Francisco Valdés / El Universal
Las reformas políticas que marcan el derrotero de la configuración del Estado en México distan mucho de ser un flujo continuo y gradual. Por el contrario, han sido una sucesión de arreglos que responden a paradigmas diferentes. Sostener que el proceso ha sido gradual es frívolo, pues sin sucesivas rupturas es incomprensible.
De la hegemonía de un solo partido, el PRI, se transitó a una apertura a grupos y partidos para que estuviesen representados en el espectro político, aunque privados del poder de gobernar. Esta apertura condujo inevitablemente a que la coalición gobernante aceptara nuevos miembros, a saber, los partidos y grupos políticos de oposición que se opusieron al sistema hegemónico y exigieron un cambio de reglas de juego. Así, en ciclos sucesivos de reformas gobernadas por paradigmas distintos se hizo posible la alternancia en el poder.
Una vez logrado esto se ha obtenido, paralelamente, un equilibrio precario, inestable, de fuerzas políticas. Ninguna de ellas ha podido realizar un proyecto suficientemente claro y distinto como para encaminar al país por una nueva ruta correspondiente con su nueva realidad política. El problema reside, más que en la ausencia de mayorías, en la imposibilidad de formar alguna por la vía de acuerdos que reflejen los consensos mayoritarios que se han formado en el país.
En apariencia, la sociedad en su mayoría desearía un Estado fuerte pero no autoritario, un Estado representativo que permita la integración de las decisiones a partir del pluralismo y la proporcionalidad, una economía que privilegie el empleo y la productividad y en la que no haya candados preestablecidos por intereses altamente concentrados, de carácter monopólico u oligopólico. Eso dicen los votos.
Pero en la práctica vemos cómo se imponen los intereses creados que provienen del pasado y que se mantienen firmes. Corporaciones empresariales y sindicales que dieron fundamento social al autoritarismo, empresas que crecieron gracias al favor, la gracia presidencial y prácticas de acumulación más parecidas a la usura que a la productividad capitalista, rentismo burocrático, coaliciones cleptocráticas y criminalidad organizada.
Los intentos para cambiar la injustificable estructura socioeconómica se han topado una y otra vez con vetos extralegales o con insuficiencia de las fuerzas políticas para plasmarlos en la política y en la ley. De un lado se construyen valladares para proteger la impunidad y el privilegio depredador; de otro sobresale la incapacidad de organización y consenso. Las causas van más allá del “gobierno dividido”, como se le ha dado en llamar.
Las causas del desarreglo son muchas, pero entre las principales está el habernos detenido, luego del cambio de sistema electoral y de partidos, en la reforma del régimen político y de Estado. Cambiamos las reglas de acceso al poder, pero no las de ejercicio del poder. Las segundas siguen siendo las que delinearon los triunfadores de la guerra civil: Obregón, Calles y Cárdenas, cuya letra sigue presente en la Constitución y las leyes.
Sin partido hegemónico nos liberamos de la antidemocracia, pero nos hundimos en fuerzas centrífugas incapaces de ordenarse sin un nuevo arreglo constitucional. Sin reordenar el Estado la política se volvió una pista para el oportunismo y el cálculo estratégico, pues sigue las reglas del pasado sin los controles que les eran impuestos. De ahí la disyuntiva: restauración o destitución autoritaria.
Si no afirmamos contundentemente la segunda, perpetuaremos el pandemónium de los poderes fácticos que asedian y comprometen la reconstrucción de la República. Por eso hace falta cambiar de paradigma político. El que adoptamos en 1996 y sigue más o menos vigente (aunque exhausto), tiene ese grave defecto: centrado en lo electoral olvidó y postergó la reforma del régimen de ejercicio del poder. Tomar en serio esta empresa es la vía para salir del pasmo en la política y quizás en otras cosas. Las demandas de la sociedad están ahí, la captura de la República por los poderes fácticos también. Hay que articular las primeras en un frente político que se atreva a formular un nuevo paradigma: completar la decisión por la democracia con un pacto nacional por la reforma del Estado.
Cambiar el oprobioso sistema judicial, ordenar el federalismo, empoderar a las comunidades básicas, rescatar la dignidad legislativa, equilibrar los poderes y subordinar todo poder al único poder legítimo: el que emana de la legalidad por encima de la impunidad y el arbitrio. Es decir, cambiar de paradigma, recorrer el tramo faltante, cerrar el ciclo agotado y abrir uno nuevo. La oportunidad de hacerlo está presente, pero hace falta abrir el sistema político a la representación plural que garantice que no se seguirán imponiendo los intereses particulares sobre los generales. Se impone modificar el sistema presidencialista que ha sido el garante histórico de la imposición de los intereses especiales por otro capaz de gobernar una sociedad libre.
Las reformas políticas que marcan el derrotero de la configuración del Estado en México distan mucho de ser un flujo continuo y gradual. Por el contrario, han sido una sucesión de arreglos que responden a paradigmas diferentes. Sostener que el proceso ha sido gradual es frívolo, pues sin sucesivas rupturas es incomprensible.
De la hegemonía de un solo partido, el PRI, se transitó a una apertura a grupos y partidos para que estuviesen representados en el espectro político, aunque privados del poder de gobernar. Esta apertura condujo inevitablemente a que la coalición gobernante aceptara nuevos miembros, a saber, los partidos y grupos políticos de oposición que se opusieron al sistema hegemónico y exigieron un cambio de reglas de juego. Así, en ciclos sucesivos de reformas gobernadas por paradigmas distintos se hizo posible la alternancia en el poder.
Una vez logrado esto se ha obtenido, paralelamente, un equilibrio precario, inestable, de fuerzas políticas. Ninguna de ellas ha podido realizar un proyecto suficientemente claro y distinto como para encaminar al país por una nueva ruta correspondiente con su nueva realidad política. El problema reside, más que en la ausencia de mayorías, en la imposibilidad de formar alguna por la vía de acuerdos que reflejen los consensos mayoritarios que se han formado en el país.
En apariencia, la sociedad en su mayoría desearía un Estado fuerte pero no autoritario, un Estado representativo que permita la integración de las decisiones a partir del pluralismo y la proporcionalidad, una economía que privilegie el empleo y la productividad y en la que no haya candados preestablecidos por intereses altamente concentrados, de carácter monopólico u oligopólico. Eso dicen los votos.
Pero en la práctica vemos cómo se imponen los intereses creados que provienen del pasado y que se mantienen firmes. Corporaciones empresariales y sindicales que dieron fundamento social al autoritarismo, empresas que crecieron gracias al favor, la gracia presidencial y prácticas de acumulación más parecidas a la usura que a la productividad capitalista, rentismo burocrático, coaliciones cleptocráticas y criminalidad organizada.
Los intentos para cambiar la injustificable estructura socioeconómica se han topado una y otra vez con vetos extralegales o con insuficiencia de las fuerzas políticas para plasmarlos en la política y en la ley. De un lado se construyen valladares para proteger la impunidad y el privilegio depredador; de otro sobresale la incapacidad de organización y consenso. Las causas van más allá del “gobierno dividido”, como se le ha dado en llamar.
Las causas del desarreglo son muchas, pero entre las principales está el habernos detenido, luego del cambio de sistema electoral y de partidos, en la reforma del régimen político y de Estado. Cambiamos las reglas de acceso al poder, pero no las de ejercicio del poder. Las segundas siguen siendo las que delinearon los triunfadores de la guerra civil: Obregón, Calles y Cárdenas, cuya letra sigue presente en la Constitución y las leyes.
Sin partido hegemónico nos liberamos de la antidemocracia, pero nos hundimos en fuerzas centrífugas incapaces de ordenarse sin un nuevo arreglo constitucional. Sin reordenar el Estado la política se volvió una pista para el oportunismo y el cálculo estratégico, pues sigue las reglas del pasado sin los controles que les eran impuestos. De ahí la disyuntiva: restauración o destitución autoritaria.
Si no afirmamos contundentemente la segunda, perpetuaremos el pandemónium de los poderes fácticos que asedian y comprometen la reconstrucción de la República. Por eso hace falta cambiar de paradigma político. El que adoptamos en 1996 y sigue más o menos vigente (aunque exhausto), tiene ese grave defecto: centrado en lo electoral olvidó y postergó la reforma del régimen de ejercicio del poder. Tomar en serio esta empresa es la vía para salir del pasmo en la política y quizás en otras cosas. Las demandas de la sociedad están ahí, la captura de la República por los poderes fácticos también. Hay que articular las primeras en un frente político que se atreva a formular un nuevo paradigma: completar la decisión por la democracia con un pacto nacional por la reforma del Estado.
Cambiar el oprobioso sistema judicial, ordenar el federalismo, empoderar a las comunidades básicas, rescatar la dignidad legislativa, equilibrar los poderes y subordinar todo poder al único poder legítimo: el que emana de la legalidad por encima de la impunidad y el arbitrio. Es decir, cambiar de paradigma, recorrer el tramo faltante, cerrar el ciclo agotado y abrir uno nuevo. La oportunidad de hacerlo está presente, pero hace falta abrir el sistema político a la representación plural que garantice que no se seguirán imponiendo los intereses particulares sobre los generales. Se impone modificar el sistema presidencialista que ha sido el garante histórico de la imposición de los intereses especiales por otro capaz de gobernar una sociedad libre.
Investigador del IIS de la UNAM
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