Podría estar en riesgo la institucionalidad del Ejército Mexicano, señala el autor
SABINO BASTIDAS COLINAS / EL PAÍS
"¡Te mandaron a la guerra sin fusil!", es un refrán popular, muy conocido y usado en México, para decir a alguien que lo enviaron a cumplir con un encargo sin lo necesario para hacerle frente.
Bueno, pues el refrán hoy se aplica correctamente al Ejército Mexicano, al que su Comandante Supremo, el Presidente de la República, mandó literalmente a la guerra contra el narcotráfico, sin los instrumentos legales y sin las previsiones normativas necesarias, para justificar y blindar plenamente su actuación.
Hoy el Ejército Mexicano libra dos frentes de batalla: el primero, el frente militar, en el que combate a las mafias vinculadas con el narcotráfico y el crimen organizado en todo el país; y el segundo, el frente político, en el que libra batallas, lo mismo al interior del gabinete, en los medios de comunicación, en el Congreso de la Unión, con los partidos políticos, y con los organismos defensores de los derechos humanos, para justificar su actuación, y para tratar de contar con un marco jurídico que le permita cumplir con lo que se le manda, sin generarse problemas para el futuro.
Propiamente dicho, el Ejército no debería estar en dichos frentes, ni librando esas batallas. Ni el Ejército debería estar metido, de esa manera, en funciones de policía nacional permanente, ni mucho menos debería estar dando batallas políticas para preservar su imagen pública, para lograr cambios institucionales y para cabildear los instrumentos legales e institucionales de le den marco a una función que va más allá de su naturaleza.
Entender el funcionamiento del Ejército Mexicano es una de las claves para explicar la estabilidad del sistema político mexicano. Primero, en la etapa posrevolucionaria priísta por más de 70 años, durante buena parte del siglo XX, y después, en la etapa democrática, durante la transición y la alternancia en el Poder Ejecutivo. Simplemente para recordar: mientras en casi toda la América Latina, los militares protagonizaron durante el siglo XX golpes de estado y constituían una fuente inagotable de conflictos, inestabilidad, ingobernabilidad y problemas, en México, el Ejército actuaba de manera institucional, respetuosa de la Constitución, y leal a la figura del Presidente de la República.
El diseño institucional y el funcionamiento político del Ejército Mexicano está lleno de sutilezas y equilibrios, que es necesario comprender antes de reformarlo y meterle mano.
Hay que actuar con responsabilidad. Lo que hay que hacer es pensar de manera integral y cuidadosa: ¿Cuál es el proyecto de Ejército para el futuro? ¿Cuáles son los cambios que hay que hacerle para adaptarlo a los nuevos tiempos democráticos? ¿Cómo debe ser el Ejército de la democracia?
Pero estamos lejos de eso. El Ejército, como muchos otros asuntos que requerían estudio y visión de los gobiernos de la alternancia, sencillamente no se ha abordado, y forma parte de la larga lista de reformas pendientes de nuestra democracia.
El tema sin embargo se ha tornado delicado. La decisión del Presidente de sacar literalmente al Ejército a las calles, como parte de su estrategia en la lucha contra el narcotráfico, será uno de los pasivos que más claramente acompañarán a Calderón cuando abandone el cargo en diciembre de 2012.
Fue una decisión muy polémica que ha sido severamente cuestionada por todas las fuerzas políticas, incluso hay críticas dentro de su propio partido. El Presidente se ha refugiado básicamente en el argumento de la fatalidad, de la urgencia, de que no había otra salida, ni otra forma de hacerlo. No había otro recurso que sacar al Ejército a luchar contra el narcotráfico, porque no había policía federal, porque las policías locales estaban infiltradas, y porque se trataba de "una guerra," que requería actuación inmediata y enérgica.
Desde el principio los gestos del Ejecutivo marcaron su preocupación. Acciones como vestirse con casaca militar, vestir a su hijo de militar en un desfile, aumentar sueldos y prestaciones al Ejército, orientaban su deseo de congraciarse con un Ejército, cuyo enojo y malestar, trascendió los círculos militares, al ser enviados como policías, sin ser su función, y sin tener un marco jurídico adecuado que arropara dicha actuación.
Cuando el Presidente declaró esta guerra total y sin cuartel contra el narcotráfico, hasta algunos de los más leales y cercanos levantaron la ceja. ¿Es así como se debía hacer? ¿No era necesario actuar con una visión más estratégica? ¿A dónde podía llevar semejante despliegue? ¿Cuánto aguantaría el Ejército sin ser acusado de abusos de violaciones a los derechos humanos? ¿Cuánto tiempo resistiría el Ejército sin verse infiltrado como otras fuerzas policíacas? ¿Cuáles serían los costos, los riesgos y los resultados?
Conforme pasa el tiempo y se ven los resultados, se demuestra que la estrategia era otra y que esta "guerra" se prolongará por muchos años.
Desde Bill Clinton hasta Joaquín Sabina, pasando por expertos en seguridad, analistas, comunicadores y por los propios involucrados, cada vez queda más claro, y se construye un consenso general, que una estrategia basada casi exclusivamente en el combate militar y en la ocupación territorial, no era sustentable y no era la adecuada.
La guerra agota y se agota. Ya superamos los 22,000 muertos en lo que va del sexenio y cada vez es más frecuente que se vean bajas de civiles inocentes. Hemos gastado millones de dólares y la gente en distintas regiones del país, se empieza a cansar de la forma como se está librando esta "guerra". Sucede algo peligroso: se cae el soporte social de la guerra.
Hoy parece que todos, menos el Presidente, caemos en cuenta de varias cosas: Que el tema es y era de largo plazo. Que se requería sin duda del componente militar, pero con un marco jurídico adecuado. Que el Ejército debía ir acompañado de las Procuradurías y de otras instituciones. Que había que crear una nueva institucionalidad. Que había que construir mayor respaldo social. Que requería una estrategia de comunicación y propaganda mucho más robusta. Que era un trabajo de investigación e inteligencia más que de despliegue territorial. Que se debían incorporar el desarrollo social, la salud pública y combate a las adicciones, la educación, la cooperación internacional, el tema financiero, en una estrategia, mucho más amplia, planeada, integral, ordenada y más inteligente.
Cada vez queda más claro que la estrategia militarista del Presidente Calderón fue arrebatada y más producto del miedo, de la inexperiencia, y resultado de la sorpresa y de la moralina, que de la cabeza fría de un estadista, que valora todos los efectos, y que calcula todas las aristas de una decisión.
Nadie dice que el Ejército no debía participar y ser parte fundamental de la lucha contra la delincuencia. Lo que se cuestiona es claramente la forma, los tiempos, los alcances y sobre todo el marco legal con el que se actúa.
Se discutió durante muchos meses en privado un proyecto de Ley de Seguridad Nacional, que pretendía resolverlo todo. Incluyendo el delicado tema de la suspensión de garantías, que, de facto, se ha vivido en muchas ocasiones, en varios puntos del país, violando claramente la Constitución. Finalmente la semana pasada, en el Senado de la República, se construyó un primer acuerdo para reformar la ley. Se encorchetó el polémico debate del fuero militar, y después de una discusión histórica, parece que se avanza en una reforma que ayuda en algo, a ordenar el complejo tema del uso legítimo de la fuerza del Estado Mexicano.
Debemos advertir varios problemas: En primer lugar que hace falta pensar en una reforma integral. Que la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, como viene, insisto, avanza algo, pero no lo resuelve todo. Que quedan muchos pendientes, como ya se apuntó, sobre todo el tema del fuero militar, los derechos humanos, la suspensión de garantías y muchos otros nudos sensibles, dentro y fuera del Ejército. Y sobre todo, que la reforma, no resuelve el tema del pasado, ni subsana la actuación del Ejército de los últimos años.
El Ejército y su nuevo marco legal merecen mayor atención e interés por parte de su Comandante Supremo, el Presidente de la República, y de todos los legisladores de todos los partidos. Es un tema muy delicado, para la viabilidad de la joven democracia mexicana.
Es muy grave, pero hay que reconocerlo: Calderón mandó al Ejército, a la guerra sin fusil...
Sabino Bastidas Colinas es analista político
SABINO BASTIDAS COLINAS / EL PAÍS
"¡Te mandaron a la guerra sin fusil!", es un refrán popular, muy conocido y usado en México, para decir a alguien que lo enviaron a cumplir con un encargo sin lo necesario para hacerle frente.
Bueno, pues el refrán hoy se aplica correctamente al Ejército Mexicano, al que su Comandante Supremo, el Presidente de la República, mandó literalmente a la guerra contra el narcotráfico, sin los instrumentos legales y sin las previsiones normativas necesarias, para justificar y blindar plenamente su actuación.
Hoy el Ejército Mexicano libra dos frentes de batalla: el primero, el frente militar, en el que combate a las mafias vinculadas con el narcotráfico y el crimen organizado en todo el país; y el segundo, el frente político, en el que libra batallas, lo mismo al interior del gabinete, en los medios de comunicación, en el Congreso de la Unión, con los partidos políticos, y con los organismos defensores de los derechos humanos, para justificar su actuación, y para tratar de contar con un marco jurídico que le permita cumplir con lo que se le manda, sin generarse problemas para el futuro.
Propiamente dicho, el Ejército no debería estar en dichos frentes, ni librando esas batallas. Ni el Ejército debería estar metido, de esa manera, en funciones de policía nacional permanente, ni mucho menos debería estar dando batallas políticas para preservar su imagen pública, para lograr cambios institucionales y para cabildear los instrumentos legales e institucionales de le den marco a una función que va más allá de su naturaleza.
Entender el funcionamiento del Ejército Mexicano es una de las claves para explicar la estabilidad del sistema político mexicano. Primero, en la etapa posrevolucionaria priísta por más de 70 años, durante buena parte del siglo XX, y después, en la etapa democrática, durante la transición y la alternancia en el Poder Ejecutivo. Simplemente para recordar: mientras en casi toda la América Latina, los militares protagonizaron durante el siglo XX golpes de estado y constituían una fuente inagotable de conflictos, inestabilidad, ingobernabilidad y problemas, en México, el Ejército actuaba de manera institucional, respetuosa de la Constitución, y leal a la figura del Presidente de la República.
El diseño institucional y el funcionamiento político del Ejército Mexicano está lleno de sutilezas y equilibrios, que es necesario comprender antes de reformarlo y meterle mano.
Hay que actuar con responsabilidad. Lo que hay que hacer es pensar de manera integral y cuidadosa: ¿Cuál es el proyecto de Ejército para el futuro? ¿Cuáles son los cambios que hay que hacerle para adaptarlo a los nuevos tiempos democráticos? ¿Cómo debe ser el Ejército de la democracia?
Pero estamos lejos de eso. El Ejército, como muchos otros asuntos que requerían estudio y visión de los gobiernos de la alternancia, sencillamente no se ha abordado, y forma parte de la larga lista de reformas pendientes de nuestra democracia.
El tema sin embargo se ha tornado delicado. La decisión del Presidente de sacar literalmente al Ejército a las calles, como parte de su estrategia en la lucha contra el narcotráfico, será uno de los pasivos que más claramente acompañarán a Calderón cuando abandone el cargo en diciembre de 2012.
Fue una decisión muy polémica que ha sido severamente cuestionada por todas las fuerzas políticas, incluso hay críticas dentro de su propio partido. El Presidente se ha refugiado básicamente en el argumento de la fatalidad, de la urgencia, de que no había otra salida, ni otra forma de hacerlo. No había otro recurso que sacar al Ejército a luchar contra el narcotráfico, porque no había policía federal, porque las policías locales estaban infiltradas, y porque se trataba de "una guerra," que requería actuación inmediata y enérgica.
Desde el principio los gestos del Ejecutivo marcaron su preocupación. Acciones como vestirse con casaca militar, vestir a su hijo de militar en un desfile, aumentar sueldos y prestaciones al Ejército, orientaban su deseo de congraciarse con un Ejército, cuyo enojo y malestar, trascendió los círculos militares, al ser enviados como policías, sin ser su función, y sin tener un marco jurídico adecuado que arropara dicha actuación.
Cuando el Presidente declaró esta guerra total y sin cuartel contra el narcotráfico, hasta algunos de los más leales y cercanos levantaron la ceja. ¿Es así como se debía hacer? ¿No era necesario actuar con una visión más estratégica? ¿A dónde podía llevar semejante despliegue? ¿Cuánto aguantaría el Ejército sin ser acusado de abusos de violaciones a los derechos humanos? ¿Cuánto tiempo resistiría el Ejército sin verse infiltrado como otras fuerzas policíacas? ¿Cuáles serían los costos, los riesgos y los resultados?
Conforme pasa el tiempo y se ven los resultados, se demuestra que la estrategia era otra y que esta "guerra" se prolongará por muchos años.
Desde Bill Clinton hasta Joaquín Sabina, pasando por expertos en seguridad, analistas, comunicadores y por los propios involucrados, cada vez queda más claro, y se construye un consenso general, que una estrategia basada casi exclusivamente en el combate militar y en la ocupación territorial, no era sustentable y no era la adecuada.
La guerra agota y se agota. Ya superamos los 22,000 muertos en lo que va del sexenio y cada vez es más frecuente que se vean bajas de civiles inocentes. Hemos gastado millones de dólares y la gente en distintas regiones del país, se empieza a cansar de la forma como se está librando esta "guerra". Sucede algo peligroso: se cae el soporte social de la guerra.
Hoy parece que todos, menos el Presidente, caemos en cuenta de varias cosas: Que el tema es y era de largo plazo. Que se requería sin duda del componente militar, pero con un marco jurídico adecuado. Que el Ejército debía ir acompañado de las Procuradurías y de otras instituciones. Que había que crear una nueva institucionalidad. Que había que construir mayor respaldo social. Que requería una estrategia de comunicación y propaganda mucho más robusta. Que era un trabajo de investigación e inteligencia más que de despliegue territorial. Que se debían incorporar el desarrollo social, la salud pública y combate a las adicciones, la educación, la cooperación internacional, el tema financiero, en una estrategia, mucho más amplia, planeada, integral, ordenada y más inteligente.
Cada vez queda más claro que la estrategia militarista del Presidente Calderón fue arrebatada y más producto del miedo, de la inexperiencia, y resultado de la sorpresa y de la moralina, que de la cabeza fría de un estadista, que valora todos los efectos, y que calcula todas las aristas de una decisión.
Nadie dice que el Ejército no debía participar y ser parte fundamental de la lucha contra la delincuencia. Lo que se cuestiona es claramente la forma, los tiempos, los alcances y sobre todo el marco legal con el que se actúa.
Se discutió durante muchos meses en privado un proyecto de Ley de Seguridad Nacional, que pretendía resolverlo todo. Incluyendo el delicado tema de la suspensión de garantías, que, de facto, se ha vivido en muchas ocasiones, en varios puntos del país, violando claramente la Constitución. Finalmente la semana pasada, en el Senado de la República, se construyó un primer acuerdo para reformar la ley. Se encorchetó el polémico debate del fuero militar, y después de una discusión histórica, parece que se avanza en una reforma que ayuda en algo, a ordenar el complejo tema del uso legítimo de la fuerza del Estado Mexicano.
Debemos advertir varios problemas: En primer lugar que hace falta pensar en una reforma integral. Que la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, como viene, insisto, avanza algo, pero no lo resuelve todo. Que quedan muchos pendientes, como ya se apuntó, sobre todo el tema del fuero militar, los derechos humanos, la suspensión de garantías y muchos otros nudos sensibles, dentro y fuera del Ejército. Y sobre todo, que la reforma, no resuelve el tema del pasado, ni subsana la actuación del Ejército de los últimos años.
El Ejército y su nuevo marco legal merecen mayor atención e interés por parte de su Comandante Supremo, el Presidente de la República, y de todos los legisladores de todos los partidos. Es un tema muy delicado, para la viabilidad de la joven democracia mexicana.
Es muy grave, pero hay que reconocerlo: Calderón mandó al Ejército, a la guerra sin fusil...
Sabino Bastidas Colinas es analista político
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