Enrique del Val Blanco / El Universal
En una acción sin precedente y después de varios años de investigación, la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) determinó multar con 21.5 millones de pesos a varias empresas farmacéuticas, tanto nacionales como extranjeras, por haberse coludido para inflar artificialmente los precios y repartirse las licitaciones desarrolladas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para varios productos del cuadro básico de medicamentos del gobierno federal.
No estamos frente a un hecho aislado de este importante sector de la producción. En los medios de comunicación frecuentemente leemos acerca de las multas impuestas, sobre todo en Europa, donde las autoridades han encontrado colusión para acordar la fijación de precios.
Si en todas las ramas de la producción la corrupción es un hecho lamentable, la cometida por el sector farmacéutico es aún peor porque atenta contra la salud de los derechohabientes. Les importa un bledo su salud física y económica. Qué bueno que la Cofeco ha actuado y las ha sancionado. Aunque, como ya hemos leído, la cámara que las agrupa ha comenzado a defenderlas de inmediato, arguyendo elementos verdaderamente ridículos.
Habrá que estar atentos, pues es el inicio de una larga batalla legal, donde las compañías contratarán a los mejores abogados para encontrar el mínimo error de procedimiento y así echar abajo las sanciones. Esperemos que la comisión haya considerado todo esto.
Ahora bien, estas compañías le venden a diversas instituciones del sector público, por lo que habría que ahondar en las investigaciones. Ahora, la Secretaría de la Función Pública tiene la responsabilidad de hacer su trabajo y no dejar que estas situaciones sigan ocurriendo en detrimento de los mexicanos. Por lo pronto sería conveniente que se les suspendiera como proveedoras del gobierno, mientras se aclara la situación. Hay que pegarles en donde más les duele, que es en el bolsillo.
Seguramente todas las empresas involucradas, y quizás muchas otras que hacen lo mismo, se autodenominan “socialmente responsables”, pero no dicen que su objetivo es obtener el máximo lucro sin importar el daño que hacen. La Canifarma, en lugar de salir en bloque a defenderlas, debería poner las barbas a remojar e investigar qué tan “honorables y responsables” son sus afiliados.
Los gobiernos de todo el mundo están preocupados por las colusiones y los precios exagerados que cobran las empresas farmacéuticas. Ya hemos visto las artimañas de que se valen para evitar el vencimiento de sus patentes. La sociedad debe estar alerta y apoyar las acciones del Estado encaminadas a evitar esta exacción al erario público.
Al final, a pesar de que las multas queden firmes, habrán hecho un buen negocio ya que las utilidades rebasan por mucho el importe de éstas. Por tanto, la Cofeco y la Función Pública deben revisarlas permanentemente para, por lo menos, hacer cada día más costosa la corrupción del sector privado.
Analista político y economista
En una acción sin precedente y después de varios años de investigación, la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) determinó multar con 21.5 millones de pesos a varias empresas farmacéuticas, tanto nacionales como extranjeras, por haberse coludido para inflar artificialmente los precios y repartirse las licitaciones desarrolladas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para varios productos del cuadro básico de medicamentos del gobierno federal.
No estamos frente a un hecho aislado de este importante sector de la producción. En los medios de comunicación frecuentemente leemos acerca de las multas impuestas, sobre todo en Europa, donde las autoridades han encontrado colusión para acordar la fijación de precios.
Si en todas las ramas de la producción la corrupción es un hecho lamentable, la cometida por el sector farmacéutico es aún peor porque atenta contra la salud de los derechohabientes. Les importa un bledo su salud física y económica. Qué bueno que la Cofeco ha actuado y las ha sancionado. Aunque, como ya hemos leído, la cámara que las agrupa ha comenzado a defenderlas de inmediato, arguyendo elementos verdaderamente ridículos.
Habrá que estar atentos, pues es el inicio de una larga batalla legal, donde las compañías contratarán a los mejores abogados para encontrar el mínimo error de procedimiento y así echar abajo las sanciones. Esperemos que la comisión haya considerado todo esto.
Ahora bien, estas compañías le venden a diversas instituciones del sector público, por lo que habría que ahondar en las investigaciones. Ahora, la Secretaría de la Función Pública tiene la responsabilidad de hacer su trabajo y no dejar que estas situaciones sigan ocurriendo en detrimento de los mexicanos. Por lo pronto sería conveniente que se les suspendiera como proveedoras del gobierno, mientras se aclara la situación. Hay que pegarles en donde más les duele, que es en el bolsillo.
Seguramente todas las empresas involucradas, y quizás muchas otras que hacen lo mismo, se autodenominan “socialmente responsables”, pero no dicen que su objetivo es obtener el máximo lucro sin importar el daño que hacen. La Canifarma, en lugar de salir en bloque a defenderlas, debería poner las barbas a remojar e investigar qué tan “honorables y responsables” son sus afiliados.
Los gobiernos de todo el mundo están preocupados por las colusiones y los precios exagerados que cobran las empresas farmacéuticas. Ya hemos visto las artimañas de que se valen para evitar el vencimiento de sus patentes. La sociedad debe estar alerta y apoyar las acciones del Estado encaminadas a evitar esta exacción al erario público.
Al final, a pesar de que las multas queden firmes, habrán hecho un buen negocio ya que las utilidades rebasan por mucho el importe de éstas. Por tanto, la Cofeco y la Función Pública deben revisarlas permanentemente para, por lo menos, hacer cada día más costosa la corrupción del sector privado.
Analista político y economista
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