Francisco Rojas / El Universal
La multiplicación de las opciones políticas, el pluralismo y la mayor competencia electoral son expresiones sanas de la democracia que, en ausencia de cambios apropiados en las instituciones, dificultan la formación de consensos para dotar a nuestro sistema de gobierno de herramientas que lo hagan más eficaz. A esta necesidad obedece la iniciativa del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados para reformar el poder, con elementos adicionales a los contenidos en otras propuestas, actualmente en discusión.
Proponemos cambios en el funcionamiento del Legislativo que mejoren su funcionamiento interno, los mecanismos de colaboración con el Ejecutivo, nos acerquen a nuestro electorado y den coherencia, agilidad y pertinencia a la función de dictar leyes y ejercer el control de la gestión pública, que son los quehaceres fundamentales de las cámaras de Diputados y Senadores.
Es indispensable restituir al Informe Presidencial su valor como mecanismo de control político y rendición de cuentas y adaptar su formato a las condiciones de pluralidad en el Congreso. Por ello, restableceremos la obligación del Ejecutivo de concurrir a la apertura del periodo ordinario de sesiones el 1 de septiembre, pero en un clima de respeto institucional y orden parlamentario.
Para agilizar la formulación, análisis, discusión y promulgación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, proponemos fórmulas que precisen las responsabilidades de los distintos actores que participan en el proceso. Como elemento adicional de certidumbre para la economía, se prevé que se puedan prolongar las disposiciones rectoras de los ingresos y gastos esenciales del año en curso al siguiente.
El federalismo en nuestros días requiere la participación de los congresos locales en el examen y discusión de las iniciativas de reforma constitucional, a través de las comisiones dictaminadoras de las cámaras federales, lo que da sustento a la reforma constitucional que impulsamos.
Proponemos dar facultades al Congreso de la Unión para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y convertirlo así en un instrumento que daría legitimidad, pluralidad, integralidad y coherencia al proceso de planeación, presupuestación, control, fiscalización y evaluación de la gestión pública. Esto liberaría el quehacer público de caprichos unilaterales del gobierno en turno y promovería una mayor eficacia en la aplicación de los recursos presupuestales.
La transparencia y la rendición de cuentas no deben limitarse al discurso, sino convertirse en un modo de ser de las instituciones que manejan recursos públicos, lo que entraña mayores facultades para la fiscalización superior en cualquier momento del proceso presupuestal y el carácter vinculatorio de los resultados de la Auditoría Superior de la Federación.
El sistema electoral ha tenido notables avances, pero las circunstancias han cambiado con mayor rapidez, por lo que se requieren ajustes, como la reducción a 18 años, de la edad mínima para ser diputado, el derecho de los mexicanos residentes en el exterior a ser representados en la Cámara de Diputados, el restablecimiento del registro condicionado de los partidos políticos y la desaparición de impedimentos para obtener mayorías conjugando de manera natural al sistema mixto de mayoría con el de representación proporcional.
Más de 57 millones de personas viven en alguna de las zonas metropolitanas que abarcan varios municipios y en las que se genera el 75% del PIB nacional. La insuficiente cooperación entre autoridades ocasiona o agrava problemas urbanos como la dotación de agua potable, las vialidades, el transporte público o los rellenos sanitarios. Esta situación, sólo puede ser superada con la regulación jurídica del desarrollo metropolitano. Éstas son algunas de las propuestas de la iniciativa de reformas constitucionales y legales que presentamos los diputados del PRI, con la certeza de que la solución de los problemas del país incluye la reforma del poder para aumentar su eficiencia y adecuarlo a las circunstancias sociales y políticas de México, sin menoscabo de la atención a los asuntos económicos y a la inseguridad pública.
La multiplicación de las opciones políticas, el pluralismo y la mayor competencia electoral son expresiones sanas de la democracia que, en ausencia de cambios apropiados en las instituciones, dificultan la formación de consensos para dotar a nuestro sistema de gobierno de herramientas que lo hagan más eficaz. A esta necesidad obedece la iniciativa del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados para reformar el poder, con elementos adicionales a los contenidos en otras propuestas, actualmente en discusión.
Proponemos cambios en el funcionamiento del Legislativo que mejoren su funcionamiento interno, los mecanismos de colaboración con el Ejecutivo, nos acerquen a nuestro electorado y den coherencia, agilidad y pertinencia a la función de dictar leyes y ejercer el control de la gestión pública, que son los quehaceres fundamentales de las cámaras de Diputados y Senadores.
Es indispensable restituir al Informe Presidencial su valor como mecanismo de control político y rendición de cuentas y adaptar su formato a las condiciones de pluralidad en el Congreso. Por ello, restableceremos la obligación del Ejecutivo de concurrir a la apertura del periodo ordinario de sesiones el 1 de septiembre, pero en un clima de respeto institucional y orden parlamentario.
Para agilizar la formulación, análisis, discusión y promulgación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, proponemos fórmulas que precisen las responsabilidades de los distintos actores que participan en el proceso. Como elemento adicional de certidumbre para la economía, se prevé que se puedan prolongar las disposiciones rectoras de los ingresos y gastos esenciales del año en curso al siguiente.
El federalismo en nuestros días requiere la participación de los congresos locales en el examen y discusión de las iniciativas de reforma constitucional, a través de las comisiones dictaminadoras de las cámaras federales, lo que da sustento a la reforma constitucional que impulsamos.
Proponemos dar facultades al Congreso de la Unión para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y convertirlo así en un instrumento que daría legitimidad, pluralidad, integralidad y coherencia al proceso de planeación, presupuestación, control, fiscalización y evaluación de la gestión pública. Esto liberaría el quehacer público de caprichos unilaterales del gobierno en turno y promovería una mayor eficacia en la aplicación de los recursos presupuestales.
La transparencia y la rendición de cuentas no deben limitarse al discurso, sino convertirse en un modo de ser de las instituciones que manejan recursos públicos, lo que entraña mayores facultades para la fiscalización superior en cualquier momento del proceso presupuestal y el carácter vinculatorio de los resultados de la Auditoría Superior de la Federación.
El sistema electoral ha tenido notables avances, pero las circunstancias han cambiado con mayor rapidez, por lo que se requieren ajustes, como la reducción a 18 años, de la edad mínima para ser diputado, el derecho de los mexicanos residentes en el exterior a ser representados en la Cámara de Diputados, el restablecimiento del registro condicionado de los partidos políticos y la desaparición de impedimentos para obtener mayorías conjugando de manera natural al sistema mixto de mayoría con el de representación proporcional.
Más de 57 millones de personas viven en alguna de las zonas metropolitanas que abarcan varios municipios y en las que se genera el 75% del PIB nacional. La insuficiente cooperación entre autoridades ocasiona o agrava problemas urbanos como la dotación de agua potable, las vialidades, el transporte público o los rellenos sanitarios. Esta situación, sólo puede ser superada con la regulación jurídica del desarrollo metropolitano. Éstas son algunas de las propuestas de la iniciativa de reformas constitucionales y legales que presentamos los diputados del PRI, con la certeza de que la solución de los problemas del país incluye la reforma del poder para aumentar su eficiencia y adecuarlo a las circunstancias sociales y políticas de México, sin menoscabo de la atención a los asuntos económicos y a la inseguridad pública.
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