias económicas y financieras y fortalecer la democracia mexicana.
De no ser así, seguiremos caminando hacia el abismo, cuyo camino parece
cada vez más acortarse. Esperemos que así lo entiendan los próximos
gobernantes y que consideren que el cambio sólo se puede realizar con
una nueva economía política y no sólo con una política económica
diferente.
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