José Ángel Gurría / El Universal
La reforma fiscal es la gran asignatura pendiente de México. Es una máxima que venimos escuchando desde hace años, pero que cobra más vigencia que nunca en el actual contexto. Pese a algunos signos de recuperación económica, el déficit presupuestario y la necesidad de proteger a aquellos sectores más afectados por el desempleo y la desaceleración hacen especialmente urgente la modernización de nuestro sistema fiscal. La crisis global ofrece una oportunidad única en nuestra historia para llevar a cabo esta reforma que nuestro país tanto necesita.
México necesita un sistema fiscal moderno, competitivo y más justo, que permita al gobierno recaudar lo suficiente para hacer frente al actual desafío económico y estar preparado para posibles contingencias futuras. Necesitamos gastar más y mejor, pero para ello hay que recaudar primero, y aquí enfrentamos serias deficiencias estructurales: una base fiscal reducida y niveles de ingresos fiscales entre los más bajos del planeta, excesivamente dependientes del petróleo.
Con una presión fiscal de 21% del PIB frente a 36% de media en los países de la OCDE, una de las principales tareas radica en ampliar la base fiscal. Entre otros aspectos, debemos impulsar medidas que favorezcan la fiscalización del sector informal, como se hizo por ejemplo con la introducción del impuesto a los depósitos en efectivo. Al mismo tiempo, hay que facilitar la progresiva formalización de la economía informal, con incentivos como la reducción de las contribuciones sociales en los empleos de menor calificación o la eliminación de la actual dualidad en materia de protección social.
La reforma fiscal tiene que atajar muy especialmente el problema de la dependencia petrolera, elevando la capacidad de recaudación tanto de los impuestos directos como de los indirectos y aumentando su progresividad. Más de 38% del presupuesto federal depende de Pemex, un factor que no sólo nos hace muy vulnerables a la fluctuación de los precios del crudo, sino al agotamiento de unas reservas que podrían terminarse antes del final de esta década.
Otra cuestión preocupante es la multiplicación de exenciones, deducciones y regímenes preferenciales, que minan seriamente la capacidad del gobierno de generar ingresos. La complejidad administrativa y procedimental del sistema tributario obstaculiza el cumplimiento de las obligaciones. Al mismo tiempo, una reforma exitosa debe mejorar la transparencia y credibilidad estadística sobre la situación fiscal de los diferentes niveles de la administración. Una administración tributaria local más fuerte y efectiva puede contribuir a mejorar este déficit.
No debemos olvidar tampoco el compromiso con el medio ambiente. Una reforma seria debe abolir los subsidios al consumo de combustibles fósiles e introducir tasas que reflejen el consumo de carbono. Los recursos dedicados a estos subsidios benefician sobre todo a los segmentos de mayor ingreso, crean distorsiones en el comportamiento económico y obstaculizan nuestra lucha contra el cambio climático.
Finalmente, el gobierno debe ofrecer resultados en materia de eficiencia del gasto. Para convencer a la ciudadanía de la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales hay que demostrar que el pago de los impuestos da resultados y contribuye a mejorar el nivel de vida de todos. No se trata sólo de asegurar que cada peso que se gasta se aprovecha al máximo en materia de prestaciones y servicios sociales, sino también de garantizar que el gasto es más justo y equitativo. Mientras los impuestos y transferencias contribuyen a reducir los coeficientes de Gini que miden la desigualdad del 47.6 al 28.2 en la media de países de la OCDE, en México apenas bajan de 51 a 49.4. Hablando en plata: nuestro sistema fiscal no disminuye las diferencias en el nivel de ingresos.
Es importante señalar que se han dado pasos significativos en estos últimos meses. La introducción de cargas fiscales adicionales de base impositiva amplia, como el impuesto empresarial a tasa única, son una buena noticia. Pese a ello, no dejan de ser soluciones parciales y a corto plazo, con un impacto en términos de eficiencia y de costos de implementación que debe ser cuidadosamente examinado.
La crisis económica global ofrece una oportunidad única para dejar de lado los intereses partidistas e impulsar una reforma fiscal de fondo que nos permita consolidar un modelo económico y social más fuerte, más limpio y más justo. Para llegar a buen puerto, debemos aprender de los errores del pasado y explicar con claridad los objetivos económicos y sociales que se persiguen con una reforma, favoreciendo el debate público y las consultas con todos los partidos y el resto de fuerzas sociales. Esta es una ocasión que México no debe perder. Ya se nos acabó el tiempo y no hay alternativa.
Presidente de la OCDE
La reforma fiscal es la gran asignatura pendiente de México. Es una máxima que venimos escuchando desde hace años, pero que cobra más vigencia que nunca en el actual contexto. Pese a algunos signos de recuperación económica, el déficit presupuestario y la necesidad de proteger a aquellos sectores más afectados por el desempleo y la desaceleración hacen especialmente urgente la modernización de nuestro sistema fiscal. La crisis global ofrece una oportunidad única en nuestra historia para llevar a cabo esta reforma que nuestro país tanto necesita.
México necesita un sistema fiscal moderno, competitivo y más justo, que permita al gobierno recaudar lo suficiente para hacer frente al actual desafío económico y estar preparado para posibles contingencias futuras. Necesitamos gastar más y mejor, pero para ello hay que recaudar primero, y aquí enfrentamos serias deficiencias estructurales: una base fiscal reducida y niveles de ingresos fiscales entre los más bajos del planeta, excesivamente dependientes del petróleo.
Con una presión fiscal de 21% del PIB frente a 36% de media en los países de la OCDE, una de las principales tareas radica en ampliar la base fiscal. Entre otros aspectos, debemos impulsar medidas que favorezcan la fiscalización del sector informal, como se hizo por ejemplo con la introducción del impuesto a los depósitos en efectivo. Al mismo tiempo, hay que facilitar la progresiva formalización de la economía informal, con incentivos como la reducción de las contribuciones sociales en los empleos de menor calificación o la eliminación de la actual dualidad en materia de protección social.
La reforma fiscal tiene que atajar muy especialmente el problema de la dependencia petrolera, elevando la capacidad de recaudación tanto de los impuestos directos como de los indirectos y aumentando su progresividad. Más de 38% del presupuesto federal depende de Pemex, un factor que no sólo nos hace muy vulnerables a la fluctuación de los precios del crudo, sino al agotamiento de unas reservas que podrían terminarse antes del final de esta década.
Otra cuestión preocupante es la multiplicación de exenciones, deducciones y regímenes preferenciales, que minan seriamente la capacidad del gobierno de generar ingresos. La complejidad administrativa y procedimental del sistema tributario obstaculiza el cumplimiento de las obligaciones. Al mismo tiempo, una reforma exitosa debe mejorar la transparencia y credibilidad estadística sobre la situación fiscal de los diferentes niveles de la administración. Una administración tributaria local más fuerte y efectiva puede contribuir a mejorar este déficit.
No debemos olvidar tampoco el compromiso con el medio ambiente. Una reforma seria debe abolir los subsidios al consumo de combustibles fósiles e introducir tasas que reflejen el consumo de carbono. Los recursos dedicados a estos subsidios benefician sobre todo a los segmentos de mayor ingreso, crean distorsiones en el comportamiento económico y obstaculizan nuestra lucha contra el cambio climático.
Finalmente, el gobierno debe ofrecer resultados en materia de eficiencia del gasto. Para convencer a la ciudadanía de la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales hay que demostrar que el pago de los impuestos da resultados y contribuye a mejorar el nivel de vida de todos. No se trata sólo de asegurar que cada peso que se gasta se aprovecha al máximo en materia de prestaciones y servicios sociales, sino también de garantizar que el gasto es más justo y equitativo. Mientras los impuestos y transferencias contribuyen a reducir los coeficientes de Gini que miden la desigualdad del 47.6 al 28.2 en la media de países de la OCDE, en México apenas bajan de 51 a 49.4. Hablando en plata: nuestro sistema fiscal no disminuye las diferencias en el nivel de ingresos.
Es importante señalar que se han dado pasos significativos en estos últimos meses. La introducción de cargas fiscales adicionales de base impositiva amplia, como el impuesto empresarial a tasa única, son una buena noticia. Pese a ello, no dejan de ser soluciones parciales y a corto plazo, con un impacto en términos de eficiencia y de costos de implementación que debe ser cuidadosamente examinado.
La crisis económica global ofrece una oportunidad única para dejar de lado los intereses partidistas e impulsar una reforma fiscal de fondo que nos permita consolidar un modelo económico y social más fuerte, más limpio y más justo. Para llegar a buen puerto, debemos aprender de los errores del pasado y explicar con claridad los objetivos económicos y sociales que se persiguen con una reforma, favoreciendo el debate público y las consultas con todos los partidos y el resto de fuerzas sociales. Esta es una ocasión que México no debe perder. Ya se nos acabó el tiempo y no hay alternativa.
Presidente de la OCDE
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