De acuerdo con información proporcionada por la trasnacional financiera estadunidense Citigroup –propietaria del segundo banco más importante de nuestro país, Banamex– el ex presidente de México, Ernesto Zedillo, se incorporará como miembro del consejo de administración de ese consorcio en abril próximo, durante la reunión anual de accionistas.
A primera vista, el nombramiento podría pasar como reconocimiento a la reputación de “economista experto” que el ex mandatario se ha forjado desde que, a su salida del cargo en diciembre del año 2000, se dedicó a moverse en distintos ámbitos empresariales, académicos y en organismos financieros, lo cual lo ha llevado a desempeñarse como funcionario de varias compañías trasnacionales, como Procter & Gamble, Alcoa y Union Pacific, algunas de las cuales se vieron ampliamente beneficiadas durante su mandato.
Esta supuesta virtud colisiona, sin embargo, con la impericia económica con que el egresado de la Universidad de Yale se condujo durante sus años en el poder. Debe recordarse, por principio de cuentas, la crisis en la que se vio sumido nuestro país días después de la llegada de Zedillo a la Presidencia de la República, en la que confluyeron por igual las maquinaciones inconfesables del gobierno de Carlos Salinas y la incompetencia económica de su sucesor, por más que el primero se empeñe en sostener –como ocurrió el pasado martes– que ese quebranto económico fue responsabilidad exclusiva del segundo. Pese al enorme costo que esta crisis arrojó en términos de pobreza y zozobra social, el gobierno zedillista optó por abandonar a su suerte a los estratos medios y bajos, y emprendió, en cambio, sendos procesos de “rescate” en favor de un puñado de empresarios.
En consonancia con la oleada privatizadora desatada durante el salinato, Zedillo impulsó y logró la aprobación de modificaciones legales que permitieron a firmas extranjeras –Citigroup, entre ellas– hacerse de la propiedad de los activos del sistema bancario en México. Al mismo tiempo, el flamante consejero de Citigroup socializó los pasivos de las empresas privatizadas en el sexenio anterior, y su gobierno alentó, diseñó y ejecutó, con el respaldo de legisladores priístas y panistas en el Congreso de la Unión, un “rescate bancario” que constituye el mayor atraco a las arcas públicas en la historia del país.
Si el desempeño de Zedillo en el ámbito económico deja mucho que desear, su papel en el terreno político lo vuelve, además, un personaje impresentable. Pese a que en el ámbito internacional el ex titular del Ejecutivo federal suele presentarse como el impulsor de la “transición democrática” en el país por no haber impedido el triunfo electoral de su sucesor, el panista Vicente Fox –lo cual, a fin de cuentas, no implicó más que el acatamiento de una obligación legal–, no puede soslayarse las facetas del Zedillo represor, el promotor de políticas contrainsurgentes en Chiapas y Guerrero, y el responsable político último de masacres como las de Aguas Blancas (1995), Acteal (1997) y El Charco (1998). Es decir, a partir de abril próximo, Citigroup contará con un consejero cuyo historial arrastra serias acusaciones que no han sido plenamente investigadas y esclarecidas.
Ante los elementos de juicio disponibles, la incorporación de Zedillo Ponce de León como alto ejecutivo del consorcio estadunidense se explica, ante todo, como un pago de facturas y un premio, así sea tardío, a la trayectoria de servidor de los intereses empresariales y financieros trasnacionales –a contrapelo del bienestar del país– que ostenta el ex mandatario.
Fuente: La Jornada
A primera vista, el nombramiento podría pasar como reconocimiento a la reputación de “economista experto” que el ex mandatario se ha forjado desde que, a su salida del cargo en diciembre del año 2000, se dedicó a moverse en distintos ámbitos empresariales, académicos y en organismos financieros, lo cual lo ha llevado a desempeñarse como funcionario de varias compañías trasnacionales, como Procter & Gamble, Alcoa y Union Pacific, algunas de las cuales se vieron ampliamente beneficiadas durante su mandato.
Esta supuesta virtud colisiona, sin embargo, con la impericia económica con que el egresado de la Universidad de Yale se condujo durante sus años en el poder. Debe recordarse, por principio de cuentas, la crisis en la que se vio sumido nuestro país días después de la llegada de Zedillo a la Presidencia de la República, en la que confluyeron por igual las maquinaciones inconfesables del gobierno de Carlos Salinas y la incompetencia económica de su sucesor, por más que el primero se empeñe en sostener –como ocurrió el pasado martes– que ese quebranto económico fue responsabilidad exclusiva del segundo. Pese al enorme costo que esta crisis arrojó en términos de pobreza y zozobra social, el gobierno zedillista optó por abandonar a su suerte a los estratos medios y bajos, y emprendió, en cambio, sendos procesos de “rescate” en favor de un puñado de empresarios.
En consonancia con la oleada privatizadora desatada durante el salinato, Zedillo impulsó y logró la aprobación de modificaciones legales que permitieron a firmas extranjeras –Citigroup, entre ellas– hacerse de la propiedad de los activos del sistema bancario en México. Al mismo tiempo, el flamante consejero de Citigroup socializó los pasivos de las empresas privatizadas en el sexenio anterior, y su gobierno alentó, diseñó y ejecutó, con el respaldo de legisladores priístas y panistas en el Congreso de la Unión, un “rescate bancario” que constituye el mayor atraco a las arcas públicas en la historia del país.
Si el desempeño de Zedillo en el ámbito económico deja mucho que desear, su papel en el terreno político lo vuelve, además, un personaje impresentable. Pese a que en el ámbito internacional el ex titular del Ejecutivo federal suele presentarse como el impulsor de la “transición democrática” en el país por no haber impedido el triunfo electoral de su sucesor, el panista Vicente Fox –lo cual, a fin de cuentas, no implicó más que el acatamiento de una obligación legal–, no puede soslayarse las facetas del Zedillo represor, el promotor de políticas contrainsurgentes en Chiapas y Guerrero, y el responsable político último de masacres como las de Aguas Blancas (1995), Acteal (1997) y El Charco (1998). Es decir, a partir de abril próximo, Citigroup contará con un consejero cuyo historial arrastra serias acusaciones que no han sido plenamente investigadas y esclarecidas.
Ante los elementos de juicio disponibles, la incorporación de Zedillo Ponce de León como alto ejecutivo del consorcio estadunidense se explica, ante todo, como un pago de facturas y un premio, así sea tardío, a la trayectoria de servidor de los intereses empresariales y financieros trasnacionales –a contrapelo del bienestar del país– que ostenta el ex mandatario.
Fuente: La Jornada
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