Jesusa Cervantes / Proceso
A una semana de que el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora anunció que la Procuraduría General de la República (PGR) solicitaría el desafuero de Julio César Godoy Toscano por el conocido “michoacanazo”, el gobierno de Felipe Calderón cumplió su amenaza.
Esta tarde la PGR entregó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la solicitud para despojar de su fuero al hermano del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, que apenas protestó como el diputado número 500 el pasado 23 de septiembre.
Hace una semana, se detalló en este espacio la forma en que el expediente del aún legislador “viajó” por gran parte del país, debido a que diversos jueces primero otorgaban amparos a Godoy Toscano y, segundo, porque otros jueces negaban al gobierno de Calderón la entrega de una nueva orden de aprehensión contra Julio César.
Después de tanto andar con el expediente, finalmente a la PGR “llegó” una denuncia anónima el 27 de agosto de 2010, donde involucraba al diputado de tener nexos con el narcotráfico. Recordemos que esta “denuncia anónima” apareció en las oficinas judiciales justo dos días después de que un Tribunal Colegiado había exonerado en definitiva a Godoy Toscano de la acusación de junio de 2009. Esto quiere decir que la orden de aprensión es nueva y por otros delitos distintos a los de 2009, que motivaron la persecución del legislador durante un año.
De nuevo hacemos la referencia sólo para ilustrar cómo, al tropezar las pretensiones de Calderón con resoluciones en su contra, recurre a la estrategia mediática, prepara el terreno y luego asesta el golpe.
El jueves 30 de septiembre, a una semana de que el PRD en la Cámara de Diputados y Godoy Toscano pusieron en ridículo a la Policía Federal de la Secretaría de Seguridad Pública, el gobierno de Calderón emprendió una acción mediática: convocó la PGR a conferencia de prensa para anunciar que denunciaría ante la Judicatura Federal al juez que amparó a Godoy para que se le restituyeran sus derechos política y así tomar protesta como diputado federal.
El anuncio lo pudo haber hecho mediante un comunicado, pero el gobierno calderonista prefirió que se convocara a la prensa y exponer nuevamente al diputado ante los medios.
Ese mismo jueves, de gira por Michoacán, Calderón dijo que es el estado donde el crimen organizado a crecido con mayor celeridad. De hecho, ahí fue donde Calderón arrancó “su guerra” contra el narcotráfico, luego de que elementos del Ejército fueron emboscados por un grupo delictivo.
Así, mientras Calderón ubicaba a Michoacán como una de las entidades más peligrosas para vivir, pues ahí es donde esta asentado el crimen organizado y crece con mayor rapidez la delincuencia, por otro, el procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, anunciaba una demanda contra un juez de ese mismo estado, que había concedido el amparo a un diputado michoacano, por cierto, hermano del gobernador de esa entidad.
Así, de un día para otro, Michoacán se convirtió en la entidad que acaparó los reflectores, incluso más que la peligrosa Chihuahua. Luego, vino el golpe de la PGR, solicitar el juicio de desafuero para juzgar a Godoy Toscano.
Todo esto se da en medio de un proceso electoral que arrancará próximamente y culminará el año que entra con la elección del nuevo gobernador en Michoacán, entidad de la que es originaria la familia Calderón y estado que pretendió gobernar Felipe Calderón y perdió de manera rotunda, pues ni sus paisanos lo quieren como gobernante; una entidad que hoy pretende gobernar la hermana “del Presidente de la República”, de un país en donde “al Presidente” nunca se le dice que no cuando algo quiere.
Quizá por todo esto es que el PRD asegura que el desafuero de Godoy Toscano, más que un asunto jurídico, es un tema político.
Así lo sostiene el propio inculpado y así lo hace parecer el cúmulo de errores que diversos jueces le han ido marcando al gobierno de Calderón, cuando a un año de que encarceló a 35 servidores públicos, no ha podido sostener la acusación en su contra, por lo que 34 ya están libres y exonerados.
La semana pasada se dijo en este espacio que no se pretende defender o culpar a Godoy Toscano, pues los medios de información no son jueces; únicamente indagan asuntos de interés nacional, de abusos, corrupción y todo aquello en donde quienes ostentan el poder abusan de él. Esto se reitera.
Pero quienes sí afirman que todo esto tiene que ver con el proceso electoral de Michoacán y el capricho de la hermana del Presidente de la República, es el PRD.
Tan convencidos están de ello que Jesús Zambrano, uno de los integrantes más respetados al interior del PRD, exigió a Calderón “que cese la persecución política”.
Incluso, a través de un comunicado, le pidió que “no confunda sus filias familiares muy entendibles por el afecto hacia su hermana Luisa María, con su función de Estado, con su alta responsabilidad a la que está obligado frente a todos los mexicanos”.
Sea persecución política, jurídica, de seguridad pública, o cómo le quieran llamar, lo cierto es que el “michoacanazo” no esta cerrado, no sólo por el ridículo en que han quedado la PGR y la SSP, sino también porque, todo parece indicar que el tema va unido a la elección del próximo gobernador.
Para Calderón, Michoacán es una espina política que trae clavada desde hace varios años, y parece que su hermana pretende sacarla para reivindicar en las próximas elecciones el desaire que los michoacanos hicieron a la familia calderón.
A una semana de que el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora anunció que la Procuraduría General de la República (PGR) solicitaría el desafuero de Julio César Godoy Toscano por el conocido “michoacanazo”, el gobierno de Felipe Calderón cumplió su amenaza.
Esta tarde la PGR entregó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la solicitud para despojar de su fuero al hermano del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, que apenas protestó como el diputado número 500 el pasado 23 de septiembre.
Hace una semana, se detalló en este espacio la forma en que el expediente del aún legislador “viajó” por gran parte del país, debido a que diversos jueces primero otorgaban amparos a Godoy Toscano y, segundo, porque otros jueces negaban al gobierno de Calderón la entrega de una nueva orden de aprehensión contra Julio César.
Después de tanto andar con el expediente, finalmente a la PGR “llegó” una denuncia anónima el 27 de agosto de 2010, donde involucraba al diputado de tener nexos con el narcotráfico. Recordemos que esta “denuncia anónima” apareció en las oficinas judiciales justo dos días después de que un Tribunal Colegiado había exonerado en definitiva a Godoy Toscano de la acusación de junio de 2009. Esto quiere decir que la orden de aprensión es nueva y por otros delitos distintos a los de 2009, que motivaron la persecución del legislador durante un año.
De nuevo hacemos la referencia sólo para ilustrar cómo, al tropezar las pretensiones de Calderón con resoluciones en su contra, recurre a la estrategia mediática, prepara el terreno y luego asesta el golpe.
El jueves 30 de septiembre, a una semana de que el PRD en la Cámara de Diputados y Godoy Toscano pusieron en ridículo a la Policía Federal de la Secretaría de Seguridad Pública, el gobierno de Calderón emprendió una acción mediática: convocó la PGR a conferencia de prensa para anunciar que denunciaría ante la Judicatura Federal al juez que amparó a Godoy para que se le restituyeran sus derechos política y así tomar protesta como diputado federal.
El anuncio lo pudo haber hecho mediante un comunicado, pero el gobierno calderonista prefirió que se convocara a la prensa y exponer nuevamente al diputado ante los medios.
Ese mismo jueves, de gira por Michoacán, Calderón dijo que es el estado donde el crimen organizado a crecido con mayor celeridad. De hecho, ahí fue donde Calderón arrancó “su guerra” contra el narcotráfico, luego de que elementos del Ejército fueron emboscados por un grupo delictivo.
Así, mientras Calderón ubicaba a Michoacán como una de las entidades más peligrosas para vivir, pues ahí es donde esta asentado el crimen organizado y crece con mayor rapidez la delincuencia, por otro, el procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, anunciaba una demanda contra un juez de ese mismo estado, que había concedido el amparo a un diputado michoacano, por cierto, hermano del gobernador de esa entidad.
Así, de un día para otro, Michoacán se convirtió en la entidad que acaparó los reflectores, incluso más que la peligrosa Chihuahua. Luego, vino el golpe de la PGR, solicitar el juicio de desafuero para juzgar a Godoy Toscano.
Todo esto se da en medio de un proceso electoral que arrancará próximamente y culminará el año que entra con la elección del nuevo gobernador en Michoacán, entidad de la que es originaria la familia Calderón y estado que pretendió gobernar Felipe Calderón y perdió de manera rotunda, pues ni sus paisanos lo quieren como gobernante; una entidad que hoy pretende gobernar la hermana “del Presidente de la República”, de un país en donde “al Presidente” nunca se le dice que no cuando algo quiere.
Quizá por todo esto es que el PRD asegura que el desafuero de Godoy Toscano, más que un asunto jurídico, es un tema político.
Así lo sostiene el propio inculpado y así lo hace parecer el cúmulo de errores que diversos jueces le han ido marcando al gobierno de Calderón, cuando a un año de que encarceló a 35 servidores públicos, no ha podido sostener la acusación en su contra, por lo que 34 ya están libres y exonerados.
La semana pasada se dijo en este espacio que no se pretende defender o culpar a Godoy Toscano, pues los medios de información no son jueces; únicamente indagan asuntos de interés nacional, de abusos, corrupción y todo aquello en donde quienes ostentan el poder abusan de él. Esto se reitera.
Pero quienes sí afirman que todo esto tiene que ver con el proceso electoral de Michoacán y el capricho de la hermana del Presidente de la República, es el PRD.
Tan convencidos están de ello que Jesús Zambrano, uno de los integrantes más respetados al interior del PRD, exigió a Calderón “que cese la persecución política”.
Incluso, a través de un comunicado, le pidió que “no confunda sus filias familiares muy entendibles por el afecto hacia su hermana Luisa María, con su función de Estado, con su alta responsabilidad a la que está obligado frente a todos los mexicanos”.
Sea persecución política, jurídica, de seguridad pública, o cómo le quieran llamar, lo cierto es que el “michoacanazo” no esta cerrado, no sólo por el ridículo en que han quedado la PGR y la SSP, sino también porque, todo parece indicar que el tema va unido a la elección del próximo gobernador.
Para Calderón, Michoacán es una espina política que trae clavada desde hace varios años, y parece que su hermana pretende sacarla para reivindicar en las próximas elecciones el desaire que los michoacanos hicieron a la familia calderón.
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