Francisco Valdés Ugalde / El Universal
La reforma política del Estado ha sido pospuesta, pero la discusión sobre el camino a tomar más conveniente para el país continúa. Han sobresalido dos grandes posiciones, una que apoya las fórmulas de mayoría y otra que prefiere el proporcionalismo. La diferencia estriba en qué sistema político se considera más conveniente para el país.
Para razonar sobre el tema es menester preguntarse a qué finalidad respondería la decisión que se adopte de abrirse la oportunidad. En mi opinión, la pregunta principal no es, como lo han sostenido varios analistas, cuál sistema facilita más la “gobernabilidad”, entendida como la capacidad del gobierno para tomar decisiones en consonancia con el Poder Legislativo y evitar la parálisis. La pregunta es qué relación desean los mexicanos establecer entre la sociedad y su sistema político, toda vez que optaron por la democracia.
Para hacer frente a los problemas de corto, mediano y largo plazos de la sociedad mexicana, entre ellos los ingentes de la desigualdad y la pobreza, resulta demasiado pobre limitar las decisiones sobre qué sistema adoptar y, por consiguiente, qué modelo de representación sería más deseable, al mero facilitar las cosas al gobernante en el supuesto de los mayoritaristas de que así servirá mejor al ciudadano, aunque desde el punto de vista de este último esto resulte en un despojo de su voto y no a la inversa.
El concepto de representación ha evolucionado en la teoría política contemporánea, superando los límites dieciochescos a los que permaneció sometida hasta el siglo pasado cuando la democracia fue cercada por totalitarismos y autoritarismos. El viejo concepto: control del gobierno y elección de sus miembros principales ha dado paso a la posibilidad de mayor libertad del soberano (el ciudadano) para hacer avanzar la democracia como “gobierno por discusión” (Amartya Sen). La idea minimalista de que el ciudadano elige y el representante dispone no resiste más en un mundo globalizado en que las democracias son los sistemas políticos más numerosos, pero que están sometidos al asedio de la desigualdad social y la pobreza. China, por ejemplo, es el país que ha reducido más la pobreza en 20 años de asombroso desarrollo. Pero lo ha hecho bajo un sistema totalitario. En América Latina, la región más desigual del mundo, las democracias se nos descarrilan en populismos que suplantan en la decisión política al ciudadano en su propio nombre.
Si en México hemos de evitar ese destino, será precisamente porque habríamos sido capaces de formar un sistema político democrático con las mayores capacidades posibles para procesar y dar cabida a la participación del ciudadano, no únicamente en el momento de elegir representante sino en el proceso mismo en que el representante lleva a cabo los procedimientos de decisión que han de traducirse en leyes legítimas.
Si la democracia resiste el desprestigio de la política infértil que aqueja al ciudadano y evitar la tentación de usurpación populista tendrá que ser capaz de acoger los problemas de fondo que lastiman a la mayor parte de la sociedad para hacer creíble la promesa de que con ella se puede vivir mejor que con otros sistemas. Es un desafío para las políticas y los políticos de profesión. Un esfuerzo mayor que estriba en razonar para entender que es necesario un sistema que acerque al ciudadano a una política que responda a sus legítimas aspiraciones y, por qué no, a sus sueños. Razonar para entender que democratización y representación no serán ya, en este mundo, fenómenos separados y antitéticos; que la soberanía trascenderá los límites del sufragio para involucrarse en los mecanismos y procesos de decisión. Hoy, la soberanía podría dejar de ser mera abstracción si la función del político fuese representar y avanzar las preferencias sociales; si la soberanía se concretase en una intertemporalidad sin interrupción que la confine exclusivamente a las elecciones.
Una concepción verdaderamente actualizada de la democracia representativa exige hacer frente a la complejidad de este reto y evitar su simplificación. Exige pensar en términos de gobernanza, no de gobernabilidad. Requiere proponerse remover los intereses creados y enquistados en aras de un replanteamiento generacional de lo que entendemos como interés común de todos los componentes de la nación.
La posibilidad de introducir modalidades de proporcionalidad en la representación, sujetando a ella la modalidad que adopte la cúspide política, es la mayor oportunidad que se ofrece a nuestra generación de mexicanos y no al revés: asumir que, como hemos sido siempre presidencialistas (una de las peores decisiones históricas tomadas por casi toda América Latina), lo mejor es darle a esa institución una mayoría artificial mutilando la voluntad representativa del ciudadano.
Es preferible y perfectamente viable dirigirnos a un sistema proporcional que resulte en la formación de gobiernos mixtos y decisiones consensuales, es decir, más representativos.
Investigador del IIS de la UNAM
La reforma política del Estado ha sido pospuesta, pero la discusión sobre el camino a tomar más conveniente para el país continúa. Han sobresalido dos grandes posiciones, una que apoya las fórmulas de mayoría y otra que prefiere el proporcionalismo. La diferencia estriba en qué sistema político se considera más conveniente para el país.
Para razonar sobre el tema es menester preguntarse a qué finalidad respondería la decisión que se adopte de abrirse la oportunidad. En mi opinión, la pregunta principal no es, como lo han sostenido varios analistas, cuál sistema facilita más la “gobernabilidad”, entendida como la capacidad del gobierno para tomar decisiones en consonancia con el Poder Legislativo y evitar la parálisis. La pregunta es qué relación desean los mexicanos establecer entre la sociedad y su sistema político, toda vez que optaron por la democracia.
Para hacer frente a los problemas de corto, mediano y largo plazos de la sociedad mexicana, entre ellos los ingentes de la desigualdad y la pobreza, resulta demasiado pobre limitar las decisiones sobre qué sistema adoptar y, por consiguiente, qué modelo de representación sería más deseable, al mero facilitar las cosas al gobernante en el supuesto de los mayoritaristas de que así servirá mejor al ciudadano, aunque desde el punto de vista de este último esto resulte en un despojo de su voto y no a la inversa.
El concepto de representación ha evolucionado en la teoría política contemporánea, superando los límites dieciochescos a los que permaneció sometida hasta el siglo pasado cuando la democracia fue cercada por totalitarismos y autoritarismos. El viejo concepto: control del gobierno y elección de sus miembros principales ha dado paso a la posibilidad de mayor libertad del soberano (el ciudadano) para hacer avanzar la democracia como “gobierno por discusión” (Amartya Sen). La idea minimalista de que el ciudadano elige y el representante dispone no resiste más en un mundo globalizado en que las democracias son los sistemas políticos más numerosos, pero que están sometidos al asedio de la desigualdad social y la pobreza. China, por ejemplo, es el país que ha reducido más la pobreza en 20 años de asombroso desarrollo. Pero lo ha hecho bajo un sistema totalitario. En América Latina, la región más desigual del mundo, las democracias se nos descarrilan en populismos que suplantan en la decisión política al ciudadano en su propio nombre.
Si en México hemos de evitar ese destino, será precisamente porque habríamos sido capaces de formar un sistema político democrático con las mayores capacidades posibles para procesar y dar cabida a la participación del ciudadano, no únicamente en el momento de elegir representante sino en el proceso mismo en que el representante lleva a cabo los procedimientos de decisión que han de traducirse en leyes legítimas.
Si la democracia resiste el desprestigio de la política infértil que aqueja al ciudadano y evitar la tentación de usurpación populista tendrá que ser capaz de acoger los problemas de fondo que lastiman a la mayor parte de la sociedad para hacer creíble la promesa de que con ella se puede vivir mejor que con otros sistemas. Es un desafío para las políticas y los políticos de profesión. Un esfuerzo mayor que estriba en razonar para entender que es necesario un sistema que acerque al ciudadano a una política que responda a sus legítimas aspiraciones y, por qué no, a sus sueños. Razonar para entender que democratización y representación no serán ya, en este mundo, fenómenos separados y antitéticos; que la soberanía trascenderá los límites del sufragio para involucrarse en los mecanismos y procesos de decisión. Hoy, la soberanía podría dejar de ser mera abstracción si la función del político fuese representar y avanzar las preferencias sociales; si la soberanía se concretase en una intertemporalidad sin interrupción que la confine exclusivamente a las elecciones.
Una concepción verdaderamente actualizada de la democracia representativa exige hacer frente a la complejidad de este reto y evitar su simplificación. Exige pensar en términos de gobernanza, no de gobernabilidad. Requiere proponerse remover los intereses creados y enquistados en aras de un replanteamiento generacional de lo que entendemos como interés común de todos los componentes de la nación.
La posibilidad de introducir modalidades de proporcionalidad en la representación, sujetando a ella la modalidad que adopte la cúspide política, es la mayor oportunidad que se ofrece a nuestra generación de mexicanos y no al revés: asumir que, como hemos sido siempre presidencialistas (una de las peores decisiones históricas tomadas por casi toda América Latina), lo mejor es darle a esa institución una mayoría artificial mutilando la voluntad representativa del ciudadano.
Es preferible y perfectamente viable dirigirnos a un sistema proporcional que resulte en la formación de gobiernos mixtos y decisiones consensuales, es decir, más representativos.
Investigador del IIS de la UNAM
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