Luis Javier Garrido / La Jornada
Las perspectivas de México en 2010 no po-dían ser peores, pues la presión nacional e internacional están haciendo mella en el proyecto panista de incrementar la militarización de México con vistas a las elecciones de 2012, y el gobierno de facto está perdiendo los estribos mientras la economía se hunde en el desastre.
1. Las críticas en México y en el exterior por la violencia y la ilegalidad en que el gobierno de Felipe Calderón ha hundido al país, aceptando por móviles facciosos el escenario de la colombianización que se le impuso desde Estados Unidos, están siendo respondidas desde Los Pinos, primero con una vastísima campaña propagandística negando la gravedad de lo que acontece y luego pretendiendo reformar, con una legislación secundaria, expedida al vapor, el marco jurídico del país para tratar de paliar la anticonstitucionalidad de su proceder y la ilegalidad en la que está actuando, pero nada de ello resuelve el fondo de la cuestión. Todos los días hay decenas de muertos en Monterrey o en Cuernavaca, en Acapulco o en Ciudad Juárez, y en su mayoría son víctimas inocentes.
2. La campaña propagandística de Calderón ha fracasado tanto en México como en el extranjero por la gravedad de lo que acontece, y a las críticas cada vez más enérgicas de organismos internacionales y de innumerables organizaciones defensoras de los derechos humanos, se suman ya las de instancias del gobierno estadunidense, descontentas con la torpeza con que el gobierno de Calderón ha manejado el problema, e incluso las de voceros del sector empresarial que manifiestan abiertamente que la supuesta “guerra contra el narcotráfico” está dañando seriamente las estructuras económicas del país y, por consiguiente, sus intereses.
3. El debate público que se abrió el miércoles 21 al incrementarse las críticas de sectores empresariales por el manejo de la economía y de la seguridad pública que ha tenido el gobierno de Calderón solamente son respondidas con cifras mentirosas sobre el desempleo y las inversiones, que, por otra parte, son desmentidas todos los días, lo que confirma que el gobierno de facto tiene una cerrazón absoluta para cambiar de rumbo y ya muy poca viabililidad.
4. La constante del gobierno de negar el hecho central de que las principales víctimas de la violencia oficial se hallan en la población civil, y no precisamente por errores de quienes no están capacitados para fungir de policías, empieza a cambiar con una nueva demagogia, pero esto en nada modifica la gravísima situación. Calderón minimizó obcecado el viernes 16 la muerte de civiles, señalando mentirosamente que se producen en escenarios de “fuego cruzado”, cuando las evidencias muestran los casos de innumerables matanzas de inocentes, y el miércoles 21 trató de corregirse, creyendo que la simple propaganda puede cambiar la realidad.
5. El “caso Sabina” ilustra con claridad la impotencia oficial para hacer valer sus tesis inaceptables, pues no logró persuadir al artista, al que amenazó primero con una campaña en los medios de expulsarlo de México, aplicándole el artículo 33, y luego buscó congraciarse con zalamerías. El compositor e intérprete cometió dos errores a su llegada a México: el primero, cuando al manifestar su indignación por el hecho de que el gobierno utilice ilegalmente como cuerpo policial para “luchar contra el narcotráfico” a las fuerzas armadas que han cometido todo género de exacciones, atribuyó equivocadamente esta decisión a una supuesta “ingenuidad” de Calderón, cuando la militarización de México es un proyecto deliberado impuesto desde Washington para aterrorizar al pueblo, que Calderón ha hecho suyo por móviles facciosos, y el segundo fue aceptar platicar en una comilona con aquél al que la historia mexicana va a reconocer, aunque haya sido de facto, como uno de los gobernantes más sanguinarios, aunque al final Sabina haya tenido un gran acierto: mantenerse firme en su actitud crítica.
6. La segunda pretensión absurda de Calderón y de sus asesores está siendo ahora pretender que el Congreso les expida una Ley de Seguridad Nacional a modo, redactada sobre las rodillas, en la que se busque “legalizar” las actividades policiales de las fuerzas armadas, lo que de entrada sería anticonstitucional, pues la Constitución de 1917, conforme a la doctrina universal, asigna, por un lado, a la Policía Judicial, ahora rebautizada como Policía Federal (tras fusionarse la PFP con la AFI), la función de investigar los delitos, y por el otro lado prohíbe de manera tajante al Ejército cualquier función de tipo policial como las que los panistas lo están obligando a hacer.
7. Mucho más absurda es la pretensión calderoniana de pedir al PRI que lo ayude a salir de la gravísima situación en la que se halla, cuando, por una parte, con vistas a las elecciones locales de julio ha forjado una alianza con la corrupta cúpula del PRD para vencerlo e impulsa en los medios la enésima campaña de desprestigio contra el priísmo, y por la otra quiere ignorar la postura ya conocida del Institucional ante el problema. El senador Pedro Joaquín Coldwell, priísta prominente, escribía hace poco a Héctor Aguilar Camín (Milenio, 19/4/10) que no hay base constitucional para que el Ejército “despliegue funciones policiacas”, que la policialización del Ejército entraña enormes riesgos para el país y que no se puede desconocer que la que llama “institución fundamental del Estado” fue sometida por Calderón a un “desgaste brutal”, pues los señalamientos de violaciones a los derechos humanos le han generado un enorme descrédito, además de que las fuerzas armadas han sido claramente infiltradas por el narco.
8. El escenario actual se agrava mucho más, y al parecer eso se empieza a entender, tanto por la cólera creciente de los militares ante su propia ineficiencia, determinada por su actuación en un marco de ilegalidad y por su subordinación de hecho a la DEA y a la FBI, como por las críticas que se les hacen desde todos los horizontes sociales y políticos. La expresión de un alto mando militar, señalando que para ellos “ésta es una guerra” y que se encuentran en las calles “para atacar”, por lo que exigen un marco jurídico que los avale (La Jornada, 19/4/10), reitera, una vez más, que la situación ha llegado a sus límites y que el Ejército debe regresar a sus cuarteles.
9. El otro aspecto del embrollo en el que se hallan metidos los integrantes del gobierno panista lo constituye el del fuero militar, que instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, están exigiendo se suprima en México a fin de que la justicia ordinaria pueda procesar a los militares que están cometiendo innumerables delitos contra la población civil, supresión a la que se opone Calderón y que ahora busca legitimar con una nueva iniciativa legal. La iniciativa blanquiazul para modificar el Código de Justicia Militar busca hacer creer que en el futuro los militares podrían ser juzgados por tribunales del fuero común para cumplir con la exigencia internacional, pero en los hechos aspira a hacerlo imposible.
10. El clamor civilizado, tanto de juristas como de organizaciones sociales, es el mismo del pueblo: debe ponerse un alto a la militarización del país y el Ejército debe retornar de inmediato a los cuarteles, y no debe ser la obcecación.
Las perspectivas de México en 2010 no po-dían ser peores, pues la presión nacional e internacional están haciendo mella en el proyecto panista de incrementar la militarización de México con vistas a las elecciones de 2012, y el gobierno de facto está perdiendo los estribos mientras la economía se hunde en el desastre.
1. Las críticas en México y en el exterior por la violencia y la ilegalidad en que el gobierno de Felipe Calderón ha hundido al país, aceptando por móviles facciosos el escenario de la colombianización que se le impuso desde Estados Unidos, están siendo respondidas desde Los Pinos, primero con una vastísima campaña propagandística negando la gravedad de lo que acontece y luego pretendiendo reformar, con una legislación secundaria, expedida al vapor, el marco jurídico del país para tratar de paliar la anticonstitucionalidad de su proceder y la ilegalidad en la que está actuando, pero nada de ello resuelve el fondo de la cuestión. Todos los días hay decenas de muertos en Monterrey o en Cuernavaca, en Acapulco o en Ciudad Juárez, y en su mayoría son víctimas inocentes.
2. La campaña propagandística de Calderón ha fracasado tanto en México como en el extranjero por la gravedad de lo que acontece, y a las críticas cada vez más enérgicas de organismos internacionales y de innumerables organizaciones defensoras de los derechos humanos, se suman ya las de instancias del gobierno estadunidense, descontentas con la torpeza con que el gobierno de Calderón ha manejado el problema, e incluso las de voceros del sector empresarial que manifiestan abiertamente que la supuesta “guerra contra el narcotráfico” está dañando seriamente las estructuras económicas del país y, por consiguiente, sus intereses.
3. El debate público que se abrió el miércoles 21 al incrementarse las críticas de sectores empresariales por el manejo de la economía y de la seguridad pública que ha tenido el gobierno de Calderón solamente son respondidas con cifras mentirosas sobre el desempleo y las inversiones, que, por otra parte, son desmentidas todos los días, lo que confirma que el gobierno de facto tiene una cerrazón absoluta para cambiar de rumbo y ya muy poca viabililidad.
4. La constante del gobierno de negar el hecho central de que las principales víctimas de la violencia oficial se hallan en la población civil, y no precisamente por errores de quienes no están capacitados para fungir de policías, empieza a cambiar con una nueva demagogia, pero esto en nada modifica la gravísima situación. Calderón minimizó obcecado el viernes 16 la muerte de civiles, señalando mentirosamente que se producen en escenarios de “fuego cruzado”, cuando las evidencias muestran los casos de innumerables matanzas de inocentes, y el miércoles 21 trató de corregirse, creyendo que la simple propaganda puede cambiar la realidad.
5. El “caso Sabina” ilustra con claridad la impotencia oficial para hacer valer sus tesis inaceptables, pues no logró persuadir al artista, al que amenazó primero con una campaña en los medios de expulsarlo de México, aplicándole el artículo 33, y luego buscó congraciarse con zalamerías. El compositor e intérprete cometió dos errores a su llegada a México: el primero, cuando al manifestar su indignación por el hecho de que el gobierno utilice ilegalmente como cuerpo policial para “luchar contra el narcotráfico” a las fuerzas armadas que han cometido todo género de exacciones, atribuyó equivocadamente esta decisión a una supuesta “ingenuidad” de Calderón, cuando la militarización de México es un proyecto deliberado impuesto desde Washington para aterrorizar al pueblo, que Calderón ha hecho suyo por móviles facciosos, y el segundo fue aceptar platicar en una comilona con aquél al que la historia mexicana va a reconocer, aunque haya sido de facto, como uno de los gobernantes más sanguinarios, aunque al final Sabina haya tenido un gran acierto: mantenerse firme en su actitud crítica.
6. La segunda pretensión absurda de Calderón y de sus asesores está siendo ahora pretender que el Congreso les expida una Ley de Seguridad Nacional a modo, redactada sobre las rodillas, en la que se busque “legalizar” las actividades policiales de las fuerzas armadas, lo que de entrada sería anticonstitucional, pues la Constitución de 1917, conforme a la doctrina universal, asigna, por un lado, a la Policía Judicial, ahora rebautizada como Policía Federal (tras fusionarse la PFP con la AFI), la función de investigar los delitos, y por el otro lado prohíbe de manera tajante al Ejército cualquier función de tipo policial como las que los panistas lo están obligando a hacer.
7. Mucho más absurda es la pretensión calderoniana de pedir al PRI que lo ayude a salir de la gravísima situación en la que se halla, cuando, por una parte, con vistas a las elecciones locales de julio ha forjado una alianza con la corrupta cúpula del PRD para vencerlo e impulsa en los medios la enésima campaña de desprestigio contra el priísmo, y por la otra quiere ignorar la postura ya conocida del Institucional ante el problema. El senador Pedro Joaquín Coldwell, priísta prominente, escribía hace poco a Héctor Aguilar Camín (Milenio, 19/4/10) que no hay base constitucional para que el Ejército “despliegue funciones policiacas”, que la policialización del Ejército entraña enormes riesgos para el país y que no se puede desconocer que la que llama “institución fundamental del Estado” fue sometida por Calderón a un “desgaste brutal”, pues los señalamientos de violaciones a los derechos humanos le han generado un enorme descrédito, además de que las fuerzas armadas han sido claramente infiltradas por el narco.
8. El escenario actual se agrava mucho más, y al parecer eso se empieza a entender, tanto por la cólera creciente de los militares ante su propia ineficiencia, determinada por su actuación en un marco de ilegalidad y por su subordinación de hecho a la DEA y a la FBI, como por las críticas que se les hacen desde todos los horizontes sociales y políticos. La expresión de un alto mando militar, señalando que para ellos “ésta es una guerra” y que se encuentran en las calles “para atacar”, por lo que exigen un marco jurídico que los avale (La Jornada, 19/4/10), reitera, una vez más, que la situación ha llegado a sus límites y que el Ejército debe regresar a sus cuarteles.
9. El otro aspecto del embrollo en el que se hallan metidos los integrantes del gobierno panista lo constituye el del fuero militar, que instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, están exigiendo se suprima en México a fin de que la justicia ordinaria pueda procesar a los militares que están cometiendo innumerables delitos contra la población civil, supresión a la que se opone Calderón y que ahora busca legitimar con una nueva iniciativa legal. La iniciativa blanquiazul para modificar el Código de Justicia Militar busca hacer creer que en el futuro los militares podrían ser juzgados por tribunales del fuero común para cumplir con la exigencia internacional, pero en los hechos aspira a hacerlo imposible.
10. El clamor civilizado, tanto de juristas como de organizaciones sociales, es el mismo del pueblo: debe ponerse un alto a la militarización del país y el Ejército debe retornar de inmediato a los cuarteles, y no debe ser la obcecación.
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