Se dieron recursos en 2008 para aplicar en el programa “Política de desarrollo sobre el cambio climático” y que fue contratado por el gobierno de México, no hay evidencia de que se haya destinado a ningún proyecto de inversión
Andrea Merlos y Juan Arvizu /El Universal
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) no encontró ningún registro de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) haya aplicado el préstamo por 500 millones de dólares que el Banco Mundial otorgó para programas diseñados contra el cambio climático.
Por ello, el máximo órgano fiscalizador en nuestro país solicitó a la Secretaría de Hacienda la reintegración a las arcas públicas de esos recursos.
En la revisión de la Cuenta Pública 2008, se detectó que sobre el préstamo concedido por el Banco Mundial para aplicar en el programa “Política de desarrollo sobre el cambio climático” y que fue contratado por el gobierno de México, no hay evidencia de que se haya destinado a ningún proyecto de inversión.
De los cientos de auditorías que aplica la ASF para verificar el uso de los recursos públicos federales, cumplimiento de metas y desempeño de los programas sociales o económicos, se realizan sólo 62 a asuntos de coyuntura.
La Auditoría revisó el 100% de los recursos contratados por el gobierno federal con el Banco Mundial por 500 millones de dólares, equivalentes a 6 mil 800 millones de pesos, que debieron ser aplicados en proyectos de la Semarnat.
Cuando el Banco Mundial entregó el crédito, los diputados federales de la pasada Legislatura lanzaron críticas a la conveniencia de éste y los espacios para su aplicación, ya que el destino de los recursos consignados en el contrato no se vinculaba con obras productivas.
La ASF concluyó que no hay documentos que comprueben en dónde quedaron los recursos, tampoco hay informes sobre los resultados esperados y mucho menos obtenidos.
“Los términos pactados en el contrato de préstamo no definen los tiempos en los que se realizarían las reuniones para intercambiar puntos de vista sobre los logros avanzados durante la realización del programa, ni para elaborar los informes sobre su implementación, situación que obstaculiza la programación y evaluación del cumplimiento de los objetivos y las metas del programa y de las acciones pactadas en el contrato”, detalla el órgano fiscalizador.
Andrea Merlos y Juan Arvizu /El Universal
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) no encontró ningún registro de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) haya aplicado el préstamo por 500 millones de dólares que el Banco Mundial otorgó para programas diseñados contra el cambio climático.
Por ello, el máximo órgano fiscalizador en nuestro país solicitó a la Secretaría de Hacienda la reintegración a las arcas públicas de esos recursos.
En la revisión de la Cuenta Pública 2008, se detectó que sobre el préstamo concedido por el Banco Mundial para aplicar en el programa “Política de desarrollo sobre el cambio climático” y que fue contratado por el gobierno de México, no hay evidencia de que se haya destinado a ningún proyecto de inversión.
De los cientos de auditorías que aplica la ASF para verificar el uso de los recursos públicos federales, cumplimiento de metas y desempeño de los programas sociales o económicos, se realizan sólo 62 a asuntos de coyuntura.
La Auditoría revisó el 100% de los recursos contratados por el gobierno federal con el Banco Mundial por 500 millones de dólares, equivalentes a 6 mil 800 millones de pesos, que debieron ser aplicados en proyectos de la Semarnat.
Cuando el Banco Mundial entregó el crédito, los diputados federales de la pasada Legislatura lanzaron críticas a la conveniencia de éste y los espacios para su aplicación, ya que el destino de los recursos consignados en el contrato no se vinculaba con obras productivas.
La ASF concluyó que no hay documentos que comprueben en dónde quedaron los recursos, tampoco hay informes sobre los resultados esperados y mucho menos obtenidos.
“Los términos pactados en el contrato de préstamo no definen los tiempos en los que se realizarían las reuniones para intercambiar puntos de vista sobre los logros avanzados durante la realización del programa, ni para elaborar los informes sobre su implementación, situación que obstaculiza la programación y evaluación del cumplimiento de los objetivos y las metas del programa y de las acciones pactadas en el contrato”, detalla el órgano fiscalizador.
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