Alejandra Cullen / El Universal
Dice Ebrard que “México está extraviado”. Tiene razón. México olvidó que el objetivo último del Estado es atender y defender al individuo. Sustituyó la atención a los mexicanos por la persecución a los narcos; el desarrollo nacional por el de las grandes corporaciones; la formación de un sueño por la aspiración a emigrar.
La guerra, aunada a las deficiencias del sistema político, aturdió a las autoridades de todos los ordenes de gobierno. El presupuesto público se destina a pagar burocracia y financiar la guerra. Su poder se concentra en atrapar narcos y margina la procuración de justicia para el ciudadano. No se atiende la calidad y flexibilidad de la educación, ni se promueve el desarrollo de barrios dignos y ordenados. No se previene el consumo de droga ni la entrada de jóvenes al narco. Se subestima el impacto de la corrupción porque, dicen, no afecta a la inversión. México no construye un futuro, administra un presente.
La prueba más contundente del extravío nacional es el llamado de las autoridades a la ciudadanía a quedarse en casa. Olvidan gobernadores y alcaldes que seguridad es compartir la vida pública. La vida comunitaria es el antídoto de la violencia. Tendrían que retomar las calles y regenerar las colonias abandonadas. No se trata de hacer un concierto en el Zócalo y volver al caparazón. Se debe recuperar todo espacio público con la activa participación de los vecinos. Después de la matanza de Villas de Salvárcar, los vecinos hicieron una kermesse para financiar su biblioteca. Descubrieron que estar juntos en la calle les quitaba el miedo. En Iztapalapa, con la rehabilitación de la colonia Palmitas, sus habitantes entendieron que no necesitaban ser ricos para vivir en una colonia digna. Esto cambia radicalmente la actitud de la población. Empiezan a cuidarse y a cuidar su entorno.
Vaciar las calles no evita las masacres y tiene efectos sociales y económicos devastadores. Encerrar a las familias aumenta la violencia doméstica (que poco se atiende) y genera niños y jóvenes más frustrados y enojados. Aísla a los individuos y los hace temerosos. Anular la vida pública desparece, además, a la micro y pequeña empresa, principal fuente de empleo urbano, aunque nos presuman los 700,000 empleos formales de este año.
En México, salvo honrosas excepciones como el DF, no priorizan la vida barrial y la interacción social. No promueven el derecho a vivir en comunidades dignas independientemente de la pobreza.
Desarrollar colonias populares habitables requiere pocos recursos y mucha imaginación, humildad y acercamiento con la gente. Depende más de la capacidad de escuchar y de respetar la voluntad local que de conseguir millones de pesos. Recuperar la dignidad es posible si se abandona la rigidez mental e institucional.
Los apoyos monetarios focalizados tienen efectos marginales en este sentido, porque la pobreza no es sinónimo de violencia. La violencia viene de la frustración y la falta de oportunidades. La sociedad mexicana está iracunda. No halla la manera de romper los cercos institucionales y sociales que impiden su desarrollo.
El crimen organizado se volvió la herramienta perfecta para poner en jaque al Estado completo. Con todo el odio y la frustración acumulados, jóvenes y adultos pelean igual por cargamentos de droga que por desear a la mujer ajena. Perdieron la proporción entre matar a uno y matar a quince. Buscan que sea su ley la que domine porque el Estado mexicano no les da opción. Es la lucha de poder a poder. Es el reflejo de una sociedad desigual que dejó de cuidar al vecino porque le quitaron el tiempo y el espacio para hacerlo.
Mientras tanto, los gobernantes se esconden en las leyes para evitar revisar a fondo el modelo de desarrollo. Pelean reformas que no se pueden instrumentar. Chihuahua establece cadena perpetua y no altera su capacidad para atrapar delincuentes. Promueven la desaparición del fuero militar, sin reconocer que las autoridades civiles están desbordadas.
México no tiene capacidad institucional para aplicar sus leyes. Cada reforma refleja una utopía individual, y nos distancia de la construcción de un sueño colectivo. Debemos redefinir prioridades y un rumbo para atender la crisis de odio y frustración que nos permea. Hay que escuchar a la sociedad y transformar manzana por manzana, colonia por colonia. No se debe subestimar la capacidad de los ciudadanos para generar cambios, sino aprovecharla. Reconstruir comunidades no toma tres generaciones, ni requiere tantos recursos. Políticas sociales acertadas que incluyan a los beneficiarios, genera cambios rápidos, construyen oportunidades y abren canales para el odio y la frustración desbordados. Sólo hay que escuchar humildemente a las comunidades para entenderlas y luego atenderlas.
Dice Ebrard que “México está extraviado”. Tiene razón. México olvidó que el objetivo último del Estado es atender y defender al individuo. Sustituyó la atención a los mexicanos por la persecución a los narcos; el desarrollo nacional por el de las grandes corporaciones; la formación de un sueño por la aspiración a emigrar.
La guerra, aunada a las deficiencias del sistema político, aturdió a las autoridades de todos los ordenes de gobierno. El presupuesto público se destina a pagar burocracia y financiar la guerra. Su poder se concentra en atrapar narcos y margina la procuración de justicia para el ciudadano. No se atiende la calidad y flexibilidad de la educación, ni se promueve el desarrollo de barrios dignos y ordenados. No se previene el consumo de droga ni la entrada de jóvenes al narco. Se subestima el impacto de la corrupción porque, dicen, no afecta a la inversión. México no construye un futuro, administra un presente.
La prueba más contundente del extravío nacional es el llamado de las autoridades a la ciudadanía a quedarse en casa. Olvidan gobernadores y alcaldes que seguridad es compartir la vida pública. La vida comunitaria es el antídoto de la violencia. Tendrían que retomar las calles y regenerar las colonias abandonadas. No se trata de hacer un concierto en el Zócalo y volver al caparazón. Se debe recuperar todo espacio público con la activa participación de los vecinos. Después de la matanza de Villas de Salvárcar, los vecinos hicieron una kermesse para financiar su biblioteca. Descubrieron que estar juntos en la calle les quitaba el miedo. En Iztapalapa, con la rehabilitación de la colonia Palmitas, sus habitantes entendieron que no necesitaban ser ricos para vivir en una colonia digna. Esto cambia radicalmente la actitud de la población. Empiezan a cuidarse y a cuidar su entorno.
Vaciar las calles no evita las masacres y tiene efectos sociales y económicos devastadores. Encerrar a las familias aumenta la violencia doméstica (que poco se atiende) y genera niños y jóvenes más frustrados y enojados. Aísla a los individuos y los hace temerosos. Anular la vida pública desparece, además, a la micro y pequeña empresa, principal fuente de empleo urbano, aunque nos presuman los 700,000 empleos formales de este año.
En México, salvo honrosas excepciones como el DF, no priorizan la vida barrial y la interacción social. No promueven el derecho a vivir en comunidades dignas independientemente de la pobreza.
Desarrollar colonias populares habitables requiere pocos recursos y mucha imaginación, humildad y acercamiento con la gente. Depende más de la capacidad de escuchar y de respetar la voluntad local que de conseguir millones de pesos. Recuperar la dignidad es posible si se abandona la rigidez mental e institucional.
Los apoyos monetarios focalizados tienen efectos marginales en este sentido, porque la pobreza no es sinónimo de violencia. La violencia viene de la frustración y la falta de oportunidades. La sociedad mexicana está iracunda. No halla la manera de romper los cercos institucionales y sociales que impiden su desarrollo.
El crimen organizado se volvió la herramienta perfecta para poner en jaque al Estado completo. Con todo el odio y la frustración acumulados, jóvenes y adultos pelean igual por cargamentos de droga que por desear a la mujer ajena. Perdieron la proporción entre matar a uno y matar a quince. Buscan que sea su ley la que domine porque el Estado mexicano no les da opción. Es la lucha de poder a poder. Es el reflejo de una sociedad desigual que dejó de cuidar al vecino porque le quitaron el tiempo y el espacio para hacerlo.
Mientras tanto, los gobernantes se esconden en las leyes para evitar revisar a fondo el modelo de desarrollo. Pelean reformas que no se pueden instrumentar. Chihuahua establece cadena perpetua y no altera su capacidad para atrapar delincuentes. Promueven la desaparición del fuero militar, sin reconocer que las autoridades civiles están desbordadas.
México no tiene capacidad institucional para aplicar sus leyes. Cada reforma refleja una utopía individual, y nos distancia de la construcción de un sueño colectivo. Debemos redefinir prioridades y un rumbo para atender la crisis de odio y frustración que nos permea. Hay que escuchar a la sociedad y transformar manzana por manzana, colonia por colonia. No se debe subestimar la capacidad de los ciudadanos para generar cambios, sino aprovecharla. Reconstruir comunidades no toma tres generaciones, ni requiere tantos recursos. Políticas sociales acertadas que incluyan a los beneficiarios, genera cambios rápidos, construyen oportunidades y abren canales para el odio y la frustración desbordados. Sólo hay que escuchar humildemente a las comunidades para entenderlas y luego atenderlas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario