Los socios del euro llegan a un acuerdo político
que se firmará el próximo día 20
Antes de final de julio llegarán los primeros
30.000 millones para los bancos
La eurozona exige fuertes condiciones financieras y
fiscales, que incluyen la subida del IVA
Habrá misiones de la troika en Madrid cada tres
meses
Claudi Pérez Bruselas
/ El País
Los
socios de la eurozona han firmado en la madrugada del lunes un acuerdo de
enorme trascendencia que marcará la política y la economía española de los
próximos años. Los países del euro han dado el visto bueno al rescate financiero (30.000 millones de euros para
empezar, antes de finales de julio) y han otorgado un año más a Madrid para
cumplir el déficit, a cambio de rigurosas condiciones fiscales, bancarias y de
supervisión. Es decir, una intervención con todas las de la ley, si bien de
menor intensidad que la de los tres países rescatados hasta ahora: Grecia,
Portugal e Irlanda.
La troika
(la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional)
enviará misiones a España cada tres meses, y asume de facto poderes sobre la
supervisión financiera de la banca. Los socios europeos impondrán profundos
cambios en todo el sector financiero. Y como colofón Bruselas exige de inmediato “nuevas medidas fiscales” al Gobierno para garantizar que
España cumple sus metas de déficit. El Ejecutivo se adelantó por la mañana a
esas exigencias y anunció que, en contra de sus promesas electorales, subirá el IVA el próximo viernes. Pero el vicepresidente Olli
Rehn no ha descartado otras medidas, como recortes en las pensiones o en el
subsidio de desempleo. El ministro francés Pierre Moscovici ha explicado que el
propio Ejecutivo español sugirió en la reunión modificaciones en políticas muy
delicadas, como la relativa a las pensiones.
Bruselas exige un ratio de capital muy exigente,
del 9%, para todos los bancos, que podría ahogar aún más el crédito y la
recuperación
Con
misiones cada vez más frecuentes en Madrid, Bruselas reclamando más y más
ajustes y los bancos totalmente dependientes de la liquidez del BCE, ya hace meses
que la economía española era objeto de una intervención blanda desde Fráncfort
y Bruselas. La regla de oro introducida en la Constitución es tal vez la prueba
más palpable de esa situación. Pero las medidas anunciadas anoche vienen a
atornillar tanto las exigencias como el control y la supervisión, tanto por el
lado de la política fiscal —y de las comunidades autónomas— como por el de los
bancos, principales protagonistas de la crisis española tras el sonoro reventón
de la burbuja inmobiliaria.
El acuerdo
en el Eurogrupo —la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona,
que se prolongó más de nueve horas— se formalizará el próximo 20 de julio. Y
antes de fin de mes llegará el primer tramo del rescate a la banca, de 30.000
millones de euros, para cubrir las necesidades más urgentes: las de Bankia, por
ejemplo. Esa ayuda es en realidad un préstamo al FROB, el fondo de rescate del
Estado —y por tanto computa como deuda, al menos mientras no esté lista la
recapitalización directa de bancos—, a un interés que podría estar en torno al
4%, con un plazo de vencimiento medio de 12,5 años, que en el mejor de los
casos será de 15 años. Eso está en la banda baja de la petición del Ejecutivo
español, que no ha podido evitar que, entre las condiciones, los socios
europeos impongan pérdidas a productos financieros como las participaciones
preferentes, algo que el ministro Luis de Guindos descartó hace apenas unos
días. Además de las condiciones para las entidades que pidan ayudas (política
de bonus y dividendos cero, venta de activos y de oficinas, despidos e incluso
liquidaciones de bancos si es necesario), Bruselas exige condiciones
horizontales a todo el sector: un ratio de capital muy exigente, del 9%, para
todos los bancos, que podría ahogar aún más el crédito y la recuperación. Y
reclama “reformar el marco reglamentario y supervisor”, con el BCE sobrevolando
por encima del muy criticado –por el propio Gobierno— Banco de España.
Nada es
gratis, pero tampoco todo son condiciones. La Comisión propondrá el martes al
Ecofin ampliar un año el objetivo del déficit del 3% del PIB, y flexibiliza la
meta de déficit para este año, que se sitúa en el 6,3% del PIB, por la profundidad
de la recesión española, que ha diezmado notablemente los ingresos públicos. La anunciada subida del IVA —junto con medidas como el
aumento de las horas de trabajo de los funcionarios, anunciadas el lunes por el
ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro— viene a apuntalar los ingresos para
cumplir ese objetivo. Pero eso puede ser contraproducente: una subida de
impuestos sobre el consumo, como se encargó de criticar el presidente del BCE,
Mario Draghi, vendrá a reducir aún más la ya débil demanda. Más recortes en
plena recesión: se avecina así una recesión profunda y duradera, que en el
mejor de los casos se prolongará hasta bien entrado el año próximo. Entre las
condiciones fiscales está también la presentación de un plan presupuestario
bianual –que deberá estar listo este mismo mes— y medidas encaminadas a
“reequilibrar las cuentas de las comunidades autónomas”, según explicó Rehn.
“La situación es compleja, pero viable”, dijo el vicepresidente, que alabó la
“colaboración” de las autoridades españolas y los esfuerzos realizados para
estabilizar la precaria situación de la economía.
El
Eurogrupo dio también pasos hacia la recapitalización directa de los bancos
aprobada en la última cumbre, pese a que para ello la UE debe acelerar para
tener un supervisor común antes de finales de año. Esos plazos son aún muy,
pero que muy difusos, lo que ha provocado el escepticismo —por decirlo
suavemente— de los mercados. Los líderes europeos, al menos, despejaron una de
las dudas que en las últimas horas ha planeado sobre la gestión de la crisis de
la UE: una fuente europea aseguró a finales de la semana pasada que cuando esté
listo el mecanismo para recapitalizar directamente los bancos (y eliminar así
de un plumazo, en el caso español, el volumen de deuda pública necesario para
cometer el rescate de las entidades), las garantías en caso de pérdidas
seguirían siendo responsabilidad de los Gobiernos. De esa manera, se eliminaría
la deuda del balance del Estado, pero no el riesgo de tener que hacer frente a
pérdidas. Anoche, los líderes europeos dijeron exactamente lo contrario: “No
habrá requerimientos de garantías para los Gobiernos”, aseguraron tanto Rehn
como el director gerente del fondo de rescate, Thomas Regling.
Junto con
el alud de condiciones para el sistema financiero y para la política fiscal,
varias puertas se cerraron anoche para España. El luxemburgués Yves Mersch será
consejero ejecutivo del BCE, en detrimento del candidato presentado por el
Gobierno español. Y el
alemán Regling presidirá el mecanismo permanente de rescate, pese a que España
optaba también a ese puesto. Cero de dos: la presencia de españoles en las
instituciones europeas sufre así un serio revés. Se rompe un acuerdo tácito que
daba a España un sillón en el órgano más influyente para la gestión de la
crisis europea: el BCE, donde la cuarta economía de la eurozona no volverá a
tener un representante al menos en los próximos seis años. Todo eso en medio de
una recesión que empeora, con la prima de riesgo por las nubes, con el paro en
torno al 25%, con la necesidad de aprobar a toda prisa nuevos recortes para
cumplir las recomendaciones de la Comisión, convertidas ahora en exigencias.
Con la credibilidad institucional de España “bajo mínimos”, según fuentes
diplomáticas. Y con las misiones de la troika entrando por la puerta del Banco
de España y del Ministerio de Economía cada tres meses.
No hay comentarios:
Publicar un comentario