Guillermo Knochenhauer
Hoy debería conmemorarse la promulgación de la Constitución que como su nombre lo indica, constituyó el orden jurídico y político de la nación para poner fin a la Revolución mexicana. En ese documento hay principios que el PAN, partido que surgió para oponerse a la aplicación cardenista de los mismos, quiere desaparecer incluso de la memoria histórica.
La separación de la Iglesia y el Estado y el carácter laico de éste es uno de ellos, contra el cual se ha desatado una agresiva campaña que ya involucra al Vaticano mismo. También son contrarios a la ideología conservadora principios constitucionales como los que acotan la propiedad de las riquezas del subsuelo y otros recursos naturales, los ideales de justicia fincados en sus causas sociales y no por razones morales y el de la no reelección.
Las intenciones de provocar el olvido de hechos históricos se disfrazan de pragmatismo, como la decisión de celebrar –que no conmemorar- tres sucesos de nuestro pasado el lunes anterior a la fecha correspondiente.
El efecto cívico de tales alteraciones es que se refuerza el desconocimiento que tiene la mayoría de la gente del significado de esos sucesos. Según encuesta reciente, la mayoría no sabe que un 5 de febrero se promulgó la Carta Magna, documento fundacional de lo que hemos sido durante generaciones como nación. Igual ha de ocurrir con el 21 de marzo, aniversario del natalicio de Juárez y con el 20 de noviembre, que a pesar de que este año se cumple un siglo del inicio de la Revolución, en el calendario oficial se registra el lunes 15 de ese mes como el día de descanso obligatorio.
La ignorancia colectiva de lo que somos y hemos hecho no sirve de nada cuando de cambiar se trata, anhelo muy válido ante la realidad que impera hoy en el país. Nuestra cotidianidad no corresponde a los ideales de la Constitución ni a ningún otro orden de valores y principios.
En ausencia de principios de significación nacional, vivimos una crisis de gobernabilidad en la que ni el Presidente ni el Congreso, ni la federación y los gobernadores comparten una agenda de asuntos mayores a sus propios intereses de grupo.
La ambición particular divide a las élites y cada quien actúa con absoluta impunidad: el gobierno no rinde cuentas, los partidos se disputan el poder por las prerrogativas que lo acompañan, no por principios programáticos que hacen a un lado con entera facilidad. Los bancos extranjeros y las telefónicas nos cobran a los usuarios mucho más que la media internacional sin que la autoridad los regule y controle.
El narcotráfico es otro poder que prospera en contra de la sociedad y de los intereses nacionales. Igual que a los otros, lo favorecen pactos ocultos con autoridades que les aseguran impunidad para operar y que ha llevado a la sociedad a temer la violencia como algo cada vez más cercano a nuestra cotidianidad.
La sensación es que vivimos una crisis de valores, de certidumbre, de seguridad pública y a final de cuentas, del Estado de derecho que se muestra incapaz de contener la amenaza de caos y violenta ingobernabilidad como la que ya se vive en cientos de municipios, en varias ciudades como Juárez y quizás en varios estados, como acusa el diputado Javier Corral que sucede en Chihuahua por complicidad del gobernador con el narcotráfico.
No es posible que México salga de este hoyo olvidando el pasado como proponen Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Camín (Nexos, diciembre 2009) ni negando la realidad de la impunidad y la violencia que han dejado de ser hechos aislados para convertirse en sintomáticos del país que hoy habitamos y que necesitamos cambiar.
Lo primero es tener claro un proyecto de la nación que queremos y podemos ser. Hoy ocupa la atención de la clase política la llamada reforma política, que en su más amplio significado implica cambiar el arreglo jurídico e institucional para administrar las relaciones de poder entre gobierno, congreso, gobernadores y munícipes.
Ciertamente, la derrota del presidencialismo sin oposición por la vía de las urnas, alteró la correlación de fuerzas al interior del Estado, lo cual hace necesario adecuar el orden institucional y jurídico a esa nueva realidad, también marcada por la pérdida de principios y la falta de rumbo.
Hasta ahora, sólo se han hecho reformas electorales. La que implica institucionalizar el ejercicio del poder y acabar con la impunidad con la que todos actúan, implica, más que reformas legislativas, un pacto fundacional como lo fue el que quedó plasmado en la Constitución de 1917. En casi cien años, no hemos vuelto a tener un acuerdo de tal envergadura que señale rumbo y levante el ánimo social.
knochenhauer@prodigy.net.mx
Hoy debería conmemorarse la promulgación de la Constitución que como su nombre lo indica, constituyó el orden jurídico y político de la nación para poner fin a la Revolución mexicana. En ese documento hay principios que el PAN, partido que surgió para oponerse a la aplicación cardenista de los mismos, quiere desaparecer incluso de la memoria histórica.
La separación de la Iglesia y el Estado y el carácter laico de éste es uno de ellos, contra el cual se ha desatado una agresiva campaña que ya involucra al Vaticano mismo. También son contrarios a la ideología conservadora principios constitucionales como los que acotan la propiedad de las riquezas del subsuelo y otros recursos naturales, los ideales de justicia fincados en sus causas sociales y no por razones morales y el de la no reelección.
Las intenciones de provocar el olvido de hechos históricos se disfrazan de pragmatismo, como la decisión de celebrar –que no conmemorar- tres sucesos de nuestro pasado el lunes anterior a la fecha correspondiente.
El efecto cívico de tales alteraciones es que se refuerza el desconocimiento que tiene la mayoría de la gente del significado de esos sucesos. Según encuesta reciente, la mayoría no sabe que un 5 de febrero se promulgó la Carta Magna, documento fundacional de lo que hemos sido durante generaciones como nación. Igual ha de ocurrir con el 21 de marzo, aniversario del natalicio de Juárez y con el 20 de noviembre, que a pesar de que este año se cumple un siglo del inicio de la Revolución, en el calendario oficial se registra el lunes 15 de ese mes como el día de descanso obligatorio.
La ignorancia colectiva de lo que somos y hemos hecho no sirve de nada cuando de cambiar se trata, anhelo muy válido ante la realidad que impera hoy en el país. Nuestra cotidianidad no corresponde a los ideales de la Constitución ni a ningún otro orden de valores y principios.
En ausencia de principios de significación nacional, vivimos una crisis de gobernabilidad en la que ni el Presidente ni el Congreso, ni la federación y los gobernadores comparten una agenda de asuntos mayores a sus propios intereses de grupo.
La ambición particular divide a las élites y cada quien actúa con absoluta impunidad: el gobierno no rinde cuentas, los partidos se disputan el poder por las prerrogativas que lo acompañan, no por principios programáticos que hacen a un lado con entera facilidad. Los bancos extranjeros y las telefónicas nos cobran a los usuarios mucho más que la media internacional sin que la autoridad los regule y controle.
El narcotráfico es otro poder que prospera en contra de la sociedad y de los intereses nacionales. Igual que a los otros, lo favorecen pactos ocultos con autoridades que les aseguran impunidad para operar y que ha llevado a la sociedad a temer la violencia como algo cada vez más cercano a nuestra cotidianidad.
La sensación es que vivimos una crisis de valores, de certidumbre, de seguridad pública y a final de cuentas, del Estado de derecho que se muestra incapaz de contener la amenaza de caos y violenta ingobernabilidad como la que ya se vive en cientos de municipios, en varias ciudades como Juárez y quizás en varios estados, como acusa el diputado Javier Corral que sucede en Chihuahua por complicidad del gobernador con el narcotráfico.
No es posible que México salga de este hoyo olvidando el pasado como proponen Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Camín (Nexos, diciembre 2009) ni negando la realidad de la impunidad y la violencia que han dejado de ser hechos aislados para convertirse en sintomáticos del país que hoy habitamos y que necesitamos cambiar.
Lo primero es tener claro un proyecto de la nación que queremos y podemos ser. Hoy ocupa la atención de la clase política la llamada reforma política, que en su más amplio significado implica cambiar el arreglo jurídico e institucional para administrar las relaciones de poder entre gobierno, congreso, gobernadores y munícipes.
Ciertamente, la derrota del presidencialismo sin oposición por la vía de las urnas, alteró la correlación de fuerzas al interior del Estado, lo cual hace necesario adecuar el orden institucional y jurídico a esa nueva realidad, también marcada por la pérdida de principios y la falta de rumbo.
Hasta ahora, sólo se han hecho reformas electorales. La que implica institucionalizar el ejercicio del poder y acabar con la impunidad con la que todos actúan, implica, más que reformas legislativas, un pacto fundacional como lo fue el que quedó plasmado en la Constitución de 1917. En casi cien años, no hemos vuelto a tener un acuerdo de tal envergadura que señale rumbo y levante el ánimo social.
knochenhauer@prodigy.net.mx
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