Por poderosos motivos de salud pública
es necesario hacer un acuerdo que traduzca en ley sanciones ejemplares a
las formas de coacción a los votantes que los partidos políticos siguen
utilizando en sus procesos internos y en las elecciones
constitucionales. Este paso es, con toda certeza, esencial para depurar
el aire enrarecido de los conflictos postelectorales: dar seguridad de
que existe voluntad política compartida para eliminar prácticas
violatorias de la libertad de votar.
Pero a menos que los procedimientos
interpuestos ante las autoridades electorales conduzcan a modificar el
panorama arrojado por las cifras finales del cómputo electoral,
tendremos en los próximos tres y seis años la conformación de
autoridades arrojada por ese cómputo. Muchas lecciones están a la vista.
La primera es que los electores votaron de tal modo que ningún partido
alcanzó mayoría. Otra es que se mantiene, robustecido, un pluralismo que
reclama la atención que merece y que no le han “concedido” ninguno de
los partidos políticos en el juego de la alternancia. Otra más,
probablemente la más importante, que la democracia empieza a ser
cuestionada, atacada inclusive, echando la culpa a ese sistema de
gobierno de lo que no hemos podido hacer los políticos y ciudadanos
mexicanos realmente existentes.
¿Qué tenemos? Una historia de reformas
políticas a medias, una Presidencia hipertrofiada y descompuesta, un
equilibrio de poderes que en vez de servir de contrapeso paraliza y
ofrece una ventana enorme para los grandes oportunistas, sean poderes
económicos o políticos; un federalismo que permite a los estados ser
feudos y terrenos de puja sin control desde la federación, municipios
sin poder para organizar la vida común en poblados y ciudades, una
ciudadanía heterogénea cuyos sectores más conscientes e instruidos no
tienen la suficiente influencia sobre los demás ni sobre el conjunto de
la política, un sistema de partidos que se ha aislado de la ciudadanía y
se ha sumido en juegos de poder por el poder. Se corona el panorama con
el diálogo de sordos en el que la intolerancia es el principio que
antecede al “diálogo” y al intercambio que se convierten, así, en
estridencia sin rumbo.
No todo es oscuro: tenemos una autoridad
electoral administrativa confiable y altamente competente pero que
contrasta como el día con la noche con sus “pares” de casi todas las
entidades federativas.
No ha sido posible en 12 años sacar
adelante los acuerdos políticos y legislativos que el país necesita:
hacienda pública, energía, educación, comunicaciones, trabajo, seguridad
social. Sin duda ha sido un factor la falta de voluntad. Pero también y
sobre todo las reglas que definen al régimen de gobierno, que no
establecen en la medida necesaria responsabilidades, plazos perentorios,
estándares de calidad y obligaciones sancionables a los agentes con la
responsabilidad de hacerlo. Es como haber salido del paternalismo de un
sistema hegemónico para entrar en una infancia sin fin en la que priva
la irresponsabilidad y las mentalidades dedicadas al beneficio
inmediato. Ningún actor ha podido introducir el sentido de la
responsabilidad ante el país ni una agenda coherente para remontar el
rezago.
Se acusa al pluralismo de no arrojar
mayorías, pero se descuida lo más importante: que hay que procurar la
mayor concurrencia posible en las decisiones, no de encontrar la
solución óptima para tal o cual actor, sino la más representativa. No es
razonable gobernar con una minoría (la mayor) que se imponga a las
otras, que juntas son mayoría. Eso sería consagrar un sistema de
perdedores mayoritarios impropio de la democracia madura a la que
aspiramos.
De ahí que el problema siga activo: ¿se
trata de un asunto de voluntades o de sistema? Desde Maquiavelo, la
teoría política mantiene una idea básica: los hombres crean el orden,
pero de éste depende cómo actúan los hombres. Sin “órdenes” no hay
“virtud” y sin ésta sólo puede convocar al infortunio. De ahí que
revisar con sensatez el orden heredado es el paso más indicado y
razonable para abrir el camino al “orden nuevo” cuya manifestación
germinal es el pluralismo que el país ha prohijado desde su voluntad de
gobernarse democráticamente.
Es urgente atacar dos temas desde ahora:
construir convergencias para la agenda legislativa, buscando los
acuerdos de mediano y largo plazo que en materia política reclaman los
actores, y fijar públicamente esa agenda. Junto a la conclusión de la
sanción judicial al proceso electoral, cualquiera que ésta sea,
establecer una agenda incluyente es el paso prioritario. Me atrevo a
afirmar que de eso depende el crecimiento de cada una de las fuerzas
políticas en nuestro país hacia el 2015.
@pacovaldesu
Director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) sede México
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